México es el segundo país con mayor incidencia de bullying a nivel mundial, según el Observatorio Mundial de Bullying Sin Fronteras. Además, datos del Inegi indican que 3.3 millones de adolescentes son afectados por estas violencias, y la Secretaría de Salud registró 1 mil 58 hospitalizaciones, en 2024, por violencia escolar. La doctora Gabriela Ruiz Serrano advierte que el acoso escolar es un fenómeno estructural alimentado por la normalización de la violencia, el adultocentrismo y la exclusión económica. Pese a los marcos legales, la carencia de atención en salud mental en las escuelas públicas deja una deuda institucional que impacta el desarrollo cognitivo y emocional de las infancias, haciendo urgente la transición hacia entornos escolares basados en el cuidado y el acompañamiento integral
El acoso escolar o bullying no sólo es un entramado de violencias que se puede dar entre alumnos o la comunidad escolar, sino que es el resultado de las interacciones que se dan dentro de ella, asegura la doctora Gabriela Ruiz Serrano, académica en la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Añade que estos comportamientos están relacionados con procesos de aprendizaje social en los que las infancias reproducen patrones de su entorno, particularmente en contextos donde la violencia se percibe como un mecanismo de supervivencia
Según el informe del Observatorio Mundial de Bullying Sin Fronteras, realizado en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la OCDE, México sería el segundo país con mayor incidencia a nivel global. Ello, porque entre abril de 2024 y 2025 se registraron 290 mil casos. Los datos apuntan que a nivel mundial también ha crecido el ciberacoso, que resulta en la pérdida de 200 mil vidas de niños y adolescentes cada año.
Las violencias en las escuelas impactan las trayectorias educativas, como le ocurrió a “Andrea” –nombre protegido para resguardar su integridad–, quien fue víctima de acoso escolar por cuatro años. La exclusión que vivió inició cuando tenía 10 años de edad, con segregación de la dinámica escolar cotidiana. A través de la llamada ‘ley del hielo’, fue apartada de las actividades académicas frente a un cuerpo docente que, aun siendo testigo del aislamiento, omitió cualquier respuesta precautoria. El argumento institucional para la inacción fue que se trataba de diferencias entre pares cuya resolución correspondía exclusivamente a los estudiantes.
Este distanciamiento inicial, originado tras un desacuerdo con una compañera, pronto adquirió un matiz de “control social” basado en el género, ya que el rechazo del grupo se alimentó de prejuicios sobre la forma en que Andrea establecía sus vínculos, señalando su preferencia por actividades deportivas y la convivencia con compañeros varones como una conducta atípica que generaba incomodidad en el entorno, narra la joven.
Al ingresar al quinto grado, su profesora cuestionó abiertamente sus relaciones con estudiantes de otros grados –en su mayoría hombres– y calificó su comportamiento como “incorrecto”. Esta validación desde la figura de poder en el aula permeó de inmediato en el grupo, transformando el aislamiento previo en una estructura de burlas, etiquetas y juicios constantes que terminaron por definir la identidad de Andrea ante sus compañeros.
A pesar de que su familia intervino para solicitar un entorno seguro, la respuesta de la docente consistió en restringir aún más la movilidad de la menor, obligándola a permanecer sola durante los recreos y sometiéndola a una vigilancia dentro del salón de clases, lo que consolidó a la figura pedagógica no como un agente de protección, sino como el mediador que legitimaba y ejecutaba la segregación.
La transición a la educación secundaria no detuvo la inercia del hostigamiento, sino que la intensificó al trasladarla al ámbito de la integridad sexual y el entorno digital. El personal de orientación escolar mantuvo la línea de juicio sobre su identidad, indicándole explícitamente que sus formas de relacionarse “no eran propias de una niña”. De acuerdo con la ahora joven de 23 años, ese señalamiento escaló otras agresiones: insultos a las afueras del plantel, donde calificativos como “sarna” y “puta” eran gritados frente a una comunidad estudiantil que observaba sin intervenir o se sumaba a la mofa.
Paralelamente, la violencia se extendió a las plataformas digitales mediante el envío de mensajes con insinuaciones y contenido sexual explícito, configurando un asedio que no terminaba al concluir la jornada escolar. Ante las quejas de la familia, la institución educativa intentó resolver el tema al citar administrativamente a Andrea y su principal agresora; pero la medida resultó ineficaz y, al no ofrecer garantías de seguridad, provocó que el círculo social de la víctima se fracturara por completo ante el temor de sus amigos de ser blanco de las mismas represalias.
Andrea indica que esta violencia estructural derivó en un deterioro progresivo de su salud biopsicosocial de la estudiante, pues presentó un descenso marcado en su rendimiento académico, un aislamiento familiar profundo y el abandono de todas las actividades que antes le generaban interés.
En el plano emocional, el hostigamiento prolongado también repercutió en un cuadro depresivo severo, que incluyó episodios de autolesión e ideación suicida, obligando a su familia a buscar atención psicológica especializada y a tramitar un cambio de grupo como medida de supervivencia, ante la exposición directa a sus agresores.
Hoy, a sus 23 años, Andrea identifica que las secuelas de esta experiencia marcaron permanentemente su forma de vincularse, pues durante años evitó generar amistades con hombres para intentar detener los rumores y la violencia sexual digital, reconociendo hoy que la raíz del daño no residió únicamente en el comportamiento de sus pares, sino en un sistema de adultos que, mediante prejuicios sobre el “deber ser” femenino, trazaron y permitieron la ruta de su exclusión.
Lejos de tratarse de un caso aislado, su historia se inserta en un patrón más amplio que atraviesa las escuelas del país. Las dinámicas que la marcaron –la exclusión, la estigmatización de género y la ausencia de intervención institucional– forman parte de un fenómeno documentado.
En entrevista, la doctora en psicología Ruiz Serrano advierte que la exclusión escolar, particularmente en casos donde se sanciona a estudiantes por conductas consideradas problemáticas, puede incrementar su vulnerabilidad en otros ámbitos. En contextos de riesgo social, la desvinculación del sistema educativo se ha identificado como un factor que amplía la exposición a entornos de violencia.
Por su parte, la psicóloga infantil Claudia Gallegos señala que la falta de intervención frente a situaciones de violencia puede contribuir a su normalización dentro de los espacios escolares. La omisión, el silencio o la ausencia de mecanismos de actuación claros pueden reforzar estas dinámicas, al no establecer límites visibles frente a las agresiones.
Radiografía de la violencia
La magnitud del acoso escolar en México se expresa no sólo en su incidencia, sino en la forma en que se distribuye, se manifiesta y escala en distintos niveles dentro del entorno educativo. Más allá de las cifras generales, los registros oficiales permiten identificar patrones específicos de violencia física, psicológica y digital que configuran un fenómeno estructural.
La Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indica que el 28 por ciento de los 11.7 millones, de adolescentes que asisten a la escuela en México –es decir 3.3 millones– reportaron haber sido víctimas de acoso escolar en los últimos 12 meses.
En el ámbito de la violencia física, los datos de la Secretaría de Salud muestran un incremento sostenido en los casos que requieren atención hospitalaria. Tan sólo en 2024 se registraron 1 mil 58 hospitalizaciones de personas de entre 1 y 17 años por agresiones ocurridas en escuelas, lo que representa un aumento del 132 por ciento en comparación con 2010. Este tipo de violencia afecta principalmente a hombres, quienes concentran el 63.4 por ciento de los casos atendidos en centros de salud.
En contraste, la violencia psicológica presenta un comportamiento diferenciado por género. El 73.9 por ciento de las víctimas que requieren atención por afectaciones emocionales son mujeres. Aunque sus efectos no siempre son visibles de inmediato, los registros médicos documentan una creciente presencia de trastornos de ansiedad, estrés postraumático y malestar emocional severo, asociados a dinámicas de hostigamiento prolongado.
La distribución territorial de estos casos también revela concentraciones específicas. En el caso de la violencia física, tres entidades –Estado de México, Ciudad de México e Hidalgo– concentran cerca del 40 por ciento de las hospitalizaciones a nivel nacional. Para la violencia psicológica, el fenómeno se intensifica en Estado de México y Guanajuato, donde se agrupan seis de cada 10 casos registrados en unidades de salud.
Además, las estadísticas evidencian la vulnerabilidad de grupos históricamente discriminados. Durante 2024 se documentaron casos de menores indígenas y personas con discapacidad que fueron víctimas de agresiones dentro de sus comunidades escolares, lo que apunta a una intersección entre discriminación estructural y dinámicas de acoso.
En cuanto a las formas que adopta el bullying, los datos permiten identificar una tipología diversa. La exclusión social es la modalidad más extendida, caracterizada por el rechazo sistemático o la incitación a aislar a una persona del grupo. Le sigue la violencia verbal, que incluye burlas y apodos ofensivos, y la agresión física directa, que puede derivar en lesiones que requieren atención médica. Estas formas no se presentan de manera aislada, sino que suelen coexistir y reforzarse entre sí.
El entorno digital amplifica estas dinámicas. De acuerdo con el MOCIBA, millones de adolescentes han experimentado ciberbullying a través de dispositivos móviles y redes sociales. Entre las formas más graves se encuentran las insinuaciones sexuales no deseadas, que evidencian la presencia de violencia sexual digital dentro de las interacciones entre menores.
Finalmente, los registros permiten identificar que el agresor no suele ser una figura externa. En una proporción significativa de los casos, las víctimas reconocen a personas de su entorno cercano como responsables de las agresiones, incluyendo compañeros de clase, así como docentes o personal escolar. Esta cercanía refuerza la persistencia del acoso y dificulta su denuncia.
Asimismo, los datos muestran que la violencia que ocurre en la escuela puede estar vinculada con dinámicas del ámbito familiar. En los registros de atención, aparecen como figuras agresoras parejas en el caso de mujeres adolescentes, y familiares directos en el caso de hombres, lo que sugiere que el acoso escolar puede funcionar como una extensión de otras formas de violencia presentes en el entorno cotidiano de niñas, niños y adolescentes.
Para atender parte de esta problemática, el pasado 19 de marzo el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, y la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, presentaron los Lineamientos Generales para la Prevención y la Atención de la Violencia Escolar en la Educación Media Superior. Al respecto, el titular de la SEP afirmó que uno de los motivos por los cuales las y los jóvenes abandonan la escuela es porque no se sienten cómodos ni en un espacio seguro, y que la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó trabajar para generar una mejor convivencia escolar.
Los lineamientos se pueden consultar en: https://heyzine.com/flip-book/1fdcb73bcd.html. Delgado Carrillo explicó que buscan contribuir a que el estudiantado quiera estar en las escuelas: “que se la pasen bien, que tengan amigas y amigos, que creen redes de apoyo, y que sepan que pueden acudir a ellas y ellos para compartir cómo se sienten, si alguien está ejerciendo algún tipo de violencia o, incluso, para expresar su felicidad”.
Por su parte, la secretaria Citlalli Hernández subrayó que una de las prioridades del gobierno es garantizar el acceso a una vida libre de violencias para todas las mujeres, “incluidas las juventudes, que son sectores estratégicos y fundamentales en nuestro país”. Por ello, dijo, “estos lineamientos son para nosotras fundamentales, porque queremos que ustedes sean la generación de la paz y la igualdad; una generación que construya –casi como un acto de resistencia frente a lo que ocurre en el mundo– una convivencia cotidiana libre de violencia, basada en el respeto”.
Cultura de la violencia
En el contexto internacional del acoso escolar, México presenta características particulares que lo diferencian de otros países. El informe del argentino Observatorio Mundial de Bullying Sin Fronteras señala que las dinámicas de violencia en el entorno escolar no pueden entenderse de forma aislada, sino en relación con factores sociales más amplios, como la inseguridad y la desigualdad económica.
Uno de los elementos identificados es la influencia de la mal llamada narcocultura en la construcción de jerarquías entre estudiantes. De acuerdo con el informe, el acoso no se limita a la confrontación física o verbal, sino que también se articula a partir de la emulación de símbolos asociados al poder criminal. Esto se refleja en prácticas como la adopción de estéticas vinculadas a grupos delictivos o la reproducción de contenidos musicales y discursivos que exaltan estas figuras.
En este contexto, la pertenencia a determinados códigos culturales puede incidir en la posición que ocupan niñas, niños y adolescentes dentro de sus grupos escolares. Aquellos que no se identifican con estas referencias, o que se distancian de ellas, pueden quedar expuestos a dinámicas de exclusión o hostigamiento.
A este escenario se suma la dimensión económica. Datos de la ENADIS muestran que una parte de las agresiones en el ámbito escolar está asociada a condiciones materiales. La falta de acceso a bienes de consumo, como dispositivos electrónicos o artículos de uso cotidiano, puede convertirse en un factor de exclusión social dentro del aula.
Estas dinámicas se intensifican en contextos donde coexisten distintos niveles socioeconómicos, ya que la comparación constante entre pares puede derivar en prácticas de discriminación y violencia simbólica. En estos entornos, los objetos de consumo adquieren un valor que trasciende su utilidad, al funcionar como marcadores de pertenencia o estatus.
La unión de estos factores –referentes culturales asociados a la violencia y condiciones de desigualdad– configura un entorno complejo para la convivencia escolar. En este marco, las respuestas institucionales centradas exclusivamente en medidas disciplinarias resultan limitadas frente a dinámicas que tienen un origen multifactorial.
El acoso escolar en México no sólo responde a interacciones individuales, sino que se encuentra atravesado por condiciones sociales, económicas y culturales que inciden en su reproducción dentro de las escuelas.
Arquitectura del miedo: infancias ante el adultocentrismo
Para comprender el acoso escolar más allá de su manifestación visible, la doctora Ruiz Serrano señala la necesidad de observar sus efectos en el desarrollo neurobiológico de niñas, niños y adolescentes. De acuerdo con la académica de la UNAM el bullying no se limita a una interacción social, sino que puede incidir en la configuración del sistema nervioso en contextos donde la violencia es constante.
Durante la primera infancia, el cerebro humano alcanza aproximadamente el 80 por ciento de su desarrollo, por lo que las condiciones del entorno –particularmente las relaciones con figuras adultas– influyen de manera directa en la formación de conexiones neuronales. En este periodo, la exposición continua a gritos, castigo corporal o negligencia puede generar la liberación sostenida de cortisol, una hormona asociada al estrés que, en niveles elevados, afecta funciones relacionadas con el aprendizaje y la regulación emocional.
En este contexto, algunas conductas agresivas en el ámbito escolar pueden entenderse como respuestas de adaptación. De acuerdo con la académica Ruiz Serrano, niñas y niños expuestos a entornos adversos desarrollan mecanismos orientados a la identificación constante de amenazas, lo que influye en su forma de interactuar con otros.
A este proceso se suma la etapa de la adolescencia, caracterizada por una reorganización neuronal conocida como poda sináptica, en la que el cerebro refuerza ciertas conexiones y elimina otras. Este periodo coincide con la educación secundaria y representa una fase de alta vulnerabilidad emocional y social, en la que la búsqueda de identidad y pertenencia adquiere un papel central.
Cuando estas dinámicas se desarrollan en entornos atravesados por el hostigamiento, pueden presentarse afectaciones en la salud mental, como ansiedad, estrés postraumático o depresión, de acuerdo con registros del sector salud.
En este marco la académica de la ENTS identifica el papel del adultocentrismo en la reproducción de estas violencias. Este modelo de relación, basado en la centralidad de la autoridad adulta, se traduce en prácticas de invalidación de la voz de niñas y niños y en el uso de medidas disciplinarias sin acompañamiento emocional.
Estas dinámicas pueden influir en la forma en que los estudiantes replican relaciones de poder entre pares. En algunos casos, quienes ejercen violencia han estado expuestos previamente a entornos donde estas prácticas son recurrentes, lo que refuerza su reproducción en el espacio escolar.
Frente a este escenario, especialistas en salud mental infantil destacan la importancia de generar entornos de seguridad emocional y buen trato, asociados a procesos como la liberación de oxitocina, vinculada al apego y la confianza, como parte de estrategias para contrarrestar los efectos del estrés crónico.
Deuda institucional en la atención del acoso escolar
A pesar de la existencia de marcos normativos como la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), especialistas señalan que persisten brechas entre lo establecido en la legislación y las condiciones reales en los planteles educativos.
Uno de los principales retos es el acceso a servicios de atención psicológica. Mientras que en instituciones privadas suelen existir áreas especializadas, en el sistema público la presencia de psicólogos escolares es limitada, lo que dificulta la detección oportuna de casos de acoso y reduce las posibilidades de intervención temprana.
A esta situación se suman las condiciones en las que opera el personal docente. De acuerdo con la académica Ruiz Serrano, muchos profesores enfrentan grupos numerosos, en algunos casos de hasta 60 alumnos, lo que dificulta la identificación de cambios conductuales o emocionales en el alumnado. En estos contextos, la atención individualizada y el seguimiento de casos de violencia se vuelven limitados.
Las respuestas institucionales suelen centrarse en procedimientos administrativos o capacitaciones generales, sin acompañamiento continuo de especialistas como psicólogos o trabajadores sociales. En algunos casos, las medidas adoptadas frente a conductas asociadas al acoso consisten en la separación del estudiante del entorno escolar.
De acuerdo con la especialista, sin estrategias de seguimiento, estas acciones pueden incrementar la vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes, particularmente en contextos de riesgo social. La desvinculación del sistema educativo ha sido señalada como un factor que amplía la exposición a entornos de violencia.
Otro de los desafíos identificados es la confianza en las figuras escolares como canales de denuncia. Informes sobre acoso escolar indican que los docentes no siempre son la primera opción a la que recurren las víctimas, lo que puede estar relacionado con la percepción de falta de acompañamiento o resolución efectiva.
Cuidado de infancias como responsabilidad comunitaria
El acoso escolar en México ha sido abordado tradicionalmente como un problema limitado al entorno educativo; sin embargo, organismos internacionales coinciden en que se trata de un fenómeno con implicaciones en materia de derechos humanos y salud pública, que requiere respuestas más amplias que las medidas disciplinarias convencionales.
En este contexto, el papel del entorno resulta determinante. De acuerdo con UNICEF, el acoso no se configura únicamente entre agresor y víctima, sino que se sostiene en dinámicas colectivas donde intervienen otros actores. La presencia de testigos –compañeros, docentes o familiares– influye en la continuidad o interrupción de estas conductas.
La académica Ruiz Serrano subraya la importancia de generar entornos de seguridad emocional para niñas, niños y adolescentes. Desde el enfoque neurobiológico, se ha documentado que el cerebro mantiene capacidad de adaptación, lo que permite la recuperación frente a experiencias adversas cuando existen condiciones de acompañamiento, escucha y vínculos seguros.
Estas condiciones, sin embargo, dependen de factores estructurales. La disponibilidad de personal especializado, como psicólogos y trabajadores sociales en las escuelas, así como la implementación de estrategias de atención integral, son elementos señalados como necesarios para abordar el fenómeno desde una perspectiva preventiva.
Asimismo, la especialista de la salud mental advierte que la forma en que las personas adultas se relacionan con las infancias incide en la reproducción o contención de la violencia. Prácticas como la invalidación emocional o la normalización de conductas agresivas pueden influir en la manera en que niñas, niños y adolescentes interpretan y replican estas dinámicas en sus espacios de convivencia.
En este sentido, el abordaje del acoso escolar implica reconocer a las infancias como sujetos de derecho en el presente, cuyas experiencias tienen efectos inmediatos en su desarrollo. Esto incluye considerar sus entornos escolares como espacios clave para la construcción de relaciones basadas en el respeto y la convivencia.
El bullying trasciende la interacción individual para consolidarse como un síntoma de fallas estructurales. Su persistencia en las aulas no es un evento fortuito, sino el resultado de una intersección entre la omisión institucional, la precariedad económica y una cultura que normaliza la agresión. El abordaje efectivo del acoso escolar demanda, por tanto, una respuesta articulada que desplace la sanción administrativa y sitúe al Estado, la escuela y la familia como garantes corresponsables de la integridad y el desarrollo de las infancias.
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