A más de 133 millones de pesos podría ascender el daño a la hacienda pública derivado de que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación “entregó” recursos a difuntos, servidores públicos de la misma dependencia y agricultores que no acreditaron merecer dicho apoyo
Las irregularidades con que opera la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), a cargo de José Eduardo Calzada Rovirosa, volvieron a ser evidenciadas. Más de 133 millones de pesos fueron “entregados” en 2016 a difuntos, servidores públicos de la misma dependencia y productores que no sembraron sus tierras ni comprobaron que merecían los apoyos.
Así lo revelan las cifras de la auditoría financiera y cumplimiento 16-0-08100-02-0288, aplicada al programa Componente Proagro Productivo, supuestamente diseñado para atender al sector primario más vulnerable del país, dónde viven en la pobreza más de 26 millones de personas.
En el campo mexicano la subsistencia de una “unidad productiva” se pasa con 17 mil pesos anuales, según cálculos oficiales. No obstante, los encargados de generar políticas públicas para su atención y distribuir los recursos etiquetados anualmente no dispersaron adecuadamente la totalidad del presupuesto, evidencia la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El máximo órgano de fiscalización del país calcula el monto del posible daño en 133 millones 153 mil 985 pesos, equiparable a lo que 7 mil 832 unidades productivas podrían obtener en un año.
El Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 20132018 reconoce que la población del campo es particularmente vulnerable, ya que “presenta ingresos bajos y estacionales, ausencia de un salario fijo, altos riesgos de salud, rezago educativo, envejecimiento y exposición a riesgos naturales”.
Los hogares rurales tienen un promedio de integrantes mayor a la media del país y sus “formas de subsistencia son siempre precarias, ligadas a la producción de maíz o de otros productos básicos en zonas de temporal o al trabajo por jornal”, dice el documento elaborado por la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.
“Ser campesino es ser el olvidado de este país, porque el gobierno no nos toma en cuenta. Tenemos una situación muy difícil que enfrentar para sacar el agua del pozo, necesito energía eléctrica y no tengo subsidio. Si en algún momento no se me otorga, tendré que dejar el campo”, dice Ángel Ruiz, originario de Santiago Apóstol, Oaxaca.
De los apoyos entregados por Sagarpa, Ángel tampoco es beneficiario porque, cometa el hombre de 46 años, no cubre los requisitos necesarios para entrar en el padrón con el que opera la dependencia, a pesar de que desde los ocho años de edad ha participado en las labores agrícolas.
La familia de este campesino vive precariamente de la siembra y comercialización de rábano, cebolla, lechuga, perejil, flores y maíz. Todo lo ha hecho en la medida de sus posibilidades, sin ninguno de los beneficios de la Sagarpa, que escucha por la radio, se otorgan.
“La Sagarpa pide un montón de requisitos y, a veces, el campesino no los tiene; realmente es una violación a nuestros derechos. Como campesinos tenemos que luchar para sobrevivir”, comenta.
Santiago Apóstol se encuentra en los Valles Centrales de este estado. Región importante por la agricultura, desde donde se dispersan varios de los productos a la capital oaxaqueña. El Consejo Nacional de Evaluación indica que en este municipio viven 4 mil 220 personas, de las cuales el 90.4 por ciento (3 mil 236) viven en situación de pobreza.
Desglose de daños
El Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, elaborado por la ASF, enlista uno a uno los ocho posibles daños a la hacienda pública que ocasionaron un desfalco al erario mayor a los 133 millones de pesos.
La cifra más significativa corresponde a la entrega de 79 millones 498 mil 100 pesos asignados a 25 mil 64 beneficiarios que no acreditaron la vinculación del incentivo; es decir, no comprobaron merecer el apoyo de Sagarpa.
Le siguen los 47 millones 424 mil pesos que fueron entregados en “demasía” en dos movimientos de transferencia. El primero corresponde al otorgamiento de apoyos a 84 productores e implicaron 5 millones 608 mil 722 pesos; el segundo, a 41 millones 815 mil 294 pesos por 42 mil 253 casos a los que se les otorgó “un monto superior al que les correspondía en los estratos de autoconsumo, transición y comercial”, indica la ASF.
Del posible daño total, 4 millones 637 mil 300 pesos se entregaron a personas que ya habían fallecido antes del momento de la autorización y pago de dichos apoyos. Esta anomalía se descubrió de la relación que hicieron los funcionarios de la Auditoría entre el padrón del programa y los registros que lleva la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal de la Secretaría de Gobernación.
La fiscalización del programa arroja que 174 delegados de la Sagarpa, impedidos por ley para obtener recursos (de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos), obtuvieron 1 millón 408 mil 185 pesos.
Esta no es la primera vez que la Secretaría beneficia a sus propios colaboradores. El sexenio pasado Contralínea documentó que el propio secretario de Agricultura, Francisco Mayorga Castañeda, era parte del padrón de la entidad. La dependencia que administraba el colaborador del presidente Felipe Calderón, tenía enlistados a su hermana Luz Teresa y su padre Salvador Arturo Mayorga Cameros; los tres habrían recibido 14 millones de pesos (Edición 155).
El Capítulo I de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos indica en su artículo 8, fracción XI, que todo funcionario debe “excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte”.
Los gastos del Programa
Además de las inconsistencias reveladas, la fiscalización de los recursos evidencia los costos que generó en 2016 operar este programa, el cual ascendió a 24 millones 581 mil pesos.
Entre los gastos más fuertes se encuentra el del pago a las instituciones bancarias por 9 millones 675 mil pesos del erario, por concepto de “Servicios bancarios y financieros”. Le sigue el de “Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas”, que generó costos por 6 millones 460 mil pesos.
El Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 muestra que por el concepto de “Patentes, derechos de autor, regalías y otros”, la Sagarpa pagó 3 millones 78 mil 900 pesos.
El Proagro tiene como antecedente al Procampo, surgido en 1993 como apoyo compensatorio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), “el cual trajo desventajas competitivas para productores nacionales por los subsidios otorgados a sus contrapartes en los países socios”, expone la ASF.
Las principales necesidades en las que se deberían invertir los apoyos, dependiendo del estrato en el que se encuentre el agricultor, son: compra de fertilizantes y semillas mejoradas, productos de control fitosanitario, mano de obra (pago de jornales); yunta, maquinaria, equipo e implementos agrícolas; garantías para el acceso al crédito; pago de servicios y adquisición de combustibles.
Saúl Cárdenas Herrera, campesino en San Luis Potosí e integrante de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), dice que el campo está destrozado: sin apoyos y con una tremenda importación de productos agropecuarios provenientes de Estados Unidos.
“Nosotros hemos batallando mucho con la introducción de plantas transgénicas. El campo potosino está en el total abandono, la gente sobrevive trabajando, esa es la misión y visión que tenemos nosotros: solamente trabajando podemos sacar adelante al país”, comenta en entrevista.
Cárdenas Herrera expone que los integrantes de UNTA en aquel estado están produciendo soya y siembran casi 100 mil hectáreas, con lo que abastecen el mercado local. Son el segundo productor de elote a nivel nacional y surten a todo el país, pero “cómo lo hacen nuestros compañeros, sacando créditos en la Financiera Rural, porque el gobierno federal entrega los apoyos después de la cosecha. Estamos haciendo lo que no hacen los gobiernos ni federal ni estatal ni municipal: trabajando para que el pueblo de México tenga alimentos”.
Érika Ramírez
