Una auditoría interna, practicada por la Contraloría universitaria al Instituto de Biotecnología de la UNAM, revela que Arrayit Corporation, Inc, defraudó a la Universidad en dos ocasiones y por la compra del mismo equipo que nunca entregó. La revisión señala omisiones y negligencias de funcionarios de la llamada máxima casa de estudios del país, quienes insistieron en contratar a la empresa a pesar de que ya había incumplido en la entrega de un aparato corrector de ADN. El caso sigue abierto en tribunales de Estados Unidos

La Contraloría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dependiente del Patronato Universitario, documenta irregularidades en lo que sería la adquisición de un equipo para el Laboratorio Nacional de Respuesta a Enfermedades Emergentes. Resulta que funcionarios de la Universidad adjudicaron de manera directa, en dos ocasiones, contratos a Arrayit Corporation, Inc, para la compra de un impresor de microarreglos, modelo LM 60 PRO. En ambos procesos pagaron por adelantado el ciento por ciento de la compra. La empresa, propiedad de la familia Schena, nunca entregó el aparato.

Las compras estuvieron a cargo del Instituto de Biotecnología, entonces encabezado por el doctor Octavio Tonatiuh Ramírez Reivich y hoy por la doctora Laura Alicia Palomares Aguilera. El equipo debió haber sido entregado desde 2014, pero la UNAM nunca lo recibió y, a la fecha, sigue litigando en Estados Unidos que le sea devuelto el monto que erogó en favor de Arrayit, más el pago por los daños y perjuicios que le ocasionó el incumplimiento del contrato.

La Contraloría de la UNAM ordenó en 2016 la auditoría 2016/307 al proyecto 232686 “Adquisición de Equipo al Extranjero”. De la revisión se generó el informe 153/MVS/2016 y su respectiva cédula de observación. El aparato se instalaría en el Laboratorio Nacional de Respuesta a Enfermedades Emergentes, hoy renombrado Laboratorio Nacional de Servicios Genómicos. El caso sigue abierto en tribunales estadunidenses, como da cuenta la denuncia interpuesta por la Universidad en la Corte de Distrito del Norte de California en 2020 y de la cual Contralínea también posee copia.

Parte de los recursos defraudados provinieron del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Este organismo rector de la política científico-tecnológica del gobierno federal había firmado con la Universidad el convenio 232686 en 2014. Tal instrumento estuvo vigente del 20 de junio al 31 de diciembre de ese año y tuvo como objetivo específico el equipamiento del Laboratorio Nacional de Respuesta a Enfermedades Emergentes.

El monto que aportó el Conacyt a la UNAM para este proyecto ascendió a 5 millones 600 mil pesos. Otros 6 millones 135 mil 800 pesos provinieron de los propios fondos del Instituto de Biotecnología. Así, el monto total destinado al equipamiento de este Laboratorio fue de 11 millones 735 mil 800 pesos. Las irregularidades detectadas por la Contraloría ocurrieron en todo el proceso de adquisición, es decir, en las dos contrataciones –realizadas por adjudicación directa– y en la entrega del equipo, aunque en este caso sólo involucraron poco más de 1 millón 600 mil pesos de entonces (alrededor de 2 millones 600 mil pesos de ahora).

La primera adjudicación directa tuvo lugar en agosto de 2014. El Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, Campus Morelos, autorizó al Instituto de Biotecnología la excepción a la licitación pública para la adquisición de un “impresor de microarreglos”, modelo LM 60 PRO Microarray Printer, por un monto de 126 mil 515 dólares estadunidenses, es decir, los 2 millones 600 mil pesos actuales citados.

Este equipo de fabricación de microarreglos de ADN es producido por la empresa estadunidense Arrayit Corporation, Inc. En su momento, el aparato era uno de los más avanzados en su tipo. Hoy hay cuatro generaciones posteriores disponibles en el mercado. El Instituto de Biotecnología solicitó información a este fabricante asentado en Nevada, Estados Unidos.

Arrayit, por su parte, le pidió a la UNAM realizar la compra a través del distribuidor Valley International Corporation, otra empresa con sede en Austin, Texas, con la facultad de comercializar este tipo de equipos.

El asunto es que, en esa tercerización, Arrayit pretendió no tener responsabilidad alguna y no entregó el equipo a Valley International, a pesar de que la Universidad le hizo una transferencia bancaria, el 13 de octubre de 2014, con el que se cubría el monto total.

La corporación encabezada por los Schena incluso dejó de atender las llamadas de los representantes de la UNAM y de la propia comercializadora Valley International.

Y no fue sino hasta el 9 de septiembre de 2015 (es decir, 324 días después) que la compañía devolvió los recursos mediante una transferencia a una cuenta bancaria de la Dirección General de Finanzas de la UNAM, y luego de un litigio en la Corte estadunidense, específicamente en el distrito Norte del estado de California.

Lo sorprendente es que ese mismo día la UNAM adjudicó otro contrato –como da cuenta la auditoría interna–, para la adquisición del mismo bien en favor de otro distribuidor de Arrayit y por sugerencia de la misma empresa.

De nueva cuenta, el equipo de fabricación de microarreglos de ADN nunca llegó y hoy la institución mexicana tiene demandados a la empresa y a sus principales directivos: Mark Schena, presidente del Consejo de Administración, y Rene Schena, directora Ejecutiva, por “incumplimiento de contrato; dinero tenido y recibido; conversión; ocultación fraudulenta; retención y ayuda a la retención de bienes; competencia desleal”, entre otros delitos.

De acuerdo con la auditoría de 2016 y la denuncia presentada por la UNAM en 2020, en septiembre de 2015 Arrayit y Rene Schena prepararon y entregaron a la UNAM una cotización y una propuesta de contrato para la venta de equipos específicos que le solicitó la Universidad. Lo anterior, a pesar del antecedente de incumplimiento en que había caído la empresa y del año que se había demorado en devolver el recurso.

Lo que siguió fue que Arrayit nunca entregó el equipo a la UNAM y, “a pesar de las numerosas demandas y sin ninguna excusa o razón legal válida –destaca el documento judicial–, nunca devolvió el dinero que la UNAM había pagado por él”. El pago, en este caso y por indicaciones de Arrayit, se hizo a su distribuidora en México: Productos y Servicios Biotecnológicos, SA de CV, “Probiotek”.

Del acuerdo dan constancia las comunicaciones entre el doctor Jorge Ramírez Salcedo, a nombre de la UNAM, y Rene Schena, por parte de Arrayit.

Ramírez Salcedo hoy sigue siendo responsable de la Unidad de Microarreglos de ADN, adscrito al Instituto de Fisiología Celular, organismo de la propia UNAM que junto con el Instituto de Biotecnología está cargo del laboratorio.

El asunto es que “los Schena” –como se señala en la denuncia presentada por la UNAM ante el Poder Judicial de Estados Unidos– sabían que Arrayit no podía cumplir con la orden dentro del plazo de entrega y aún así simularon que estaban en condiciones de cumplir el contrato. Además, trataron de “disuadir a la UNAM de exigir la devolución de su dinero o emprender acciones legales para recuperarlo”. Agrega que mientras la institución mexicana “pagó en su totalidad y esperó pacientemente, Arrayit y los Schena continuaron ocultando esos hechos con el fin de quedarse con el dinero de la UNAM”.

Acerca del porqué el Instituto de Biotecnología contrató de nueva cuenta a Arrayit, a pesar del antecedente inmediato, en la denuncia la UNAM explica que seguía necesitando el aparato y los Schena habían asegurado que ya no habría problemas.

De nueva cuenta, se pagó el ciento por ciento por adelantado con la consigna de que el equipo se entregaría entre 8 y 10 semanas posteriores a la transferencia de recursos. Como no ocurriera la entrega del equipo ni la devolución del dinero, en 2018 la UNAM demandó a Probiotek en México por la falta de entrega del equipo. Aquí un tribunal mexicano determinó que el acuerdo de la UNAM para comprar el equipo era con Arrayit, no con su agente Probiotek.

Y es que, de hecho, la factura TC17471 que entregó Probiotek a la UNAM en 2015 está emitida por Arrayit y firmada por la propia Rene Schena. Reconoce la Universidad que está fechada el 17 de septiembre de 2014, y no de 2015, “porque los fondos de la UNAM asignados específicamente al intento de compra de 2014 a través de Valley, que previamente habían sido pagados y luego devueltos por Valley, se utilizarían para la compra de 2015 directamente”.

La UNAM, representada ante la Corte estadunidense por el abogado Adam F Gambel, demanda la devolución de los 126 mil 515 dólares más el pago de daños por 106 mil 15 dólares. En total, y de prosperar la demanda, la Universidad recuperaría 318 mil 45 dólares, es decir, unos 6 millones 400 mil pesos.

Por su parte, la auditoría interna ya señalaba desde 2016 las responsabilidades de funcionarios de la UNAM en las irregularidades. Determinó que habían incurrido en faltas en la “aplicación de la normatividad de adquisiciones”. Por ello, demandaba realizar investigaciones para revisar las actuaciones de los servidores públicos involucrados. La auditoría emitió “acciones correctivas” y demandó a las autoridades universitarias “ejercer mayor supervisión para que el personal responsable cumpla con la normatividad de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, dejando evidencia del proceso”.

También ordena la auditoría que “invariablemente cuando por el monto de la adquisición lo requiera, someter a consideración del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Campus Morelos, para su autorización”. Asimismo, advierte que toda adquisición que se efectúe con proveedores en el extranjero, pero con representación en México, debe “cumplir con la Normatividad de Adquisiciones”. Lo anterior, “para garantizar las condiciones generales de la compra y en caso de incumplimiento aplicar las sanciones correspondientes”.

La cédula de observación de la auditoría está firmada por Alejandro Ávila Espinosa, quien aparece como “coordinador (jefe de Grupo)” y quien elaboró el documento; Mónica Valseca Sánchez, jefa de Departamento, quien revisó, y Miriam Susana Espinosa Rodrigo, directora de auditoría y quien supervisó el trabajo de auditoría.

El aparato se utiliza para realizar “microarreglos de ADN”, es decir, de acuerdo con la página del Instituto de Biotecnología, trabajar con una colección de fragmentos de ADN adheridos a una superficie sólida, con la cual es posible la detección simultánea de un gran número de secuencias de ADN o ARN con diversos propósitos. “Dentro de las principales aplicaciones de esta tecnología están la caracterización de la expresión génica y la detección simultánea de cepas de organismos patógenos en productos de consumo humano”.

Contralínea solicitó entrevista con la actual directora del Instituto de Biotecnología, Laura Alicia Palomares Aguilera, y con Octavio Tonatiuh Ramírez Reivich, director en el periodo en que se pagaron los contratos. La solicitud se gestionó a través de la Coordinación de Comunicación Social, que encabeza Néstor Martínez Cristo, y la Dirección de Información, a cargo de Guadalupe Díaz. Se explicó que este medio de comunicación solicitaba conocer la situación actual del proceso, si la Universidad recuperaría los recursos y cómo se solventó la falta del equipo. No hubo respuesta.

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