El ultraderechista Felipe Calderón Hinojosa se promovió como libertador y paladín de la democracia: este 30 de septiembre, durante su participación en la cuarta edición del foro “América Libre”, citó a su padre –Luis Calderón Vega– porque, dijo, de él aprendió a luchar por la libertad sin importar “los riesgos”. Además, se pronunció por impulsar un movimiento de ciudadanos para recuperar el gobierno de México, tras advertir que –según él– la cuarta transformación es la nueva “dictadura perfecta” en manos de narcopolíticos que tienen capturado al Estado.
Nada dijo de su estrecha relación con Genaro García Luna, quien fue su brazo derecho durante su mandato, al desempeñarse como secretario de Seguridad al mismo tiempo que colaboraba con el Cártel de Sinaloa. Tampoco se refirió a la forma en cómo arribó al poder en 2006, mediante un fraude electoral que él mismo confirmó con su famosa frase “haiga sido como haiga sido”, al igual que en su momento lo hizo su antecesor, Vicente Fox, quien no sólo admitió haber promovido el desafuero contra Andrés Manuel López Obrador para descarrilar su carrera política, sino que dijo que “cargó los dados” en el proceso electoral que avaló otro derechista desde el IFE: Luis Carlos Ugalde, ahora socio de Claudio X González Guajardo y la llamada “Marea Rosa”.
En su participación en el foro, el político opositor a la 4T afirmó que en México no sólo se ha expandido el crimen organizado y el narcotráfico, sino que es creciente su intervención en la vida política. Y aseguró que desde hace 5 meses hay pruebas suficientes para detener al exgobernador Rubén Rocha Moya y a otros políticos, a quienes calificó como “figuras claves del partido en el poder de Morena con complicidad del Cártel de Sinaloa. La acusación sostiene además algo relevante para un foro de libertad. El cártel del Chapo Guzmán ayudó a Rocha Moya a ganar la gubernatura en 2021 mediante el secuestro y la intimidación de adversarios políticos a cambio de protección una vez en el poder”.
Llama la atención que Calderón se refiera a ese grupo criminal en particular, al que el panismo en el poder benefició en todas las formas posibles. Ello, no sólo porque fue a inicios del sexenio de Fox cuando se permitió –el 19 de enero de 2001– la primera fuga de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo, de la prisión de máxima seguridad Puente Grande, justo horas después de que el entonces subsecretario de Seguridad Pública federal (y exdirector del Cisen), Jorge Tello Peón, visitó esas instalaciones; sino también porque nunca fue capturado durante el gobierno calderonista.
La cercanía de García Luna con ese grupo delictivo impulsó que todas las acciones relevantes contra el narcotráfico se centraran contra grupos rivales, lo que posibilitó que el Cártel de Sinaloa desplazara a las organizaciones colombianas como principales productoras y distribuidoras de drogas ilícitas a los dos mercados más grandes del mundo: Estados Unidos y Europa. La expansión del Cártel fue tal, que se tuvo evidencia que en aquel sexenio tuvo presencia en los cinco continentes.
Pero dijo Calderón ahora, el régimen ampara a esos políticos de Morena. “El gobierno mexicano en lugar de cumplir con el tratado de extradición, ponerlos a disposición de la justicia americana para que deslinden su responsabilidad, los ha exculpado y protegido ante la opinión pública. No estamos hablando, amigas y amigos, de un problema meramente de drogas. Como hace rato lo que yo hablaba no es un tema de religión, es un tema de libertad. Aquí digo, no es un tema de drogas, es riesgo de captura del Estado que es la verdadera amenaza”.
Si Calderón hablara con honestidad, debería empezar por explicar su relación con el Cártel de Sinaloa a través de García Luna. También debería referirse a su verdadero legado en el poder y no sólo proferir palabras huecas: como presidente espurio, su primera decisión fue declarar aquella supuesta “guerra” contra el narcotráfico, que terminó encumbrando al grupo del Chapo y el Mayo (Ismael Zambada García), a quien tampoco detuvo.
Este ultraderechista que ahora viene a disque hablar de democracia llevó a México a su peor crisis de derechos humanos y gracias a su falsa “guerra”, México se sumió en la peor escalada de violencia que hayamos presenciado en la época reciente, con asesinados y desaparecidos. Como en la Guerra Sucia, su gobierno recurrió a escuadrones de la muerte y grupos paramilitares.
En aquel sexenio de muerte, los homicidios dolosos aumentaron 192 por ciento respecto de su antecesor. Por ello, Felipe Calderón Hinojosa encabeza la lista de exfuncionarios federales denunciados como presuntos responsables de crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra y de agresión en una denuncia ciudadana –firmada por más de 25 mil personas– presentada ante la Corte Penal Internacional a finales de 2011. Cabe señalar que la CPI juzga a personas y no a Estados, y él declaró, el 6 de diciembre de 2006, la supuesta “guerra” contra el narcotráfico, política pública que enlutó a México.
Luego de presentada esa demanda el 25 de noviembre de 2011, el gobierno federal la desestimó al argumentar que sería inmediatamente desechada por la Corte. No fue así. Y en 2012 se convirtió en una prioridad para el entonces mando supremo de las Fuerzas Armadas. En ese último año del gobierno de Calderón se supo que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional le había entregado un resumen ejecutivo a la Presidencia de la República, en el cual se documentan crímenes que sí podrían constituir delitos internacionales.
Desde entonces, el asunto fue considerado de primer orden por la Presidencia de la República –aún a cargo del político panista–, y se atendía directamente en La Haya, Países Bajos, por parte de representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores y abogados de la Consejería Jurídica de la Presidencia.
Esa denuncia penal internacional señala la responsabilidad de Calderón como promotor y ejecutor de la política pública de seguridad y respecto de las consecuencias de la “guerra” contra el narcotráfico: más de 60 mil civiles ejecutados (de los cuales –hasta 2011 que se presentó la denuncia– más de 1 mil 300 eran niños y más de 1 mil eran migrantes), 13 mil desaparecidos, 250 mil desplazados forzosamente por la violencia, centenas de heridos, decenas de torturados en cuarteles militares y de “falsos positivos” (inocentes asesinados por militares y policías federales presentados como delincuentes).
Además del expresidente de México, esa denuncia involucraba a sus secretarios de Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván; de Marina, Mariano Saynez Mendoza, y de Seguridad Pública, Genaro García Luna –actualmente preso en Estados Unidos por sus vínculos con el Cártel de Sinaloaz–; y también se denunciaba a los cabecillas del narcotráfico mexicano, en especial a Joaquín el Chapo Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa. En el caso de los narcotraficantes, la solicitud de investigación señalaba su responsabilidad en la violencia, así como el uso de menores de edad en el conflicto armado, considerado en el derecho penal internacional como un crimen de guerra. Se trata concretamente de los niños sicarios.
Gobierno corrupto
Además, su gobierno se caracterizó por ser absolutamente corrupto, benefactor de sus amigos, entre los que destacó al arranque de su gobierno el fallecido Juan Camilo Mouriño, en su dualidad de contratista de Petróleos Mexicanos y servidor público.
Durante su administración, Pemex fue saqueado. Ejemplo de ello es uno de los llamados elefantes blancos del calderonismo: la inexistente Refinería Bicentenario, obra vinculada a la celebración de los 200 años de la Independencia, que sólo sirvió para “justificar” la salida de miles de millones de pesos a un barril sin fondo. Y es que, aunque jamás se construyó, la Refinería costó 3 mil 453 millones 395 mil pesos al presupuesto público de aquellos años del calderonismo. El multimillonario recurso cubrió supuestamente el costo del terreno donde iba a construirse la refinería, ubicado en Atitalaquia, Tlaxcoapan y Tula de Allende, Hidalgo. Un terreno inutilizado que Pemex no necesitaba y por el cual se detuvieron otras inversiones urgentes. Aunado a ello, en la barda perimetral del sitio se gastaron otros 90.5 millones de pesos.
En plena crisis causada por la burbuja estadunidense de los créditos subprime, y en México exacerbada por la supuesta epidemia de AH1N1, con dinero de la petrolera fue a rescatar la industria de España, país que a la postre eligió como refugio: Pemex compró acciones del astillero Hijos de J Barreras y de la trasnacional Repsol; y desde la CFE, otorgó contratos millonarios a Iberdrola, a la que también le cedió una buena parte del negocio de la generación de energía.
Los casos emblemáticos de corrupción del sexenio calderonista: en materia eléctrica, en 2009, durante un partido de futbol de la Selección Mexicana desapareció por vía de la fuerza pública la compañía Luz y Fuerza del Centro, con lo que dejó en la calle a más de 40 mil trabajadores.
También está el caso que involucra a su propia esposa, Margarita Zavala, cuya familia estuvo involucrada en la tragedia de la Guardería ABC, en Sonora, que cobró la vida de 49 bebés en 2009. De acuerdo con el ministro en retiro Arturo Zaldívar, Calderón y el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont Urueta –hoy socio de Claudio X en el Consejo Nacional de Litigio Estratégico– estuvieron implicados en una operación de Estado para encubrir el crimen.
En este tema, hay que recordar que fue el gobierno calderonista el que promovió en total opacidad la subrogación con la que el Instituto Mexicano del Seguro Social favoreció a una de las primas políticas del propio Calderón, y luego la benefició con un manto de impunidad, pese a ser responsable de la muerte de 49 bebés y más de un centenar de heridos en el incendio del 5 de junio de 2009, porque sus instalaciones carecían de los mínimos sistemas de emergencia.
A la lista de infamias de Felipe Calderón hay que sumar la gran estafa de la Estela de Luz, que popularmente fue renombrada como la Estela de Corrupción. Su construcción fue encargada para las conmemoraciones del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución. En un país con más de 50 millones de pobres, el inútil gasto superó los 1 mil 300 millones de pesos, cuando su costo original había sido presupuestado en sólo 200 millones de pesos. Por si eso no fuera demasiado, la obra fue entregada con 15 meses de retraso. En ese monumento inútil, poco estético y con un gasto descomunal, el dinero público, además, se manejó en una de las figuras con mayor opacidad: el Fideicomiso para la Conmemoración del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución.
