Comunidades indígenas de Argentina se movilizan para expulsar del Norte del país a las mineras. Luego de las movilizaciones, el intendente del departamento se ve obligado a prohibir la contaminante actividad extractiva. El 81 por ciento de los niños de comunidades indígenas tiene plomo en la sangre, revela Universidad Nacional de Jujuy
Darío Aranda / Página 12-Voces de la Tierra IPS
Buenos Aires, Argentina. La minería a cielo abierto, con gran consumo de agua y uso de sustancias tóxicas, tuvo un freno en el Norte de Argentina: el municipio jujeño de Abra Pampa prohibió la actividad extractiva.
Impulsado por el Consejo Departamental de Comunidades Kolla, que nuclea a 40 comunidades indígenas, el Concejo Deliberante había aprobado una ordenanza en noviembre de 2010, pero el intendente Ariel Machaca vetó la norma. El 27 de enero de 2011, luego de la movilización de pueblos originarios y organizaciones ambientales, el intendente dio marcha atrás y puso en vigencia la ordenanza.
Un estudio de la Universidad Nacional de Jujuy reveló en 2007 que el 81 por ciento de los niños tiene plomo en la sangre como consecuencia de la actividad metalífera.
“Prohíbase la radicación, instalación o funcionamiento de exploraciones mineras metalíferas a cielo abierto y/o las explotaciones mineras que utilicen sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas similares en sus procesos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización”, establece el primer artículo de la ordenanza.
El artículo 2 prohíbe el ingreso, tráfico, uso, almacenamiento, comercialización, producción y transporte de sustancias tóxicas usadas en minería.
El proyecto de ordenanza había sido consensuado por las comunidades indígenas en julio de 2010. En agosto, fue presentado en el Concejo Deliberante y el 30 de noviembre, aprobado por unanimidad. Entre los numerosos argumentos legales citados, sobresalen la Ley General del Ambiente, en particular el principio precautorio: “Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la ausencia de información y certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del ambiente”.
También cita el artículo 41 de la Constitución nacional (que hace referencia al derecho de un ambiente sano de los habitantes y las generaciones futuras, por sobre las actividades productivas) y el artículo 22 de la Constitución de Jujuy: “Todos los habitantes de la provincia tienen el derecho a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como el deber de defenderlo”.
En las cinco carillas, se dejó constancia de los enormes consumos de agua (en una zona donde es un bien muy escaso) y se explicó que es una actividad que atenta contra la forma de vida indígena y campesina.
“Hay prueba de sobra de que la minería no trae ni trabajo ni mejoras económicas, y sí trae contaminación. Abra Pampa es una prueba irrefutable de todo eso”, explicó el presidente del Consejo de Comunidades Kolla, José Sajama.
Medios de comunicación de la provincia informaron que Machaca había denunciado a los manifestantes en la comisaría local, donde habría indicado que actuó bajo presión. El secretario de Gobierno de Abra Pampa y mano derecha de Machaca, Francisco Mamani, no confirmó ni desmintió el hecho. Explicó que “el único que hablará del tema es el intendente” y se comprometió a gestionar un contacto telefónico, que nunca se concretó.
Cuando Página 12 llamó a la Intendencia, sus colaboradores explicaron que Machaca había viajado de urgencia a la capital provincial para reunirse con el gobernador Javier Barrionuevo, quien es un férreo impulsor de la minería a cielo abierto. Jujuy cuenta con dos grandes yacimientos en plena explotación, El Aguilar y Pirquitas, ambos denunciados por contaminación. En la zona de la Puna y la Quebrada, se multiplicaron los proyectos de empresas extranjeras que pretenden extraer uranio y litio.
Abra Pampa es una localidad de 13 mil habitantes en el Norte provincial, a 3 mil 500 metros sobre el nivel del mar. Allí funcionó durante tres décadas la fundidora de plomo Metal Huasi, que cerró en la década de 1980. Al retirarse, dejó en pleno casco urbano 15 mil toneladas de residuos, un “cerro de plomo”, como lo llaman en el lugar. Las organizaciones sociales y comunidades indígenas de la zona siempre denunciaron la contaminación, pero nunca tuvieron respuesta.
En 2007, el Grupo de Investigación de Química Aplicada, de la Universidad de Jujuy, demostró que el 81 por ciento de la población infantil analizada contenía valores de plomo en cantidades perjudiciales para la salud.
A fines del mismo año, el Ministerio de Salud de Jujuy admitió que al menos el 10 por ciento de la población adulta tenía “niveles críticos” de plomo en sangre. Entre otros males, el plomo produce retraso en la pubertad, alteraciones de la visión, problemas de aprendizaje y daños a la función motora.
La Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas investigó la situación de la localidad jujeña en 2009. “La negligencia gubernamental resultó en violaciones a los derechos humanos”, es una de las afirmaciones del informe Abra Pampa. Pueblo contaminado, pueblo olvidado, donde la universidad estadunidense alerta sobre fallas en los organismos de control y denuncia que los intentos de remediación continúan siendo ineficientes.
Con la entrada en vigencia de la ordenanza, Abra Pampa se sumó a las localidades jujeñas de Tilcara, Cangrejillos y Huacalera, que ya tienen normas que prohíben la actividad.
En Argentina, existen siete provincias que limitan diversos aspectos de la minería metalífera a cielo abierto: Chubut, Río Negro, Tucumán, Mendoza, La Pampa, San Luis y Córdoba, aunque el lobby minero intenta modificar o derogar las leyes en Mendoza, Córdoba y Chubut. En el Congreso nacional, esperan tres proyectos de ley para prohibir la minería a cielo abierto en toda Argentina.
