Detrás del oropel que significa ser la institución de educación superior mejor calificada de América Latina, la UNAM es un patrón que incurre sistemáticamente en los peores abusos laborales sobre quienes sostienen su función sustantiva: los profesores de asignatura. El académico Cruz Retama advierte explotación, conculcación de derechos, discriminación y trabajo precario contra el 75 por ciento de académicos, mientras una cúpula recibe privilegios y sueldos superiores a los 100 mil pesos mensuales

Más del 75 por ciento de profesores y profesoras de asignatura y adjuntos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) perciben salarios que no rebasan los 7 mil 500 pesos mensuales, señala el economista Francisco Cruz Retama. El académico de la Facultad de Economía de la llamada “máxima casa de estudios” del país apunta que algunos llegan a cobrar 10 mil pesos mensuales si logran que se les dé una carga académica que raya en la explotación laboral.

Especialista en sindicalismo y asesor político del Sindicato Nacional de Trabajadores de General Tire de México, entre otras organizaciones obreras, Cruz Retama advierte que no sólo se trata de sueldos precarios. También padecen falta de estabilidad en el empleo. Explica que profesores y profesoras se ven obligados a firmar contratos semestrales que terminan la relación laboral con esa periodicidad.

“Y dependemos de que se nos proponga para ocupar una nueva plaza, un nuevo contrato; y muchas veces esto depende de funcionarios menores que, obviamente, atienden instrucciones de los directivos de las facultades y de centros de estudios de la universidad”.

De hecho, la UNAM arrastra los peores vicios contra sus trabajadores. Como patrón, la “Universidad de la Nación” –según señala su eslogan– se comporta como cacique del porfiriato.

Francisco Cruz Retama se refiere, en principio, a la “enorme desigualdad” que hay entre los ingresos de una cúpula administrativa, que no tiene funciones académicas, y el grueso del personal académico que sostiene la carga docente.

Como lo reveló Contralínea, al menos 85 funcionarios de la UNAM perciben sueldos mensuales que van de los 90 mil a los 183 mil pesos. Para ellos sí hay seguridad laboral y reconocimiento de todos los derechos. Además, tienen el privilegio de que ni siquiera deben informar de sus ingresos reales, pues la Universidad mantiene bajo resguardo sus percepciones como investigadores y profesores que reciben tanto de la institución como del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Así, las sumas que reciben anualmente superan los 250 mil pesos.

Para Francisco Cruz Retama el problema es de fondo porque esa burocracia privilegiada es la que gobierna la Universidad y la que decide cómo se deben ejercer los recursos.

“Estamos hablando de un presupuesto que supera los 46 mil millones de pesos y que se reparte de manera desigual a través de una política laboral que tiene más de 3 décadas que se impuso en la Universidad y que es la base de la precariedad.”

Abunda en que esta política mantiene los salarios bajos, “miserables”. Y al mismo tiempo, otorga estímulos que no son parte del salario y que dependen de criterios supuestamente de productividad. “Esa es la esencia del modelo económico que se instauró en el país hace 40 años: la idea de incrementar la productividad”.

A pesar de todas las resistencias que estudiantes y alumnos pudieron enderezar en las últimas décadas, la UNAM no fue ajena al modelo neoliberal que se implantó en todo el país. Y no sólo desde el punto de vista académico, que derivó en cambios a planes de estudio y en nuevas orientaciones de la investigación que se realiza en los institutos, centros y facultades. También, desde el punto de vista administrativo y laboral.

La Universidad aplicó una política salarial de congelamiento de salarios de los profesores y los incrementos solamente fueron a través de “estímulos” por “productividad”.

“De manera que el salario base que percibimos profesores y profesoras de asignatura, incluso un grupo importante de profesores y profesoras de carrera, de tiempo completo, solamente se puede ver incrementado gracias a estos estímulos. Les llamamos popularmente ‘pilones’; y que muchas veces dependen no sólo del trabajo académico, de investigación, publicaciones que realiza el personal, sino en buena medida de la aprobación que reciben de órganos que están controlados por esa burocracia.”

La UNAM tuvo en 2021 un presupuesto anual de 46 mil millones de pesos. Una cantidad similar se aprobó para 2022. No sólo es que sea insuficiente para una institución con 360 mil alumnos, 41 mil académicos y 40 mil trabajadores. Lo peor es que quienes deciden cómo se gastan esos recursos perpetúan sus privilegios. No están interesados en acabar con el modelo de desigualdad.

El problema –explica Francisco Retama– es que esta decisión está en manos del Consejo Universitario, el cual está controlado por el Colegio de Directores. Y el Colegio de Directores está controlado por el rector. Es decir, el grupo de funcionarios que Contralínea ha exhibido con sus salarios estratosféricos y privilegios inaceptables.

“Por supuesto, el presupuesto debe incrementarse; pero con el presupuesto que tenemos y con una política laboral diferente, alcanzaría para incrementar sustancialmente las percepciones de la absoluta mayoría del personal académico de la universidad.”

El académico universitario señala que las demandas de transparencia y democratización de la UNAM han estado vigentes por mucho tiempo en los estudiantes y en los profesores. Sin embargo, ese debate no está en los órganos de gobierno de la universidad.

Y es que las autoridades se eligen a sí mismas. Están muy cómodas con la falta de democracia. Explica que la Junta de Gobierno –las 15 personas que eligen encargadas de elegir al rector y a los directores de las facultades, escuelas, colegios e institutos– es elegida por el Consejo Universitario. Y este Consejo está conformado por representantes de la comunidad, pero primordialmente por los funcionarios universitarios. Es decir, se terminan eligiendo entre ellos. No hay representantes de los profesores de asignatura, por ejemplo, que son mayoría. No tienen derecho a votar y ser votados.

“Como podemos ver, es un círculo vicioso que preserva de manera muy fuerte la antidemocracia en la universidad. En 2 años se tiene que renovar la rectoría de la universidad. El problema no es sustituir a un personaje por otro, sino cambiar de fondo las prácticas que hay en la universidad, y eso implica una reforma a sus ordenamientos.”

Activista, como estudiante durante la huelga de 1999, Francisco Cruz Retama señala que la reforma a la universidad no vendrá de las elites internas ni externas. La única manera de democratizar y transparentar la UNAM será mediante la movilización y la construcción de una organización que “sacuda” a la universidad.

Los profesores de asignatura están tan desprotegidos que el patrón, la UNAM, puede conculcarles los derechos establecidos en la Ley Federal del Trabajo sin que haya ningún tipo de consecuencia. Un ejemplo es que la reforma a la legislación que regula el teletrabajo ni siquiera es considerada en la Universidad. La Ley ya establece que el patrón debe proveer los insumos a quienes desarrollan trabajo desde casa.

Durante toda la pandemia, los profesores han sostenidos con sus propios medios la función sustantiva de la Universidad: impartir clases. Lo único que la UNAM ha proporcionado a los maestros son las licencias para acceder a algunas plataformas de comunicación como Zoom o Moodle. Pero los equipos de cómputo, la conexión para el internet a domicilio, la energía eléctrica, el material audiovisual, etcétera, corre a cargo de los profesores.

“Algunos y algunas hemos tenido que acondicionar espacios para poder impartir clases; y para nada que hemos sido retribuidos por parte de esta patronal universitaria. Eso sí, cada semestre nos agradecen encarecidamente esta labor. La docencia se ha mantenido con el trabajo a distancia no pagado del personal académico. Hemos subsidiado a la Universidad y el teletrabajo para garantizar que el quehacer académico se preserve.”

Francisco Cruz Retama explica que este modelo de precariedad que padecen los profesores es resultado directo de la estructura antidemocrática de la Universidad y de cómo los que la controlan extienden sus privilegios a costa de las mayorías. Amparados en la “autonomía”, gastan el presupuesto sin rendir realmente cuenta a nadie.

Señala que la reforma de fondo que necesita la Universidad debe ser empujada por los estudiantes y académicos, pero también por la sociedad en general. “Se le tiene que reclamar a la UNAM ser congruente con su discurso”.

Califica de “ligera” la afirmación del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de que la UNAM se ha derechizado pues en todo caso eso ha pasado en las cúpulas. Al respecto, señala que la comunidad universitaria ha dado muy importantes luchas en contra de los proyectos de la derecha que tienen más de 40 años intentándose imponer.

“Sin duda, ha habido derrotas muy importantes. Esas derrotas han permitido en primer lugar que se instale este modelo de precariedad laboral y, en segundo lugar, que la antidemocracia sigue reinando. No debemos olvidar que la huelga universitaria de 1999 se desató principalmente para evitar la imposición de un esquema de colegiaturas e inscripciones que iba a dejar fuera a cientos de miles de jóvenes provenientes de las clases más desfavorecidas en el país.”

Ese movimiento estudiantil también logró que las autoridades se comprometieran a convocar y organizar un Congreso Universitario. Incluso los funcionarios universitarios firmaron ese compromiso. A más de 21 años, no cumplieron su palabra. En tal congreso se discutiría una reforma profunda a la UNAM.

“Eso tiene que volver a retomarse. La presión social hacia la UNAM es muy importante porque la población financia con sus impuestos esta institución educativa fundamental.”

Cruz Retama explica que, además de educar, la Universidad debe desarrollar investigación que busque resolver las problemáticas del país. Pero para poder desarrollar las investigaciones, llevar a cabo esos procesos de diagnóstico y de conocimiento de la realidad social, es necesario que en la Universidad reine la democracia, se puedan expresar libremente las opiniones sin represión, y el personal docente esté bien remunerado.

“De esa manera, vamos a garantizar un ejercicio profesional de la educación y vamos a terminar con este modelo que nos tiene a más del 75 por ciento, es decir, 35 mil profesores y profesoras, trabajando en dos o tres empleos laborales diferentes en un mismo día, para poder generar el ingreso necesario para vivir.”

—Los académicos están representados por organizaciones gremiales, de las que se esperaría una defensa del trabajo de los profesores.

—Lamentablemente no es así. Hay que empezar por la representación que tiene la titularidad de nuestro contrato colectivo que son las AAPAUNAM [Asociaciones Autónomas de Personal Académico de la UNAM]. Hace ya por lo menos dos décadas que los especialistas laboristas en México acuñaron el término de Contratación Colectiva de Protección Patronal para definir aquellos convenios que se dan entre patrones y representaciones sindicales para impedir el ejercicio de contratación colectiva genuina. La contratación colectiva genuina implica no sólo la vigilancia sino la negociación a través de una discusión que involucra el conjunto de la base trabajadora sobre su propio contrato colectivo, esto implica ejercer derechos fundamentales no sólo como la libertad sindical, elegir a representantes libremente a través de votos secretos y directos, sino también implica que tengamos la posibilidad de emplazar a huelga e incluso ejercer el derecho de la huelga. Pues en la UNAM eso no existe.

“El personal académico tiene una representación que funciona como un contrato colectivo de protección patronal. No tenemos control sobre las AAPAUNAM, sobre esa representación sindical; no tenemos derecho a decidir sobre las revisiones salariales o contractuales. Es una cúpula que simplemente atiende las instrucciones de la autoridad que, en este caso, es el patrón, la UNAM.”

Por ello, explica, las AAPAUNAM no sólo no ha contribuido a resolver la problemática de la precariedad en la que viven los profesores: han sido sido cómplices y el instrumento para imponerla.

Por su parte, el STUNAM [Sindicato de Trabajadores de la UNAM] tiene una afiliación que supera los 4 mil académicos y académicas y no tiene la titularidad del contrato colectivo.

“No tiene la manera de incidir en la modificación de estas condiciones de trabajo, por lo menos no a través de la contratación colectiva. Pero sin duda tiene una enorme responsabilidad también, porque no es una representación menor: es la décima parte del personal académico y sin duda podría presionar de manera importante para que estas condiciones empiecen a mejorar.”

Francisco Cruz Retama señala que un grupo de profesores interpondrán una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por la discriminación de la que son objeto en los procesos de elección de la representación de los profesores y profesoras ante los órganos de gobierno.

“Esperamos que la CNDH emita una recomendación a la UNAM para modificar sus reglamentos de elección y que se elimine cualquier rasgo de discriminación; de manera que podamos ir poco a poco construyendo las condiciones para que la comunidad cada vez tenga en sus manos la posibilidad de actuar libremente en estos procesos colectivos; que los representantes que surjan de nuestra comunidad respondan a la comunidad y no a los intereses de las autoridades, y que de esa manera cada vez más la comunidad tenga voz en las discusiones que se desarrollan, por ejemplo, para aprobar los presupuestos cada año, su asignación y de conjunto la política laboral.”

Además, se deben eliminar las gigantescas desigualdades. “Un profesor de carrera puede cobrar cada quincena hasta 250 mil pesos, mientras que otro que realiza la misma labor, exactamente la misma labor docente, cobra 4 mil 500 pesos”.

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