La liberación inmediata de las personas detenidas y el respeto a sus derechos humanos fueron exigidos por el gobierno de México luego de que fuerzas navales israelíes interceptaron flotillas humanitarias que se dirigían hacia Gaza en aguas internacionales, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Durante la conferencia presidencial, el titular de la dependencia, Roberto Velasco, señaló que el gobierno mexicano ya estableció contacto con las familias y representantes de las tres mexicanas identificadas como Violeta Núñez, Sol González Eguía y Paulina del Castillo Poblano, quienes viajaban en las embarcaciones interceptadas por Israel.
“El gobierno de México ha pedido tanto en público como en privado al gobierno de Israel que respete los derechos humanos de estas personas y el derecho internacional”, indicó el funcionario, al explicar que las embarcaciones se encontraban en una zona de mar internacional y, por lo tanto, tenían derecho a la libre navegación.
La SRE detalló que se activaron mecanismos de coordinación entre embajadas y consulados mexicanos en la región –lo que incluye a Israel, Grecia y Turquía– para localizar a las personas interceptadas y dar seguimiento a su situación jurídica y humanitaria, pues en las flotillas participan ciudadanos de distintas nacionalidades.
De acuerdo con el reporte oficial, las mexicanas ya habrían sido trasladadas a territorio israelí y, posteriormente, al centro de detención de Ketziot, desde donde el gobierno mexicano buscará gestionar su pronta liberación y retorno al país.
El pronunciamiento mexicano ocurrió después de que fuerzas israelíes interceptaran al menos 48 embarcaciones de la Global Sumud Flotilla, misión internacional que buscaba romper el bloqueo sobre la Franja de Gaza y abrir un corredor humanitario para el ingreso de ayuda.
En mensajes difundidos en redes sociales el día de hoy en la cuenta de la flotilla, durante las últimas horas integrantes de las embarcaciones denunciaron que fueron “ilegal y violentamente interceptadas” por fuerzas israelíes, y acusaron la detención de civiles pacíficos que participaban en una misión humanitaria internacional.
Los comunicados de emergencia, emitidos desde embarcaciones como Nablus, Girolama, Elengi y Andros, sostienen que las acciones representan violaciones al derecho marítimo internacional, y exigieron la liberación inmediata de todas las personas detenidas.
Además, las organizaciones señalaron que los Estados tienen la obligación de proteger a sus ciudadanos y que los países, bajo cuya jurisdicción estaban registradas las embarcaciones, deben actuar frente a posibles actos de piratería y detención ilegal en aguas internacionales.
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