La reforma a la Ley de Aguas Nacionales “es una buena forma de celebrar el primer año de gobierno”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al presentar la iniciativa de reforma en materia hídrica que busca devolver al Estado la rectoría sobre el recurso.

Recordó que en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se modificó la Ley de Aguas, con la finalidad de “convertir las concesiones de agua en una mercancía, que es transmitible y vendible, por privados, entre privados”. Ello, explicó la primera mandataria, además de provocar un descontrol en las concesiones, llevó a “un uso excesivo, porque ni siquiera había control de cuánta agua realmente estaba utilizando la concesión”.

Sheinbaum Pardo agregó que “eso se acaba en la iniciativa que estamos enviando el día de hoy. Se ordena el uso de agua en el país. El agua es un recurso escaso, el agua potable, en muchos lugares del país, en la mayor parte en el centro, en el norte del país, y necesitamos ordenarla”. (VIDEO)

La jefa del Ejecutivo federal subrayó que la Constitución establece al agua como “un recurso de la nación, y se puede concesionar” pero “lo que ya no se va a poder es vender los títulos de concesión; ni tampoco transmitir los títulos de concesión, si hay cambio de uso de agua”.

Detalló que bajo esta consideración, la concesión deja de ser una mercancía “y se convierte en un instrumento de la nación de nuevo, porque el agua es de la nación. Es concesionable, pero de manera ordenada, eficiente y que permita garantizar el derecho humano al agua”.

Por su parte, el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, explicó que la Ley General de Aguas es reglamentaria del artículo 4 constitucional, y que su principal objetivo es “sentar las bases para garantizar el derecho humano al agua”, mientras que las reformas a la Ley de Aguas Nacionales reglamentarias del artículo 27, “tienen como objetivo fundamental fortalecer la rectoría del Estado mexicano sobre las aguas nacionales, y también fortalecer y dotar de más instrumentos a la autoridad nacional del agua”.

“Se trata de un profundo cambio de visión: el agua deja de verse como una mercancía y se reconoce como un bien estratégico de la nación y como un derecho humano”, puntualizó el funcionario.

Entre los cambios, destacó que el Estado mexicano será el único responsable de regular el uso del agua; también, que se prohíbe transmitir concesiones entre particulares, las prórrogas pasarán por el análisis de Conagua, se vigilará la responsabilidad hídrica, es decir, que se coloquen medidores, se eliminan los cambios de uso y se crea un Registro Nacional del Agua.

Morales López precisó que quedan salvaguardados los derechos de aquellos que tienen un título de concesión, y anunció que “se crea un capítulo de delitos hídricos que contempla la explotación, extracción, el traslado ilegal de las aguas nacionales y se incrementan penas que van de uno a 10 años de prisión”.

En tanto, la consejera jurídica del Ejecutivo federal, Ernestina Godoy Ramos, destacó que en congruencia con la visión del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, “privatizar el agua es robarle a los pueblos su futuro”. Por ello, “defender el derecho al agua en todas sus formas es defender la vida, la soberanía y la justicia social”.

Godoy agregó que el derecho al agua implica varias consideraciones como “acceso equitativo, gestión comunitaria y protección de los ciclos naturales” y “defender este derecho, es resistir al extractivismo, al despojo y al cambio climático”. Finalmente, señaló que el nuevo marco normativo dispone diseñar la Estrategia Nacional Hídrica para regular la captación de agua pluvial en el territorio nacional, promover una cultura del agua, reconocer la participación social y ciudadana en el manejo y cuidado del agua, así como reorientar la Ley de Aguas Nacionales.

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