Nunca pensó que le pudiera pasar a ella. Natalia Kargopolova se despidió de su único hijo en la entrada del colegio, sin imaginar que ese sería el último momento en que lo vería. Hoy, tras dos años de que su expareja le arrancó a su pequeño, sigue en espera de justicia.

Después de la comparecencia de su expareja, Pedro Emiliano –quien la acusó de tener intenciones de abandonar el país–, un juez familiar de la Ciudad de México falló a favor del presunto agresor. Desde entonces, Natalia no sólo perdió la patria potestad de su hijo, sino que, además, se ha enfrentado a amañados procesos judiciales en lo que, de acuerdo con su percepción, reina la corrupción y el influyentismo. Pero, ante todo, un sistema judicial cooptado por el patriarcado.

Con la resolución del juez, su expareja cortó comunicación con ella y con la terapeuta de su hijo. Al pequeño de ocho años lo cambió de escuela y lo alejó de todos, incluso de amigos y familiares maternos. Fue así como Natalia entró en el porcentaje de víctimas de violencia vicaria en el país.

Las mujeres que sufren este tipo violencia de género generalmente son dañadas, chantajeadas o condicionadas por sus exparejas, a través de sus hijos o seres queridos; es decir, por interpósita persona. Ello, con el objetivo de controlarlas tras la ruptura de la relación o durante el proceso de divorcio.

De igual manera, se ubica a este tipo de violencia de género como caldo de cultivo para otras formas de violencia, pues suelen emplearse agresiones psicológicas, físicas, sexuales o económicas. Sonnia Vacaro –a quien se le atribuye este término de violencia vicaria– ha señalado que la mayoría de los agresores son hombres con trastornos narcisistas.

Pese a que está demostrado el daño que esta expresión de la violencia de género ocasiona, autoridades judiciales siguen privilegiando a los varones en los procesos de asignación de las custodias.

“Una de las características es que los agresores de la violencia vicaria están en el ejercicio de poder o económico o político, y pueden encontrar muchísima complicidad con el Poder Judicial para que las mujeres no puedan acceder a la justicia”, explica a Contralínea la diputada local morenista, Marcela Fuente Castillo, integrante de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México y del Aquelarre de Donceles –agrupación de diputadas que luchan por una agenda feminista–.

A pesar de la incorporación de la violencia vicaria a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al Código Civil Federal y al Código Penal Federal, existe un abismo a la hora de garantizar justicia para las víctimas.

La legisladora Marcela Fuente señala que la descomposición del Poder Judicial ha propiciado una desconfianza entre las mujeres que padecen violencia vicaria. Junto a ello, “la visión patriarcal” de algunas autoridades al frente de los ministerios públicos han generado que se perpetúen estos abusos.

“Hay un debate sobre el tema de las transformaciones necesarias en el Poder Judicial. Se centra mucho en la opulencia, pero nosotras creemos que se tiene que reconfigurar el sistema de justicia de nuestro país porque no llega a mujeres, ni a muchas personas. […] Y los jueces también tienen que reconfigurar su papel. No sólo son cursos de perspectiva de género, hay cosas que no toman en cuenta. Eso sería muy importante para avanzar en el tema de la justicia en México”.

A raíz de la pérdida de la custodia de su hijo, Natalia interpuso una serie de apelaciones por las anomalías que sus abogados encontraron en su caso. Sin embargo, al ser de nacionalidad rusa, la lucha legal se ha convertido en un martirio que no logra entender.

Sin justificación legal, el último juez refirió su sentencia a un juzgado de Uruapan, Michoacán. Asimismo, su expediente psiquiátrico fue presuntamente alterado y presentado por su expareja, con lo que se violó la Ley de Protección de Datos Personales, al carecer de autorización y facultad legal para acceder a éste.

Bajo una serie de demandas prefabricadas, sin un perito traductor, ni suficiente solvencia financiera, y ante la angustia de no ver más a su único hijo, Natalia decidió unirse a una de las pocas organizaciones que existen en el país para enfrentar procesos como éstos: el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria (FNVV).

Presidido en la Ciudad de México por Alexandra Volín Bolok, da a conocer el concepto; concientiza a las autoridades sobre su existencia y la forma en la que se perpetúa, y lucha para que se otorguen garantías que logren erradicar esta agresión.

Volín Bolok comenta a Contralínea que hablar de violencia vicaria se ha convertido en un riesgo tan grave que incluso algunos jueces buscan cualquier excusa para proceder en contra de las activistas. Asimismo, advierte que han recibido amenazas por parte de algunos progenitores. “No soy la única, la gran mayoría de las mamás estamos muy censuradas”.

De acuerdo con su testimonio, el modus operandi de los padres y abogados es arrebatar a los hijos de sus madres bajo el letargo del proceso. Los agresores buscan a ciertos jueces de la capital para que lleven sus casos, pues conocen las acciones a las que incurren. “Algunos de los jueces vinculan en automático a proceso a las madres, otros judicializan las carpetas o no vinculan a proceso a los agresores”.

La violencia vicaria contiene múltiples aristas debido a la singularidad de las demandas. La fundadora de la colectiva CAM-CAÍ, Mildret Sainz, respondió a Contralínea la complejidad del tema en materia penal.

“Cada caso tiene sus particularidades, sobre todo porque cuando hay algunas compañeras que dicen que ‘siempre tuvo que haber algún tipo de violencia previo’ no es cierto. No todas han tenido violencia previa, a veces se da en el postdivorcio. La mujer tiene una nueva pareja, piden una pensión alimenticia, y empieza a partir de aquí el caso de violencia vicaria”.

Se vuelve una cuestión compleja. La singularidad de los casos genera una tonalidad de claroscuros. Algunas mujeres huyen de la violencia que preside sus relaciones, mientras que otras provienen de ambientes más estables, en los cuales confiaron en su expareja, quien terminó por violentarlas.

En México, no existen cifras oficiales. No obstante, Mildret Sainz indicó que algunas colectivas se encuentran trabajando en conjunto con diputadas integrantes de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Unión para lograr dimensionar la gravedad de esta agresión.

La activista agregó que, de acuerdo con el último informe del Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género (CELIG), los datos estimaron un total de 7 mil 670 víctimas durante 2022.

Así como Natalia, el 54 por ciento de las mujeres sufrió sustracción, retención y ocultamiento de sus hijos en algún momento de su vida. Mientras que el 60 por ciento fueron acusadas de carecer de aptitudes para ser madre; el 44 por ciento, de ejercer violencia psicológica, y el 43 por ciento, de padecer locura o “histeria”.

Estas acusaciones falsas, junto con los amañados procesos, dejan a las víctimas en situación de vulnerabilidad económica. En entrevista, la asesora legislativa Arisbeth Martínez indicó que también es trastocada por la propia violencia patrimonial.

“Los agresores empiezan a acorralar a las víctimas hasta que las dejan sin dinero o se las llevan a juicio hasta que las dejan vaciadas totalmente. Entonces, por eso es tan importante que en el ámbito legislativo, las leyes se vayan completas, porque de por sí el sistema judicial continúa vulnerando a las víctimas”.

Actualmente, la principal lucha es por visibilizar esta violencia de género. “Tenemos que contrarrestar la contranarrativa de la ultraderecha, principalmente de las personas ultra católicas que revictimizan y señalan a las mujeres por su visión machista”.

Desde su administración, la ahora exjefa de gobierno y candidata a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, inició una lucha para mitigar todas las violencias de género. En 2019, creó una agenda feminista mediante el Plan de Acciones Inmediatas de Atención a la Violencia Contra las Mujeres, del que se desprenden varias implementaciones.

Con ello, se estableció la Red de Mujeres por la Igualdad y la No Violencia, el Seguro para el Fortalecimiento de la Autonomía de las Mujeres en Situación de Violencia de Género y la Secretaría de Mujeres (Semujeres). Mientras que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México dio origen al Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género (CELIG).

Ante la alta demanda de las víctimas de violencia de género, en la capital creció el presupuesto para atender a las mujeres en un 155 por ciento, en los últimos cuatro años. Sin embargo, la lucha persiste para que casos, como el de Natalia Kargopolova, logren resolverse.

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