En el Instituto Nacional Electoral opera una facción de derecha –muy ligada a los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional– que por meses ha estado presionando a la consejera presidenta Guadalupe Taddei y a su equipo de trabajo, para que renunciara a su cargo antes de la elección presidencial.

El objetivo era controlar los comicios y la narrativa en torno a los resultados desde dos frentes: el del INE, con un presidente a modo similar al perfil que cumplió Lorenzo Córdova Vianello; y el del Poder Judicial, con el calderonista Reyes Rodríguez Mondragón al frente del Tribunal Electoral, hecho que también se frustró en diciembre del año pasado, cuando tuvo que renunciar a la presidencia de la Sala Superior a pesar del respaldo que le daba la presidenta de la Corte, Norma Piña.

El grupo que ha presionado por meses a la consejera presidenta Guadalupe Taddei llegó al extremo de que previo a la jornada electoral intentó imponer la narrativa del ANIE (Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral), donde participan directamente operadores del empresario Claudio X González Guajardo y asociaciones civiles opositoras a la 4T, y cuyos informes se buscó que fueran materia para la calificación de las elecciones. Dichos reportes apoyan la narrativa de la elección de Estado y las supuestas faltas del presidente López Obrador.

La facción la integran consejeras y consejeros cercanos a Lorenzo Córdova, Leonardo Valdés Zurita, Luis Carlos Ugalde y José Woldemberg, expresidentes del INE que se han opuesto al llamado Plan B de las reformas electorales que impulsó el presidente AMLO, y que incluso llamaron a participar en la marea rosa cuando se presentaba como protesta de las asociaciones civiles de Claudio X González Guajardo:

-Claudia Beatriz Zavala Pérez, responsable de la Comisión de Quejas y Denuncias, instancia que intencionalmente tergiversó las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador para sancionarlo por supuesta violencia política de género contra Xóchitl Gálvez.

-Dania Ravel Cuevas, exfuncionaria del gobierno de Enrique Peña [de 2013 a 2014 fue titular del área consultiva en la Dirección Jurídica del ISSSTE] y quien fue asesora del Consejo General del IFE entre 2008 y 2013, periodo en el que el Instituto era presidido por Leonardo Antonio Valdés Zurita y cuando se cometió el fraude electoral de 2012, a favor del PRI. Además, entre 2010 y 2011, fue secretaria técnica de la Comisión de Quejas y Denuncias. Fue propuesta por Peña Nieto para ser consejera electoral, cargo que alcanzó en 2017.

-Carla Humphrey Jordán. Desde antes de su llegada al INE en 2019, fue considerada por algunos integrantes del partido Morena como el caballo de Troya, por su cercanía con prominentes políticos panistas: fue esposa de Roberto Gil Zuarth y amiga de militantes de Acción Nacional. Actualmente es esposa del extitular de la UIF, Santiago Nieto, a quien se le atribuye el impulso que le dio el partido de López Obrador para que llegara al Instituto Electoral.

-Jaime Rivera Velázquez, quien se desempeñó como director de análisis del extinto órgano de espionaje Cisen (Centro de Investigación y Seguridad Nacional). De acuerdo con el columnista Alberto Aguirre, el cargo lo desempeñó en el gobierno de Felipe Calderón durante dos años: de 2009 a 2011. Este dato es muy importante porque en esa época el Cisen estaba encabezado por Guillermo Valdés Castellanos, y Genaro García Luna era el secretario de Seguridad Pública entonces ya aliado del Cártel de Sinaloa.

-Arturo Castillo Loza, llegado apenas en 2023 al INE, por insaculación. Su trayectoria profesional lo ubica en la estructura del IFE durante el fraude electoral de 2006, y en la estructura del Tribunal Electoral en el fraude de 2012: en el IFE, fue asesor de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de 2004 a 2006; subdirector de financiamiento de partidos políticos en 2007; coordinador de asesores de esa Dirección Ejecutiva en 2008; y director de Análisis e Integración en 2009. Y en el TEPJF se desempeñó como asesor y secretario de Estudio y Cuenta de dos presidencias de la Sala Superior entre 2009 y 2013; y “asesor de un magistrado presidente de la Sala Superior del TEPJF” de 2017 a 2023. Además, fue director general adjunto de Formación Profesional en la Procuraduría General de la República en 2015.

-Martín Faz Mora, quien es consejero electoral desde el 22 de julio de 2020, fecha en que también ingresó Humphrey. Fue consejero de la Junta Local Electoral del entonces IFE entre 2000 y 2003, cuando al frente estaba Woldenberg; y de 2012 a 2014, cuando al frente estuvieron Leonardo Valdés y Lorenzo Córdova. También fue integrante del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí (2014-2020).

Presión a la presidenta

En la jornada electoral del 2 de junio se vivieron momentos de mucha tensión al interior del INE, por las presiones para que la presidenta Guadalupe Taddei diera a conocer los resultados del conteo rápido antes de tener la completa certeza del triunfo irreversible de la doctora Claudia Sheinbaum, quien –ahora se sabe, ganó por una diferencia de 30 puntos.

Las horas críticas, sin embargo, venían de tiempo antes. La maestra Taddei ha enfrentado diversas crisis originadas por los propios integrantes del Consejo General, tácticas que parecen actos de sabotaje.

Por ejemplo, a partir de junio de 2023 empezaron a presionar aún más a la presidenta del INE para que renunciara, bajo el supuesto de que su gestión era ineficaz. El propósito en aquel momento era controlar toda la discusión del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2024. Entre otras cosas, los seis consejeros exigían dinero para el fondo de la observación electoral, en beneficio de asociaciones civiles ligadas a Lorenzo Córdova. Para el 8 de septiembre se intensificaron las presiones, pues en aquella fecha se definían las comisiones del Consejo General.

Por mayoría de seis votos, la facción de derecha consiguió hacerse de las presidencias de comisiones clave para el manejo del Presupuesto de Egresos. De manera no oficial, conformaron un grupo de trabajo para seguimiento del presupuesto 2024 que, de acuerdo con fuentes consultadas por Contralínea, desde la primera semana de septiembre se reunió todos los miércoles.

Dicho grupo de trabajo empezó a suplantar las facultades de la Junta General Ejecutiva, tratando de ahorcar financieramente a las áreas con “encargados de despacho” o con titulares propuestos por Guadalupe Taddei. Lo que continuó hasta la última semana antes de las elecciones del 2 de junio.

Y antes de la jornada electoral, presionaron para que se legitimara el trabajo sesgado a favor del PRIAN del Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral, a pesar de que este pacto no fue firmado por la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y por tanto no es un acuerdo legal para esa institución.

El ANIE fue suscrito por las organizaciones de la sociedad civil –en su mayoría, opositoras a la 4T–, representantes de la academia y del sector empresarial –como la Coparmex y Más Ciudadanía– con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; y con los consejeros electorales Arturo Castillo, Claudia Beatriz Zavala Pérez, Dania Ravel Cuevas, Carla Humphrey Jordán y Jaime Rivera.

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