Los 224 diputados federales que votaron en contra de la iniciativa de Reforma Eléctrica del Ejecutivo, y que tratan de victimizarse por un supuesto linchamiento social, no pueden sustraerse al inevitable juicio popular y de la historia, por haberse negado a defender los intereses de la nación y con estos los de 44 millones de usuarios de la energía eléctrica en el país, que desde los gobiernos neoliberales de Vicente Fox y Felipe Calderón, vienen pagando en su recibo de luz los costos de los contratos de compra de energía otorgados a los productores independientes o, mejor dicho, empresas trasnacionales, que fueron reafirmados y legalizados con la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto.

Aquellos legisladores que sostuvieron en la tribuna la peregrina tesis de la privatización, ocultaron al pueblo que la reforma consideraba otorgar el 46 por ciento del manejo del mercado eléctrico a los privados, lo que echaba abajo su intransigente postura en tal sentido.

No faltaron quienes se rasgaron las vestiduras defendiendo la teoría de la globalización, pero se abstuvieron de señalar que incluso las potencias del primer mundo buscan a toda costa salvaguardar sus soberanías energéticas como asunto medular de su soberanía nacional.

Imposible de concebir que parlamentos de estos países adopten una posición de entreguismo irracional como el mostrado por los llamados legisladores de oposición, en favor de empresas extranjeras. Y menos aceptar y autorizar la aberrante figura del modelo de autoabasto que además de prohijar una descarada evasión fiscal, aliente el fortalecimiento de monopolios como la cadena Oxxo, que representan una desigual competencia a los comercios en pequeños por las bajas tarifas eléctricas a su favor.

Por el lado que se le vea, no existe un solo argumento sustanciado para justificar esta traición a la patria y a los que menos tienen, sobre todo si se considera que ninguno de los defensores de los intereses trasnacionales, explicó a bien el por qué debían protegerse los intereses de empresas que ya han sangrado al país con miles de millones de pesos, sin aportar un solo beneficio al pueblo de México y otros sectores sociales.

En diciembre del 2013, estos detractores de la Reforma Eléctrica fueron los mismos que aplaudieron, sin siquiera leer su contenido, la iniciativa de la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto, recibiendo a cambio de su desleal sumisión, millonarias cantidades.

Dicha Reforma, representó la pérdida de la soberanía nacional al mermar el control del Estado sobre sus recursos energéticos como el petróleo y la electricidad. Los artículos 25, 27 y 28 constitucionales fueron pulverizados para atar de pies y manos al gobierno, dándoles todas las facilidades a las trasnacionales para invertir en todas las áreas de ambos sectores.

De hecho, se abrieron de par en par las puertas de la privatización de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al transformarlas en Empresas Productiva del Estado y simples administradoras de negocios como el de la transmisión y distribución de energía, como fue el caso de la CFE.

A la piel sensible de estos diputados federales que han brincado a la fama pública con el sambenito de traidores a la patria, le invade la urticaria de la sinrazón pues saben que deben rehuir a los electores de sus distritos que con su voto los llevaron al Congreso al carecer de elementos sólidos y racionales para justificar su posición asumida en San Lázaro, sobre todo sin consultarlos.

¿Cómo puede un legislador de oposición explicar a los ciudadanos comunes que con su voto se protegen los intereses de empresas extranjeras a las que no les importa, bajo ningún sentido, disminuir las tarifas eléctricas sino asegurar sus ganancias?

Estos indolentes parlamentarios no deben llamarse sorprendidos si el día de mañana en sus domicilios sus votantes les lanzan improperios y les exigen un detallado informe sobre su voto en contra. Se supone que un representante popular se debe a sus electores y ante ellos tiene la obligación de responder de sus actos y decisiones parlamentarias. No hacerlo equivale a una insalvable traición. Y los 224 legisladores que votaron en contra de la propuesta presidencial, hasta dónde se sabe, no hicieron ninguna consulta, a pesar de ser un tema de vital trascendencia para la economía y el futuro de México.

El bloque que brincó festejando su pírrico triunfo, olvida que en el marco jurídico del país existe la Ley de Expropiación que faculta al Estado a determinar una trasferencia de propiedad forzada de determinados bienes, siempre y cuando estos sean necesarios para la realización de la actividad del propio Estado y exista una causa de utilidad pública que así lo requiera.

Si nos remontamos a las primeras modificaciones aplicadas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en 1992, por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y más tarde con la ilegítima desaparición de la entidad pública, Luz y Fuerza del Centro, en octubre del 2009, por el espurio gobierno de Felipe Calderón, para rematar con la entrega de la soberanía energética a través de la Reforma Energética de Peña Nieto, que legalizó el despojo de nuestro petróleo y electricidad, tenemos que hay los suficientes argumentos para justificar una expropiación o mejor dicho, una renacionalización de la industria eléctrica nacional.

La Constitución le otorga ese derecho al ejecutivo luego de que el 25 de diciembre de 1936, Lázaro Cárdenas enviara su iniciativa de Ley de Expropiación al Congreso para ser aprobada. Esta herramienta jurídica plasmada en la Constitución, permitió en 1938 al General Cárdenas llevar a cabo la Expropiación Petrolera, y el 27 de septiembre de 1960 consumar al presidente Adolfo López Mateos, la Nacionalización de la Industria Eléctrica.

Causas de utilidad pública y torcidos antecedentes que derivaron en la pérdida del control del Estado sobre nuestros recursos energéticos, sobran como para justificar una medida de tal naturaleza. Y que no canten victoria los que piensan que esta defensa de la nación se ha cancelado, porque organizaciones independientes como el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE), iniciarán en distintas regiones del país, una labor de concientización de la población y de los 44 millones de clientes de la CFE, para impulsar desde la médula social, una propuesta de renacionalización.

Es vital que la sociedad se entere que trasnacionales como la española Iberdrola, la italiana Enel y la estadunidense Sempra Energy, entre otras, han sido de la tantas beneficias en sus intereses mercantiles con el voto en contra de los diputados de partidos como el PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano. Y contra lo que piensan los apátridas legisladores, este debate no ha concluido y ahora le toca al pueblo opinar y levantar la voz, por lo que no deben sorprenderse si a las puertas de su hogar toca una justificada inconformidad social, notificándoles que esta historia en defensa de la patria, sigue adelante.

Martín Esparza Flores*

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

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