Dina Boluarte asumió la Presidencia de Perú, tras el golpe de Estado en contra de Pedro Castillo. Su gobierno comenzó con víctimas fatales resultado de la violenta represión policial y militar a las protestas. Los familiares siguen exigiendo justicia por sus fallecidos

Lima, Perú. “Vamos a caminar hasta que caigan presos con sanciones ejemplares de cadena perpetua quienes mataron a nuestros hermanos, para que nunca más se atrevan a mandarnos a asesinar a los que somos quechuas y aymaras”, afirmó Raúl Semillán a IPS, al conmemorarse dos años de la violenta represión policial y militar, la cual mató a 18 civiles.

El 9 de enero de 2023 en Juliaca, ubicada en el sureño y andino departamento peruano de Puno,  se intensificaron las protestas sociales iniciadas en el país el 7 de diciembre de 2022, tras la destitución por el Congreso Legislativo del presidente Pedro Castillo, quien fue detenido ese mismo día bajo la acusación de intento de golpe de Estado, y sucedido por su vicepresidenta Dina Boluarte.

El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre estos hechos en Perú concluyó que 58 personas murieron y 912 resultaron heridas como resultado del uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza por agentes del Estado durante las protestas, las cuales sucedieron por diferentes ciudades y localidades del país.

Además, afirma, estos actuaron por orden de la recién estrenada mandataria con el apoyo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

En cuanto a Juliaca, donde en un solo día se produjeron los sucesos represivos causantes de las 18 muertes, instó al gobierno a investigar, con la debida diligencia, las graves violaciones a los derechos humanos para a los autores materiales e intelectuales.

También, solicitó se haga con un enfoque étnico racial. Las protestas sociales tuvieron como protagonistas mayoritarios a pueblos indígenas y comunidades campesinas, sobre todo del sur del país, en rechazo a haberles despojado los poderes tradicionales de Lima de una figura emanada de ellos, como era Castillo, un maestro y gremialista rural.

Se quebró un futuro

Samillán, de 42 años, afirmó a IPS por teléfono desde Juliaca, al hacer un alto en los actos conmemorativos por el segundo aniversario de la violenta represión que le arrebató a su hermano Marco Antonio, a quien dispararon por la espalda mientras auxiliaba a heridos en las inmediaciones del aeropuerto internacional Manco Inca.

La conmemoración central de la represión tras la destitución y apresamiento de Castillo se concentró este año en Juliaca, con diversos actos y reclamaciones,  entre el 7 y el 10 de enero, aunque también hubo actos en otras localidades con víctimas destacadas.

Con dolor en sus palabras y también con la convicción de seguir adelante en su lucha por justicia con la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de Enero que fundó y preside, Samillán recordó a su hermano. Asimismo, develó los impactos en su propia vida del accionar represivo del gobierno de Boluarte y su indiferencia ante el clamor de las familias.

Boluarte, con una popularidad que apenas roza 3 por ciento, se apuntala en el poder con una alianza con la fujimorista Fuerza Popular, mayoritaria en el parlamento, y otros grupos de derecha, alejada de los grupos de izquierda y movimientos populares, los cuales llevaron a la presidencia a Castillo en julio de 2021.

“Marco tenía 30 años, era licenciado en biología y estaba terminando su segunda carrera de medicina; estaba por iniciar su internado cuando le apagaron la vida.  Era muy solidario, en la pandemia fue con otros colegas a hogares humildes a atender a las personas con Covid. Se identificaba con las necesidades de la población”, evocó.

De origen quechua, Samillán es uno de los tantos habitantes de Puno, una de los cuatro departamentos que sobrepasa el 40 por ciento de pobreza. Conocido por compartir con Bolivia el lago Titicaca, el más alto del planeta y por su riqueza minera, las políticas de Estado no han resuelto problemas de su población como la falta de servicios básicos y el empleo precario.

“Mi vida ha cambiado mucho, se han truncado todos mis proyectos como sacar la licenciatura de psicología y terminar mi segunda carrera de derecho. Con Marco, teníamos la idea de poner un centro médico y trabajar juntos, pero se nos quebró el futuro. Fuera de ello ya no puedo dormir bien, tengo pesadillas, es una carga inmensa no encontrar justicia”, reveló.

Ni su familia ni la de las demás víctimas han accedido a reparaciones en salud mental, el Estado se desentendió de su situación, pese a las múltiples secuelas que enfrentan, “porque vivimos con dolor, con las heridas abiertas”, remarcó Samillán, tras explicar que, como consecuencia, existen muchas familias que han caído en la depresión y en la pobreza extrema.

Confía en que los autores materiales e intelectuales de la matanza terminarán por rendir cuentas a la justicia y valoró la participación de familiares de otros departamentos.  “No estamos solos, la presencia estos días de hermanos de Lima, Cajamarca, Cusco, Arequipa, nos fortalece para no detenernos en nuestra búsqueda de justicia”, subrayó.

Un régimen inaugurado con sangre

Con más de tres décadas en la defensa de los derechos humanos, la abogada Gloria Cano, de 64 años, consideró que el gobierno de Boluarte tiene el sello de haberse inaugurado con graves hechos de violaciones a los derechos humanos, los cuales son reconocidos internacionalmente como ejecuciones extrajudiciales.

La directora de la no gubernamental Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), sostuvo, en un diálogo con IPS en Lima, que esta marca se ha acentuado.

Por ejemplo, citó, cuando la propia presidenta guardó y guarda silencio sobre las muertes en la investigación fiscal y cuando el Congreso Legislativo y el Ejecutivo restringen el presupuesto al Ministerio Público (fiscalía), lo cual obstaculiza las investigaciones.

El caso de las muertes en las protestas sociales del 2022-2023 está a cargo de un equipo especial de fiscales de Lima, que se desplaza a diferentes ciudades, como Juliaca, a tomar testimonio para las diligencias, pero el avance es lento por falta de recursos.

Además, ante la negativa de sectores del gobierno de entregar la información de los hechos, están solicitando vía judicial que el requerimiento se cumpla.

“Este régimen ha impregnado en su gestión un sello de retroceso en materia de derechos humanos. Y ha continuado junto con el Congreso en dar medidas en esa dirección”, dijo Cano.

A su juicio, “esta situación se puede agudizar, porque el régimen entra a su última etapa, y van a querer mantenerse en el poder no sólo como personas, sino como grupo”. En 2026, se realizarán las elecciones generales que renovarán la presidencia y el Congreso.

La abogada agregó que “por eso cambian la legislación tratando de sacar del camino a cualquier opositor político, estigmatizando a las personas, tratando de dejar en la indefensión a quienes levanten su voz por alguna injusticia; se quieren lanzar contra las organizaciones de derechos humanos”.

Aprodeh ha sufrido el acoso de grupos que acuden a los exteriores de su sede en la ciudad de Lima a lanzarles agravios. La policía no ha actuado ante las denuncias y la investigación fiscal es lenta. “Hemos vivido una sensación de indefensión, pero continuaremos con nuestra labor”, sostuvo Cano.

No perder la esperanza

El 14 de noviembre del 2020, en Lima, el disparo de perdigones de la policía arrebató la vida de Inti Sotelo, joven de 24 años, quien era parte de las brigadas para desactivar bombas lacrimógenas en la movilización social contra la investidura del congresista Manuel Merino, como presidente del país.

Merino había sido nominado para llenar la vacancia decidida por el Congreso del mandatario Martín Vizcarra, en otro de los capítulos de la persistente inestabilidad política de Perú.

Killa, su hermana, de 28 años, estuvo en Juliaca, donde se sumó al programa de conmemoración por los dos años de la masacre en esa ciudad, al acompañar a los familiares de las víctimas.

Desde allí, aseguró a IPS que “siento muchas emociones, hemos pasado por lo mismo y me llevo su fuerza y garra en la lucha por justicia”.

Expresó su preocupación por el debilitamiento de los derechos humanos y las amenazas que se ciernen en este gobierno contra quienes se movilizan y protestan. “Nos discriminan, nos asesinan, no nos dejan pronunciarnos. Pero no hay que perder la esperanza de que la situación cambiará”, añadió.

Integrante de la Coordinadora 14 N, defendió la lucha por el respeto a los derechos humanos. De igual manera, cuestionó el discurso oficial que busca estigmatizarlos al acusarlos de delincuentes y terroristas. “No promovemos el odio sino la conciencia y la memoria”, dijo.

En esa línea, Samillán abogó por una educación que contribuya a fortalecer la identidad cultural de los pueblos del Perú y el respeto a los derechos humanos de las personas sin discriminación para evitar otras masacres.

“Para este gobierno ser de color bronce es ser terrorista, ser pobre es ser terrorista, expresar lo que sientes es terrorista; eso tiene que cambiar”, puntualizó.

Mariela Jara/IPS

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