Darío Aranda/IPS-Voces de la Tierra

 

Buenos Aires, Argentina. “El gobierno debe de dar mayor prioridad a los temas relacionados con los derechos humanos de los pueblos indígenas […]. Una preocupación central es la falta de seguridad jurídica de sus derechos sobre sus tierras tradicionales y los desalojos”, señala la más alta autoridad en materia indígena de la  Organización de las Naciones Unidas (ONU), James Anaya, después de haber recorrido, durante 11 días, comunidades originarias de Argentina.

 

Organismos de derechos humanos que propiciaron su visita al país, entregaron un informe al relator especial para la Situación de los Derechos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas de la ONU, en el que denuncian que “los desalojos siguen ocurriendo y, en múltiples casos, los reclamos por el cumplimiento de sus derechos han sido objeto de respuestas violentas estatales que incluyen la criminalización de la protesta, represión y asesinatos por parte de las fuerzas de seguridad. Todo esto sucede en un marco institucional de exclusión política”.

 

Neuquén, Salta, Jujuy y Formosa, cuatro de las provincias con más denuncias de violación de derechos de pueblos originarios, fueron visitadas en diciembre de 2011 por el diplomático de la ONU, quien escuchó de boca de los propios indígenas la sistemática vulneración de sus derechos y confirmó el avance de las petroleras, mineras y empresarios agropecuarios sobre territorios comunitarios. También se entrevistó con comunidades de Río Negro, Chubut y Tucumán. A pesar de ser un alto diplomático, no fue recibido por funcionarios de primera línea del gobierno nacional.

 

 

En conferencia de prensa en la ciudad de Buenos Aires, Anaya destacó la legislación indígena vigente en Argentina. Constitución Nacional (artículo 75), constituciones provinciales, Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y, entre otras, la Ley 26160 que prohíbe los desalojos indígenas y ordena la realización de un relevamiento catastral. El relator especial afirmó que “existen retrasos en los procesos de relevamiento territorial”.

 

En la misma línea, el Equipo de Pastoral Aborigen publicó, en agosto de 2011, un relevamiento nacional sobre el nivel de cumplimiento de la ley. “Existe un notorio incumplimiento por parte del Estado argentino en relación con la ejecución de las leyes que ordenan la realización de un relevamiento técnico, jurídico, catastral de las tierras que ocupan tradicionalmente las comunidades indígenas”, y precisó que a más de cuatro años de aprobada la ley se “han completado los trabajos correspondientes a sólo seis comunidades en todo el país”.

 

Anaya visitó en Neuquén comunidades que resisten al avance petrolero (lof kaxipayiñ y wenxu xawvn leufu) y en conflicto con especuladores inmobiliarios (paichil antriao, de Villa la Angostura). En Salta se entrevistó con comunidades del Norte provincial que resisten el avance del modelo agropecuario (monocultivos de soya y agricultura intensiva, entre otros).

 

También recibió a la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita, a través de la que fue informado del asesinato del diaguita Javier Chocobar, el 12 de octubre de 2009, en Tucumán. Después viajó a Salinas Grandes de la Laguna de Guayatayoc (Jujuy), donde 33 comunidades kollas y atacama rechazan el avance de la minería de litio sobre el territorio comunitario. Le explicaron que la minería “vulnera todos los derechos indígenas” y recordaron que esperan una definición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (donde descansa un amparo).

 

Cerró su recorrido en Formosa junto a la comunidad qom Potae Napocná– Navogoh (puño de oso hormiguero–la primavera). “Escuchó las denuncias de muchos hermanos. Todas referidas a la cotidiana violación de derechos humanos”, explicó el dirigente Félix Díaz. Anaya solicitó recorrer el lugar exacto de la represión ocurrida el 23 de noviembre de 2010, donde se incendiaron una veintena de casas de la comunidad y fue asesinado el qom Roberto López.

 

Anaya remarcó la peligrosidad de las “industrias extractivas dentro o cerca” de los territorios indígenas y alertó sobre los “efectos en la salud y el medio ambiente”. “Las condiciones de salud de los indígenas son peores que las de la población en general y existe contaminación en el medio ambiente a causa de la extracción de recursos como el petróleo y minerales”.

 

 

El relator antes había advertido que “las industrias extractivas son la más grave amenaza para el cumplimiento de los derechos humanos de los pueblos indígenas”.

 

Las industrias extractivas que avanzan en Argentina sobre el territorio indígena y campesino son la megaminería, hidrocarburos, agronegocios (soya y ganadería intensiva, entre otros) y el monocultivo de árboles. También la especulación inmobiliaria y el turismo cinco estrellas (complejos exclusivos en Misiones, Patagonia y Jujuy).

 

Respecto al asesinato de cuatro indígenas y campesinos (Javier Chocobar, Sandra Juárez, Roberto López y Cristian Ferreyra) en sólo dos años, Anaya las evaluó como “tragedias evitables, como otras que se repiten en la lucha social vinculada al derecho básico al territorio”.

 

La Confederación Mapuche de Neuquén informó al relator el incumplimiento de la Ley 26.160 y denunció que el gobierno nacional apuesta a la división de las organizaciones indígenas mediante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y la Dirección de Pueblos Originarios (de la Secretaría de Ambiente de Nación).

 

“El relator se hizo presente en vista de los abusos de autoridad y la impunidad de los poderes tradicionales (empresas y terratenientes) amparados por los poderes políticos y judiciales del Estado”, explicó en un comunicado la Confederación, que acompañó a Anaya durante los tres días que el recorrió territorio mapuche.

 

“No sólo el Estado incumple la normativa sobre derecho indígena, sino que reprime la acción mapuche de proteger el ambiente, el recurso del agua, la cultura y la cosmovisión mapuche”, denunció la Confederación. Juan Carlos Curruhuinca, de la comunidad Wenxu Xawvn Leufu, resumió la visita de Anaya por territorio mapuche: “Le informamos de la discriminación, la marginación y el no reconocimiento por ser comunidades originarias. Han pasado muchos años y no hay voluntad política de la provincia ni de la nación. Ellos sí tienen voluntad de crear acuerdos con petroleras y mineras para invadir nuestros territorios. Le contamos que incluso vivimos la militarización de nuestros territorios”.

 

Anaya elaborará un informe donde detallará su recorrida por Argentina. Será enviado al Comité de Derechos Humanos de la ONU y contendrá “recomendaciones” al Estado argentino.

 

El Centro de Estudios Legales y Sociales, el Servicio de Paz y Justicia, la Comisión de Derechos de los Pueblos Originarios de la Universidad de Buenos Aires y la Comisión de Pueblos Originarios de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de La Plata –entre otras organizaciones– elaboraron un informe de 60 páginas en las que detallan, a partir de casos concretos, la situación de los pueblos indígenas, que fue entregado directamente al relator.

 

“Los pueblos indígenas siguen subordinados a las formas y prácticas neocoloniales. La participación en las decisiones de gobierno que les atañen es sumamente restringida y se trata como una cuestión meramente asistencial”, denuncia el informe y advierte que “la falta de [una] implementación efectiva de los derechos territoriales indígenas se ve agravada por el hecho de que, en varios casos, las luchas emprendidas por las comunidades reciben una respuesta institucional violenta que incluye la criminalización, la represión, el asesinato, la persecución y el amedrentamiento de las autoridades indígenas y los defensores”.