El decreto por el que se prohíben 35 plaguicidas –coordinado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Sader– “es un muy tímido avance frente a los plaguicidas altamente peligrosos” y favorece a la industria de plaguicidas, acusó el doctor Fernando Bejarano González, director de la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México (RAPAM). Ello, porque “no incluye la prohibición de los plaguicidas más usados en México, como clorpirifos, etilo, glifosato o fipronil”, y varios de los que sí prohíbe están en desuso.

En un comunicado, el sociólogo, doctor en estudios latinoamericanos y maestro en ciencias con especialidad en desarrollo rural atribuyó esta situación a una posible negociación entre la Sader –encabezada por Julio Berdegué– y la industria de plaguicidas, pues el decreto no afecta los intereses comerciales.

“Los 35 plaguicidas prohibidos son moléculas viejas, y aún están autorizados en México 200 plaguicidas altamente peligrosos prohibidos en otros países. Algunos plaguicidas incluidos en el decreto ya se habían cancelado por Cofepris desde 2016, como el DDT y endosulfán, y 13 plaguicidas incluidos no se podían

importar desde el sexenio anterior, si bien el decreto actual consolida y amplía esta decisión e incluye ahora la prohibición, formulación, comercialización o uso.”

En su comunicado, el investigador indicó que “en la elaboración de la Estrategia Nacional para la Reducción y Uso adecuado de Plaguicidas es fundamental que se establezcan mecanismos de participación efectiva de organizaciones campesinas con experiencia en agroecología, agricultura orgánica, expertos en agroecología, de la academia y grupos no gubernamentales sin conflicto de interés con la industria de plaguicidas”.

Además, expuso que la estrategia no debería conformarse con la publicación del decreto presidencial que prohíbe 35 plaguicidas, sino que también falta establecer una campaña informativa nacional dirigida a los productores rurales, en la que se advierta de los riesgos a la salud y al ambiente por el su uso ilegal. En dicha campaña, sugirió, se deben involucrar otras autoridades, como la Profepa.

El doctor Bejarano advirtió que el uso de plaguicidas altamente peligrosos es un grave problema en México. Y que el decreto presidencial es una medida simbólica que muy probablemente se negoció con “grupos empresariales de la industria de plaguicidas de síntesis química, para que no afecte sus intereses económicos y no sea cuestionado mediante amparos por ella o el sector agroempresarial, como sucedió en el sexenio anterior con el caso del decreto presidencial sobre las restricciones a la importación del glifosato para terminar con su uso”.

El director de RAPAM criticó que, “si bien es cierto que un decreto presidencial que prohíbe la importación, fabricación, formulación, comercialización y uso de plaguicidas no se realizaba desde 1991, como lo afirmó Julio Berdegué, titular de Sader, durante la conferencia mañanera [del 3 de septiembre], la verdad es que un análisis detallado de la lista de moléculas prohibidas que se dieron a conocer a los medios de comunicación demuestra lo limitado de la medida presidencial”.

Añadió que son 35 plaguicidas prohíbidos, pero permanecen 200 ingredientes activos de plaguicidas altamente peligrosos autorizados con registros vigentes, exponiendo a la población a efectos graves a la salud y ambiente, como hemos dado a conocer en nuestro informe sobre los plaguicidas altamente peligrosos autorizados en México y prohibidos en otros países de 2025. Además, indicó que, de los plaguicidas prohibidos en el actual decreto, el dinoseb ya se había prohibido desde 1991 (DOF 3/01/1991), COFEPRIS había cancelado 7 de ellos en todas sus autorizaciones desde 2016 (como el DDT, endosulfán, lindano), y 13 de ellos no se podían importar desde inicios del 2020 por decreto presidencial emitido en el sexenio de López Obrador.

“Si bien el decreto presidencial actual confirma la decisión y amplía la prohibición a la formulación, comercialización o uso en el territorio nacional. El decreto presidencial no incluye a ninguno de los plaguicidas altamente peligrosos de mayor venta en México, por ejemplo: el insecticida clorpirifos etilo, del que la Conferencia de las Partes del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes acordó en mayo de 2025 eliminar su uso a nivel mundial. El clorpirfos etilo es un neurotóxico infantil que afecta el desarrollo neurológico, es un alterador hormonal a muy pequeñas dosis, y no hay una dosis segura de exposición, además de ser muy persistente, bioacumulable y transportarse a grandes distancias. El decreto de prohibición presidencial actual incluye al clorpirifos metilo que es otra molécula que se retiró del mercado desde hace muchos años”.

Al respecto, el doctor Bejarano afirmó que “es urgente que se prohíba el uso de clorpirifos-etil en la lista de plaguicidas autorizados para nebulizaciones en el control de vectores por parte del Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades (CENAPRECE) y se cumpla con el compromiso internacional de prohibición en todos los usos sin exenciones”.

Otros ejemplos que citó son: el insecticida fipronil y los neonicotinoides prohibidos en la Unión Europea (imidacloprid y tiametoxam), excluido de la prohibición, y que causan una alta mortandad en las abejas; el herbicida glifosato, probable carcinógeno del que se ha confirmado su presencia en la orina de la población infantil en diversas comunidades rurales; y el herbicida paraquat relacionado con la enfermedad de Parkinson y prohibido en 72 países.

Por ello, el titular de RAPAM llamó a que se privilegie el interés público, que se incluya la opinión de organizaciones campesinas que han demostrado exitosamente la sustitución del glifosato, así como de quienes practican la agricultura orgánica, organizaciones de apicultores, del sector de las empresas productoras y distribuidoras de bioinsumos, expertos de la academia y grupos no gubernamentales sin conflicto de interés con la industria.

“El deber del Estado es prevenir riesgos inaceptables a la salud y ambiente dada la peligrosidad de muchos plaguicidas y no permitir se siga exponiendo a la población a efectos graves e irreversibles que violan sus derechos humanos fundamentales. Para ir consolidando el camino a una agricultura sustentable y que el Estado garantice los derechos humanos del pueblo a una alimentación sana, al pleno desarrollo de la niñez, los derechos reproductivos de las mujeres, al agua potable y a la biodiversidad, sería más significativo que la presidenta Claudia Sheinbaum instruyera a la Sader, Semarnat y Cofepris a que elaboren, cada una, un programa nacional sectorial que permita la prohibición gradual de los plaguicidas altamente peligrosos ‘(con) objetivos, metas, estrategias y prioridades que sean medibles, evaluables y monitoreables’, tal como lo recomienda la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre plaguicidas de alta peligrosidad (CNDH 82/2018)”.

También sugirió que se cree “un sistema nacional de vigilancia que permita saber cuánto, dónde y que tipo de plaguicidas se usan para ir acompañando las metas de reducción y prohibición progresiva de los plaguicidas altamente peligrosos. No se trata sólo de sustituir un plaguicida por otro de menor peligrosidad sino de establecer una estrategia nacional para la transformación agroecológica de los sistemas alimentarios a pequeña, mediana y gran escala, y lograr una mejor coordinación en el territorio de los programas actuales que impulsa Sader, Semarnat y la Secretaría de Bienestar con el apoyo de los gobiernos estatales y la organización de los productores y grupos de interés público”.