“No es momento de festejar”, señalan decenas de comunidades indígenas y campesinas de Argentina. A 200 años de la Independencia alcanzada por ese país, los pueblos indios mantienen una lucha férrea por la tierra con las empresas agropecuarias trasnacionales
Darío Aranda / Página 12 / IPS-Voces de la tierra
Buenos Aires, Argentina. Agustín Mamani tiene 90 años. Vivía en la misma tierra que sus padres, “desde siempre”, pero eso no impidió que en diciembre pasado fuera echado de su humilde rancho de adobe por productores soyeros y policías.
Don Agustín “resistió a la autoridad”, según alegaron los efectivos policiales, y por eso fue detenido e incomunicado 48 horas. Sucedió en la localidad de Palma Sola, monte jujeño.
“El padecer de mi abuelo es el padecer de miles de campesinos e indígenas. Familias que trabajan la tierra con sus manos, que nada piden, nada deben, pero sufren los mismos males desde hace 200 años”, resume Gloria Mamani, de 28 años, de la Organización Campesina Agroganadera, que participó en el encuentro “El otro bicentenario. El bicentenario de los pueblos”, donde dio testimonio de lo que sucede en el campo de Argentina.
Gastre y Corcovado en Chubut, Villa la Angostura en Neuquén, Las Lomitas en Formosa son sólo algunos de los lugares donde las comunidades ancestrales enfrentan a empresarios agrícolas, compañías mineras, petroleras y emprendimientos turísticos. Las historias parecen calcadas: campesinos y pueblos originarios tienen leyes a su favor, pero la gran mayoría de las veces llevan las de perder frente a hombres del poder.
Simultáneamente a la conmemoración oficial del bicentenario de la Independencia de Argentina, el 25 de mayo, las comunidades contaron su realidad en el espacio el “Otro bicentenario” –frente al Congreso Nacional–, impulsado por organizaciones sociales, ambientales, medios de comunicación comunitarios y fábricas recuperadas. Se trató de un espacio alternativo al organizado por el gobierno y que propone “no festejar, sino reflexionar sobre las políticas coloniales del pasado y el presente”.
El 12 de octubre de 2009, el comunero diaguita Javier Chocobar fue asesinado en Tucumán por defender su tierra. Desde el primer momento, la comunidad indígena de Chuschagasta, donde pertenecía, denunció que se trató de una ejecución a sangre fría. Pero muchos medios de comunicación y la policía hablaron de “enfrentamiento”. “Hay muchas pruebas, pero están todos libres. Sólo pedimos que la justicia haga justicia de verdad”, reclama Delfín Cata, de la comunidad diaguita.
En la localidad salteña de Hipólito Yrigoyen, departamento de Orán, la comunidad guaraní La Loma mantiene un conflicto desde hace ocho años con el ingenio azucarero San Martín, El Tabacal, de la compañía estadunidense Seaboard Corporation.
En 2008, la justicia prohibió a la empresa realizar cambios en las 5 mil hectáreas en disputa. “La empresa sigue arrasando, sembrando caña, arruinando nuestra tierra”, explicó Mónica Romero, integrante de la comunidad. “No tenemos qué festejar; son 200 años de discriminación de un Estado que nos margina y millonarios que nos tratan como esclavos”.
En el “Otro bicentenario” participaron integrantes de la Unión de Asambleas Ciudadanas, el Movimiento Nacional Campesino Indígena (Vía Campesina), el Frente Popular Darío Santillán y la Organización de Comunidades de Pueblos Originarios, entre otras.
Se realizaron talleres y proyecciones sobre “las diferentes caras de la crisis” y se contaron las experiencias de resistencia de las organizaciones rurales y urbanas. La mayoría de las comunidades campesinas e indígenas que participaron no se reunió con la presidenta Cristiana Fernández.
Todas las organizaciones comparten gran parte de las reivindicaciones: rechazo al modelo agropecuario actual, a la minería metalífera a gran escala y el avance de la frontera petrolera. También tienen pedidos en común, entre ellos el cumplimiento efectivo de las leyes que protegen sus territorios.
