Murieron quemadas en la “casa-hogar” que les daba “cobijo”. En realidad, en ese lugar las maltrataban y abusaban sexualmente de ellas. Cincuenta y seis adolescentes sucumbieron por ser mujeres pobres

Guatemala, Guatemala. Cincuenta y seis niñas y adolescentes ardieron ante la mirada de todos y ante la indiferencia del Estado. Fue el 8 de marzo de 2017, un día que conmocionó a Guatemala y a buena parte del mundo, al mostrar a la opinión pública un país incapaz de proteger a su niñez.

Los acontecimientos que llevaron a la tragedia en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción estallaron el 7 de marzo, cuando cerca de 56 niñas y 43 niños protagonizaron un escape masivo y fueron confinados en un aula y en el auditorio, respectivamente, como castigo por semejante acto de desobediencia.

Al amanecer, el fuego provocado por una de las adolescentes dio lugar al fatal siniestro que cobró la vida de 41 de ellas y 15 resultaron con quemaduras graves.

Ésas fueron las primeras informaciones divulgadas por la prensa y, visto así, todo parecía ser un caso más de descuido o descontrol de las autoridades del recinto bajo supervisión estatal.

Sin embargo, sólo con el paso del tiempo, las pruebas aportadas ante el juzgado y los testimonios de las sobrevivientes, se pudo tener una verdadera idea del infierno que soportaron.

Ellas no se fugaron, ellas huyeron

Entre las 13:40 y las 15:30 horas del martes 7 de marzo, las jóvenes del módulo Mi Hogar y sus compañeros del San Gabriel empezaron a protestar por las malas condiciones en las que vivían, desde golpes y comida con gusanos hasta violaciones sexuales. Cuando la crisis comenzó, el director del Hogar, Santos Torres, alertó al personal pero no tomó ninguna decisión para recuperar el control. De acuerdo con los testimonios aportados por la Fiscalía y el medio digital independiente Nómada, sobre las 15:30 los empleados del centro les abrieron las puertas a los muchachos y propiciaron el llamado “escape masivo”.

La Policía Nacional (PNC), alertada, fue tras 118 adolescentes y los regresó a la puerta principal. Ante la negativa de que volvieran a ingresar, el secretario Carlos Rodas y la subsecretaria Anelhy Keller, de Bienestar Social, firmaron un acta para desligarse de cualquier responsabilidad y delegaron el control de la crisis en la institución armada.

Fue así como entre la media noche y las dos de la mañana, 46 jóvenes ingresaron custodiados al lugar y fueron encerrados en el auditorio, un lugar amplio y espacioso.

Las 56 niñas resultaron confinadas, bajo llave, en el área de Pedagogía, un aula de 7 metros de largo por 6.8 metros de ancho, apenas un metro cuadrado para pasar ahí la noche, sin baño y sin acceso a agua.

Desesperadas, y para llamar la atención ante los continuos maltratos, una joven decide incendiar una de las 22 colchonetas que les dieron y así obligar a abrir la puerta y poder ir al baño.

Eran las nueve de la mañana, comenzaba a salir un hilo blanco de humo del inmueble, pero la llave no aparecía.

Según el peritaje de incendios presentado por la Fiscalía, fueron alrededor de 9 minutos y medio de llamas, con una temperatura superior a los 300 grados centígrados. De las 56 niñas, 19 murieron calcinadas al instante, una cifra que llegó posteriormente a 41, y 15 más resultaron heridas: dos de ellas sufrieron amputaciones para sobrevivir.

Se tardó demasiado en abrir la cerradura la mano de la subinspectora de la PNC, Lucinda Marroquín, a pesar de los gritos de auxilio y los golpes desesperados contra la puerta.

Un espeluznante historial

El Hogar Solidario Virgen de la Esperanza comenzó a funcionar en el Platanar, San José Pinula, a 23 kilómetros al sur de Ciudad de Guatemala, en junio de 2010. Dos años después cambió el nombre de Solidario por Seguro y también la virgen que lo amparaba.

Al tercer año de operaciones, el Hogar Seguro Virgen de la Asunción ya era inoperante.

En abril de 2013 trascendió la agresión sexual a una niña por cinco adolescentes que compartían espacio en uno de los módulos. En agosto ocurrieron al menos dos fugas masivas y en octubre una joven fue encontrada muerta.

Al finalizar el año, la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) alertaba en su informe sobre hacinamiento, falta de personal, plantilla poco preparada, ausencia de planes para abordar emergencias e insuficiente presupuesto, entre otras calamidades.

Persistía, a su juicio, una visión mediante la cual se criminalizaba y castigaba a la población que permanece en esos hogares. En 2014, la Defensoría de Personas de Víctimas de Trata visita el centro y confirma que no han mejorado las condiciones denunciadas anteriormente, sino todo lo contrario.

Entre mayo y octubre de 2016 se registran 49 intentos de fuga y no se descarta que haya vínculos con trata de personas en la modalidad sexual y reclutamiento forzoso, de acuerdo con la PDH.

Los incendios provocados ya eran una forma de llamar la atención sobre la inseguridad imperante en el paradójicamente llamado Hogar Seguro.

En noviembre de 2016, la PDH volvía a advertir, después de una inspección, que en un lugar con capacidad para 400 personas había 800, persistían indicios de presuntos maltratos por parte de los monitores, y actividades delictivas con fines de trata.

El 12 de diciembre de 2016, la jueza Silvia Lorena Vázquez ordenó el cierre inmediato del Hogar, pero la sentencia fue apelada por la Secretaría de Bienestar Social y el albergue continuó abierto.

No hubo cambios, ni traslados, siguieron sufriendo los mismos vejámenes que desde 2013 denunciaban, los monitores continuaron pegándoles y abusando de ellas, y la alimentación era pésima…

No fue el fuego, fue la negligencia

Mientras el presidente Jimmy Morales desandaba París, en Guatemala cobraba forma un proceso de antejuicio para investigarlo por la tragedia, el cual no prosperó finalmente. Voces ciudadanas insistían, e insisten, en que fue un crimen de Estado, un feminicidio masivo.

En entrevista con la CNN, Morales llegó a asumir que el Estado de Guatemala “es el responsable de esta tragedia”, aunque se negó a llamarle “crimen de Estado” por ser una palabra “demasiado fuerte”.

Fueron días de funerales de honda tristeza, de largas peregrinaciones en la capitalina Plaza de la Constitución, donde la ciudadanía acudió a expresar su solidaridad con las familias y a exigir justicia.

Largos altares de velas encendidas, tanto de día como de noche, conmovedoras fotos de las víctimas y rostros de familiares con la huella del dolor infinito removieron los cimientos de una nación que ya parece estar acostumbrada a espeluznantes cifras de violencia contra la mujer y la niñez en general.

A 10 meses del crimen, la justicia no ha llegado a todos los responsables involucrados en los abusos y es evidente la desatención del Estado hacia las familias afectadas y las sobrevivientes.

El 24 de junio, el juez Cuarto de Primera Instancia Penal, Carlos Guerra, resolvió enviar a prisión al subcomisario de la PNC Luis Fernando Pérez Borja y a la subinspectora Lucinda Marroquín Carrillo, además de a Brenda Chaman Pacay, extrabajadora de la Secretaría de Bienestar Social.

En agosto último, Guerra solicitó la libertad inmediata de Keller y que su caso fuera archivado. Asimismo, envió a juicio a Rodas, exsecretario de Bienestar Social, por los delitos de maltrato, homicidio culposo e incumplimiento de deberes, y al exdirector del Hogar, Santos Torres, por abuso de autoridades, maltrato e incumplimiento de deberes, homicidio y lesiones cumplidas.

Los familiares de las víctimas no están conformes con el desempeño de Guerra, a quien han pedido su separación del juicio a pesar de que signifique volver a empezar de cero las audiencias.

Dentro del caso fueron aceptados como querellantes para la demanda tres organizaciones sociales: Mujeres Transformando el Mundo, el Grupo de Apoyo Mutuo, la Fundación Sobrevivientes y la Asociación de Mujeres Orientadas y Respaldadas.

Rafael Maldonado, abogado de los familiares de 10 de las víctimas, considera que los exfuncionarios también deben ser investigados por el delito de desaparición forzada y que se debe ahondar en la participación de los miembros de la PNC que atendieron la crisis.

Un reciente informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia reprochó la lenta e incompleta respuesta de las autoridades guatemaltecas a los familiares y las víctimas, atendidos fundamentalmente por organizaciones de la sociedad civil y de cooperación internacional.

Continúa el largo proceso de la justicia. Ese que Estela Chután, hermana de Mayra, una de las víctimas, no quiere olvidar hasta que se investiguen los abusos que las jóvenes denunciaron desde el día 7 de marzo y mucho antes.

“Aunque me duela y me coma el alma por dentro recordar cómo la vi, quiero tener esas imágenes en mi cabeza porque así lucharé con el corazón en la mano para que se haga justicia”, dijo Chután en las primeras jornadas del juicio.

Ese mismo ánimo parece ser el que alienta a quienes mantienen un pequeño altar en la misma Plaza de la Constitución que fue testigo de un reclamo extendido a todo el país.

Allí, al lado del asta con la bandera enorme azul y blanca, una rueda de 41 pequeñas cruces de madera con los nombres de las fallecidas en el incendio recuerda a nacionales y transeúntes la historia inconclusa de Las niñas de Guatemala.

Una historia de lucha que es también contra la desmemoria de una nación. Por eso conmueve ver cómo nacen nuevas flores, velas y hasta un enorme número 56 (41 víctimas y 15 sobrevivientes) para custodiar el rústico altar, cuando parecen languidecer las esperanzas de que el crimen no quedará impune.

Maitte Marrero Canda*/Prensa Latina

[BLOQUE: INVETSIGACIÓN][SECCIÓN: LÍNEA GLOBAL]

 

Contralínea 576 / del 05 al 10 de Febrero 2018