Las rentas en la Ciudad de México no podrán aumentar por encima de la inflación anual, pero tampoco se congelarán, de acuerdo con la iniciativa de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, que también tiene como objetivo combatir la especulación inmobiliaria y frenar la gentrificación, detalló la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

La propuesta incluye siete puntos estratégicos. El primero es el tope a los aumentos, con instrumentos jurídicos para hacerlo cumplir. El secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, precisó que la ley no fija un precio único para las rentas, sino reglas claras, con sanciones específicas, un registro digital de contratos y servicios gratuitos de orientación, asesoría, mediación y conciliación.

En su conferencia de prensa, la mandataria capitalina fue tajante al desmentir lo que calificó como desinformación y pidió no dejarse engañar: no hay congelamiento de rentas ni un ataque a la propiedad privada. La iniciativa busca frenar los abusos y la especulación, no afectar a quienes arriendan, aclaró.

“Nuestro gobierno garantizará y protegerá el derecho a la propiedad privada; defenderemos el patrimonio de los propietarios”; no obstante, criticó la falta de argumentos de la oposición, la cual parece inclinarse por la gentrificación, agregó Brugada Molina.

La segunda medida es una Carta de Derechos y Obligaciones que permitirá exigir solo una garantía para rentar, con lo que se acabarían los avales múltiples y las pólizas jurídicas excesivas; también prohibirá la discriminación y fijará deberes claros para las personas inquilinas.

La tercera es la Defensoría Inquilinaria, adscrita a la Procuraduría Social, que dará defensa jurídica gratuita. Como cuarto punto, la ley promoverá contratos con una duración mínima de un año y un registro digital protegido para dar seguimiento a los acuerdos, además de sanciones por aumentos ilegales o daños al inmueble.

La consejera jurídica y de Servicios Legales, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, destacó que el eje central es la Defensoría, que dará orientación, asesoría y patrocinio jurídico gratuitos a arrendadores y arrendatarios, y atenderá las controversias por medio de mediación y conciliación para evitar que escalen a procesos judiciales. El secretario de Planeación, Enrique Irazoque Palazuelos, señaló que la propuesta es parte del Bando Uno de 2025 y reconoce por primera vez la gentrificación como un proceso de exclusión social.

La quinta medida tiene que ver con acciones gubernamentales de vivienda social y asequible, con apoyos a los propietarios que firmen contratos multianuales, y un Observatorio Público de Vivienda dará seguimiento al panorama para planear mejor.

La sexta medida se refiere a los desalojos: se creará el Gabinete de Acompañamiento Social, que intervendrá siempre con respeto a las resoluciones judiciales para ofrecer alternativas habitacionales o apoyo para renta. Además, el personal que haga las mudanzas deberá estar capacitado y será contratado por el Poder Judicial, a fin de evitar la intervención de “golpeadores”. “Enviamos un mensaje claro: en esta ciudad ningún desalojo puede violar los derechos humanos”, enfatizó la jefa de Gobierno.

Por su parte, el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, explicó que el Gabinete canalizará a las familias a programas sociales y vigilará que las diligencias sean pacíficas, sin intervenir en las decisiones de los jueces. También habrá capacitación obligatoria en derechos humanos para el personal de mudanzas y resguardos, y se apoyará a los grupos vulnerables con el almacenamiento de sus pertenencias para impedir que queden en la vía pública y que las familias duerman en la calle.

De acuerdo con Brugada Molina, en la capital del país casi el 30 por ciento de las familias rentan una vivienda, mientras los precios de las rentas se quintuplicaron en las alcaldías centrales en los últimos 20 años y, en los últimos 15, el número de personas que rentan creció 54 por ciento. Por ello, hay familias que destinan hasta el 40 por ciento de sus ingresos mensuales a pagar la vivienda.

Muñoz Santini agregó, con base en la encuesta intercensal 2025, que alrededor de 2 millones de personas viven en una vivienda rentada y que hay más de 813 mil viviendas en renta, con un rango promedio de precios de 16 mil 600 a 24 mil pesos al mes, según la zona y el tipo de vivienda, de acuerdo con estimaciones recientes del mercado.