En 11 meses de gobierno, se ha vivido un proceso de “transformaciones legislativas profundas”, indicó la presidenta Claudia Sheinbaum. Ello, porque se aprobaron 19 reformas constitucionales, y se reformaron 40 leyes que “resarcen una parte del daño provocado por el periodo neoliberal”, aseguró.
Al brindar su Primer informe de gobierno, la primera mandataria destacó que las modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos “fortalecen los derechos sociales, la sustentabilidad, la soberanía, la libertad y la democracia”.
Además de las 19 reformas a la Carta Magna, se han hecho 59 modificaciones incluyendo leyes secundarias. Con esto, en los 11 meses del gobierno de Sheinbaum Pardo registró el mayor avance legislativo, y superó a los expresidentes del país, aunque la cifra contrasta con las 496 modificaciones realizadas durante el neoliberalismo.
La presidenta de la República destacó los cambios constitucionales más importantes, entre ellos, la reforma al Poder Judicial, la cual dijo, permitió el pasado junio “elecciones libres para ministras y ministros de la Corte, magistradas, magistrados y jueces”.
Asimismo, dio la bienvenida al nuevo Poder Judicial que aseveró llegó en “un hecho inédito y profundamente democrático” y con lo cual “se termina la era del nepotismo, corrupción y privilegios, y comienza una nueva era de legalidad y justicia para todas y todos: un verdadero estado de derecho”.
También resaltó la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, reforma al artículo 2 para reconocer a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución para revertir una buena parte de las reformas de 2013 y recuperar a Pemex y CFE como empresas del pueblo de México.
Cambio al artículo 28 para permitir servicios de internet públicos de manera directa, a los artículos 4, 21, 41, 73, 116, 122 y 123 en favor de la igualdad sustantiva de las mujeres, el derecho a una vida libre de violencias y la eliminación de la brecha salarial; al artículo 28 para garantizar los trenes también operados por empresas públicas; a los artículos 4 y 27 para garantizar los Programas de Bienestar como derechos sociales constitucionales.
Modificaciones al artículo 123 para reconocer el derecho a la vivienda a todas las personas trabajadoras, reformas a los artículos 3, 4 y 73 para la protección y cuidado animal, para desaparecer los organismos autónomos y crear órganos técnicos antimonopolio y de telecomunicaciones, fortalecimiento de la inteligencia y la investigación para la seguridad pública, incorporación de la extorsión como delito grave en el artículo 19 constitucional, así como la prohibición de vapeadores, para evitar nepotismo o reelección en la sucesión inmediata de cargos de elección popular, reducción de trámites para evitar corrupción y fortalecer el desarrollo nacional.
Como medida para garantizar el respeto a la soberanía nacional se modificaron los artículos 19 y 40, estableciendo con claridad según se estableció que “el pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo”.
En cuanto a leyes secundarias, la titular del Ejecutivo federal acentuó la reforma a las leyes de la industria eléctrica y petrolera, para fortalecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad como “empresas públicas, vertical y horizontalmente integradas, al servicio de la Nación y del pueblo de México”.
Aunado a ello, la Ley de Telecomunicaciones que, “entre otros logros, reconoce el derecho de las audiencias y el acceso a internet”. La reforma a la Ley del Infonavit que garantiza el derecho a la vivienda y las reformas en materia de impartición de justicia y la atención a víctimas de desaparición.
Finalmente la presidenta Claudia Sheinbaum agradeció al Senado de la República, a la Cámara de Diputados y a los Congresos locales por lo que calificó como una “actuación patriótica y consecuente en la aprobación de estas reformas históricas”, ya que para poder aprobar modificaciones al texto constitucional se necesita un consenso nacional, es decir, la aprobación de las dos tercera partes en ambas Cámaras y la aprobación de la mitad más uno de los Congresos locales (17 de los 32).
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