Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, secretaria de la Función Pública, confirmó que tres funcionarios participaron como firmantes responsables no solo de seis, sino de 25 convenios de Petróleos Mexicanos con instituciones públicas de educación superior durante el periodo de 2012 y 2018, en lo que se llama la Estafa Maestra.
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En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que se trata de Miguel Ángel Lozada Aguilar, entre 2013 y 2014 administrador del activo de producción Cantarell y actual director de Pemex Producción y Exploración; Héctor Salvador Salgado Castro, en 2013 y 2014, gerente del Proyecto de Desarrollo Ayatsil-Tekel y actual subdirector y coordinador operativo y comercial de Pemex| Producción y Exploración, y Luis Galván Arcos, entre 2013 y 2014 gerente de suministros y servicios administrativos de regiones marinas y actual gerente de operación y control financiero de procesos industriales y logística.
El convenio para la prestación de servicios que celebró Pemex Exploración y Producción por medio de Lozada Aguilar con la Universidad Popular de la Chontalpa, expuso la secretaria, “tuvo por objeto realizar servicios de asistencia técnica en materia de producción y perforación de pozos para la Subdirección de Producción Región Marina Noreste”. El costo real de este contrato rebasó el límite permitido, equivalente a 145 millones 841 mil 41 pesos.
La Auditoría Superior de la Federación comprobó que la Universidad Popular de Chontalpa “no contaba con capacidad técnico, material y humana para prestar los servicios establecidos en el convenio y, precisamente, por ello procedió a subcontratar a terceros quienes a su vez tampoco contaban con la capacidad técnica requerida y también contrataron o subcontrataron otros servicios”, expuso Sandoval Ballesteros.
La encargada de la SFP indicó que el convenio de prestación de servicios, celebrado entre Pemex Exploración y Producción —por medio del ingeniero Salgado Castro— con el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco tuvo por objeto genérico realizar servicios técnicos especializados para los proyectos de desarrollo de campos de exploración y producción.
El convenio también rebasó el límite máximo, equivalente a 99 millones 935 mil 551 pesos pagados en 20 órdenes de servicios.
En el convenio se establecía que el Instituto contaba con la capacidad legal y técnica para proporcionar los servicios; sin embargo, “subcontrató a diversas empresas con las que celebró contratos para estos convenios suscritos con Pemex Exploración y Producción, y el porcentaje global de la subcontratación realizada correspondió al 93 por ciento de los servicios”.
“Se observó que los cheques emitidos por cuatro empresas subcontratadas fueron cobrados por una misma persona física sin que se acreditara cuál era la participación dentro de estas mismas empresas. A uno de los subcontratados no les fue posible localizarlo en el domicilio manifestado, entre otras muchas irregularidades.
“La estafa fue maestra porque el entramado a partir del cual se operó, pretendió ser de perfecta legalidad, aunque con deficiente moralidad. Sin embargo, el Talón de Aquiles de esta estrategia fue el control y los servidores públicos que tenían responsabilidad en verificar que se cumplieran las condiciones de ley y los términos convenidos abdicaron su responsabilidad y los auditores que debieron monitorear el desempeño de los responsables administrativos fueron limitados en el alcance de sus revisiones y omisos para fincar responsabilidades”, expuso la secretaria.
Al respecto, la SFP “ha iniciado ya tres investigaciones en materia de evolución patrimonial para detectar y documentar probables inconsistencias en el patrimonio de los aludidos que pudieran resultar de conductas irregulares, tales como enriquecimiento ilícito”.
Érika Ramírez
