El sistema SuperISSSTE fue casi desmantelado durante la administración anterior. En 4 años registró pérdidas por 7 mil 500 millones de pesos y el cierre del 76 por ciento de sus tiendas. Además, fue usado masivamente para que privados triangularan ventas a dependencias de gobierno sin procesos de licitación.

Documentos internos del SuperISSSTE dan cuenta de fraudes en favor de privados, pérdidas millonarias por ineficiencia, faltantes en inventarios y simulación de compraventas. La institución perdió entre 2013 y 2017 alrededor de 7 mil 500 millones pesos, por lo que ya “resulta económicamente inviable”.

No se trata sólo del masivo cierre de tiendas y de una administración ineficiente. También se convirtió en un sistema fraudulento con el que empresas privadas evaden la ley, pues lo utilizan para colocar sus productos –casi siempre con sobreprecios– en dependencias gubernamentales sin pasar por procesos de licitación ni por la evaluación de sus mercancías.

En 2017 el SuperISSSTE reportó ingresos por 1 mil 40 millones de pesos, pero más del 80 por ciento correspondió a ventas que realizó a entidades y dependencias de la administración pública federal, principalmente al propio Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de ­México. Sólo menos del 20 por ciento de sus ventas se realizó al público en general, no obstante que este sistema fue creado para establecer tiendas a bajo precio en beneficio de los trabajadores y sus familias.

Además, para hacer frente a los contratos con las entidades de la administración pública federal, el SuperISSSTE subcontrató el ciento por ciento de los bienes con empresas privadas. Es decir, todo lo que vendió a entidades gubernamentales –más de 800 millones sólo en 2017– lo adquirió de privados para trasladarlos a las dependencias compradoras. Documentos internos señalan que la mayoría de los bienes ni siquiera pasaron por las bodegas del SuperISSSTE: de los almacenes privados se trasladaron directamente a los depósitos de las entidades señaladas.

Las indagaciones –que se llevan a cabo desde el año pasado–  arrojan que se utilizó a este sistema de tiendas como intermediario para que privados evadieran las disposiciones normativas en materia de adquisiciones. Es decir, funcionarios y privados simularon que el ISSSTE, la Cofepris y la Secretaría de Seguridad Púbica adquirían bienes y servicios al SuperISSSTE cuando en realidad lo adquirían a empresas privadas sin proceso de licitación de por medio.

Entre 2012 y 2015 –el primer trienio del sexenio de Enrique Peña Nieto– el director del ISSSTE fue Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias. Le sucedió por unos meses Luis Antonio Godina Herera. Entre 2015 y 2018 el Instituto estuvo a cargo de José Reyes Baeza Terrazas. El director de SuperISSSTE fue durante el sexenio pasado Luis Alonso Reza Olivas.

El actual director de SuperISSSTE, Roberto Revilla Ostos, fungía como director de Pemex Logística en 2017, luego se quedó como encargado del despacho de la Dirección General de la petrolera por unos meses. Se hizo cargo del sistema de tiendas del ISSSTE desde la llegada –con el nuevo gobierno– de Luis Antonio Ramírez Pineda al frente de Instituto.

La Cofepris fue encabezada por Mikel Arriola entre 2011 y 2016. En el cargo le sucedió, por 2 años, Julio Salvador Sánchez y Tépoz. Y desde 2018 el comisionado federal es José Alonso Nivelo Baeza.

Con respecto de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, entre 2012 y 2014 estuvo en cabezada por Jesús Rodríguez Almeida. Y de 2014 a 2018, por Hiram Almeida Estrada.

El SuperISSSTE reportó ventas por 1 mil 40 millones de pesos en 2017, señalan documentos internos. De tal cifra, alrededor de 835 millones (el 80.3 por ciento) fueron ventas a entidades y dependencias del gobierno. Mientras, 205 millones (el 19.7 por ciento) correspondió a ventas al público en general.

En sus ventas a las dependencias, el SuperISSSTE vendió incluso productos que no forman parte de su objetivo. Todos estos productos los adquirió a privados y los entregó después a las dependencias gubernamentales. Por ello, documentos internos de la institución señalan que con esta práctica se utilizó a este sistema de tiendas para que empresas privadas evadieran la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Entre los productos que el SuperISSSTE compró a privados para luego venderlos a dependencias como la Cofepris la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México y el propio ISSSTE son: uniformes, equipos de laboratorio, sustancias y productos químicos, ropa quirúrgica y, entre otros, equipo de administración. Además, algunos de estos productos fueron vendidos con sobreprecio de hasta 7 mil por ciento.

Resulta un esquema parecido al que utilizaron otras empresas con universidades públicas para colocar productos y servicios evadiendo los procesos de licitación.

Pero también se investigan otras irregularidades que ocurrieron sólo de 2017. El SuperISSSTE registra como “faltantes en inventarios” bienes por un monto superior a los 390 millones de pesos. Además, el registro de un saldo a favor por 130 millones no cuenta con soporte documental para lograr que esa cantidad se cobre a sus clientes.

Asimismo, el gobierno federal debió entregar apoyos al SuperISSSTE entre 2013 y 2017 por más de 6 mil 500 millones de pesos para resarcir las pérdidas registradas por más de 7 mil 500 millones.

Y, en entre otras anomalías de las que dan cuenta documentos internos, realizó operaciones por 835 millones de pesos en 2017 desde una tienda virtual, cuando la ley no le faculta para ello.

El SuperISSSTE es un sistema de tiendas y farmacias que opera como una unidad desconcentrada del ISSSTE. Fue creado en 1995, aunque opera con su nombre actual desde 2009.

Según el artículo 69 del Estatuto Orgánico del ISSSTE, el SuperISSSTE tiene por objeto “planear, administrar y realizar los programas y servicios de apoyo para que los derechohabientes y la ciudadanía adquieran productos básicos y de consumo en las tiendas que para el efecto existen, para que el Instituto cumpla  lo establecido en el Artículo 123 […] de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone el establecimiento de tiendas económicas para el beneficio de los trabajadores y sus familiares”.

Desde 2015 el ISSSTE aprobó el cierre de 224 tiendas. Sólo operan desde entonces 70 unidades de venta.

Zósimo Camacho

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