La Habana, Cuba. La reforma migratoria en Estados Unidos es un conflicto político entre lo prometido, lo posible, lo deseable y lo conveniente, reto que enfrentan ahora los demócratas cuando aún controlan el Congreso en Estados Unidos.

Este 6 de noviembre se cumplen 35 años de la promulgación por el republicano Ronald Reagan de la amnistía de 1986, que legalizó a unos 3 millones de personas, pero posteriores esfuerzos de administraciones de ambas tendencias no fructificaron.

Ni los expresidentes George W Bush (republicano) y Barack Obama (demócrata) alcanzaron ese objetivo cuando tuvieron un fuerte apoyo en el Congreso, algo que no se concretó en una reforma, en especial por presiones de los sectores más conservadores que insistieron en incluir fuertes –y a veces inhumanas– medidas de seguridad en la frontera sur.

El expresidente Donald Trump poco hizo en esa dirección a no ser el inicio de la construcción de un muro y el impulso de medidas xenófobas contra los que pretendían entrar al país, a quienes lanzó calificativos de terroristas, ladrones y drogadictos, entre otros epítetos.

Ahora, con Joseph Biden en el poder, una de sus primeras acciones fue adelantar un plan de reforma migratoria, que entre otras cosas fijaba un camino hacia la obtención de la ciudadanía para millones de personas llegadas al país antes de 2011, pero, en la práctica, todo se quedó en promesas.

Los grupos proinmigrantes presionan para que cumpla su palabra no sólo con los inmigrantes que dice defender, sino con la historia que también, por supuesto, hablará de  los demócratas si no logran hacer todo lo que está en sus manos ahora, cuando tienen el poder.

Según estudioso del tema como Maribel Hasting, asesora de American Voice, las  organizaciones defensoras de los inmigrantes tienen razón en sus críticas a la administración Biden por no hacer lo suficiente para ayudar a los indocumentados.

En medio de todo están millones de inmigrantes que llevan décadas viviendo en las sombras, trabajando y pagando impuestos a escondidas, construyendo una familia y un porvenir en territorio estadunidense, estimó Hasting.

En el camino de los demócratas está todo un entramado creado por el gobierno de Trump, difícil de desmontar y que dificulta avanzar en el tema.

En las últimas semanas, por ejemplo, está la reanudación del programa del expresidente republicano Permanecer en México que coloca a miles de inmigrantes en una situación de desesperación y que es fuertemente criticado por la amplia coalición Welcome With Dignity que agrupa a los defensores de los inmigrantes.

Biden lo quiso anular, pero los tribunales exigieron que continúe. El programa tal como lo implementó Trump fue una farsa para rechazar las solicitudes de asilo, después de obligar a los inmigrantes a permanecer largo tiempo a merced de la violencia a su entorno reinante en México.

La continuación de esta política le permite a la administración defenderse de las críticas republicanas de abrir las fronteras. Por eso, la coalición acusa al gobierno de aprovechar políticamente la situación.

Según analistas, el tema migratorio es espinoso políticamente, pero eso no justifica callar cuando los demócratas no cumplen lo prometido.

La propuesta de conceder únicamente permisos de trabajo y protección de la deportación a entre 7 y 8 millones de indocumentados era la más reciente alternativa que el denominado partido azul intentó incluir en la conciliación presupuestaria del Senado, pero, al parecer, no avanzó.

En efecto, el llamado Plan C ampararía de la deportación y concedería permisos de trabajo a quienes hayan ingresado a Estados Unidos antes del 1 de enero de 2011. Se trataría de un permiso de 5 años renovable por otros 5 años a quienes cumplan con los requisitos.

Lo cierto es que 3 décadas y media más tarde, todavía no hay reforma, y la población indocumentada casi se cuadruplicó.

Los dos bandos utilizan a los inmigrantes como balón político sin que se vislumbre una solución favorable a este sector de la población, con un peso sustantivo en la economía estadunidense.

Por ejemplo, algunos datos de organizaciones que siguen el tema indican que los migrantes mexicanos satisfacen la creciente demanda del mercado laboral de Estados Unidos.

Entre 1994 y 2007 se crearon 24.7 millones de empleos en ese país, de los cuales uno de cada seis fue ocupado por un mexicano.

El aporte de los migrantes mexicanos al Producto Interno Bruto (PIB) en 2006 alcanzó 485 mil millones de dólares, el 3.7 por ciento. Ese grupo representa más del 4.7 por ciento de la fuerza laboral estadunidense.

En esa época, aportaron 268 mil millones de dólares a la dinamización del mercado interno mediante el ejercicio de su capacidad de consumo.

A los inmigrantes siempre se les pide seguir esperando por un arreglo y a quienes los apoyan siempre se les exhorta a continuar votando por los demócratas, porque “ahora sí se va a poder”, pero en los últimos decenios sólo Reagan consiguió una mejora.

En un escenario convulso y de desencuentros en las filas demócratas es difícil que la Casa Blanca alcance su plan cuando hay augurios de que no podrán mantener el control del Capitolio.

Los azules están lidiando con una realidad política cada vez más grave a la que se enfrentan en las elecciones intermedias del próximo año, a medida que se les acumulan señales de advertencia de cara a 2022 cuando pueden perder la mayoría en ambas cámaras del Congreso.

Eso pudiera enterrar los planes de avanzar em una reforma migratoria, al menos como la que logró aprobar Ronald Reagan en 1986.

Luis Beatón/Prensa Latina

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