Veintinueve procesos de licitación urgentes que lanzaron este lunes la Secretaría de Educación Pública y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) para producir 220 millones de ejemplares se declararon desiertos. En total, se concursaron 34 contratos y sólo se asignaron cinco.
Al proceso, conocido como ofertas subsecuentes de descuentos, fueron invitadas imprentas nacionales y trasnacionales para que pujaran por menores costos de impresión. No obstante, a las 22:15 horas de este 29 de abril se cerró el concurso sin éxito.
En la primera ronda, que inició a las 08:30 horas, se presentaron 18 ofertas y sólo se asignaron dos contratos; en la segunda ronda, de las 16 ofertas presentadas sólo se aprobaron tres. Por ello se espera una nueva convocatoria a los impresores para que hagan ofertas más castigadas, y así asignar el resto de los contratos.
Fuentes cercanas a las negociaciones explican a Contralínea que las contrataciones que se lograron en este primer proceso urgente representan apenas el 1.5 por ciento del total de la producción que se requiere para iniciar el próximo ciclo escolar, por lo que aumenta la incertidumbre en el sector educativo.
En el proceso fast track, las autoridades educativas condicionaron a los impresores que el costo del papel se cotizara a un máximo de 19.5 pesos por kilo. Las fuentes consultadas aseguran que, con esos precios, las opciones para adquirir este insumo sólo son dos: Bio Pappel –propiedad de Miguel Rincón, el compadre del presidente Andrés Manuel López Obrador– o Copamex.
No obstante, aunque los concursantes quisieran adquirirlo sólo con Copamex –y así cumplir el mandato de López Obrador de retirar a su compadre de este negocio–, la capacidad de esta empresa es limitada (sólo podría surtir un 15 por ciento de las más de 60 mil toneladas que se requieren).
Bio Pappel es el único proveedor que puede ofrecer más de 50 mil toneladas a ese precio. Y es que en el mercado internacional, el costo aumentaría hasta a 22 pesos por kilo, y serían los impresores los que asumirían las pérdidas.
Para este concurso urgente, las autoridades educativas fijaron un monto máximo por libro –un techo– y pidieron a los impresores que sus ofertas rondaran entre un 10 y un 20 por ciento por debajo de ese máximo. Por eso 29 licitaciones se declararon desiertas.
De no asignarse el resto de los contratos en los próximos días, por medio de nuevas licitaciones o adjudicaciones directas, el atraso de hasta 3 meses que ya se prevé en la entrega de libros para el próximo ciclo escolar –que inicia en agosto– aumentará y afectará a miles de estudiantes (https://bit.ly/2UXQXVR).
Nancy Flores
