Los indígenas chilenos, principalmente mapuches, han comenzado una serie de “recuperaciones” de tierras en poder de empresarios. Los enfrentamientos con la policía han llevado a casi 100 líderes a la cárcel y a otros tanto al hospital con heridas de bala. Pero el movimiento no ceja y en las próximas semanas podrían concretarse cientos de tomas de tierra en todo el país

Daniela Estrada / IPS-Voces de la tierra

Santiago, Chile. El conflicto entre el gobierno de Michelle Bachelet y los pueblos indígenas de Chile está lejos de distenderse. Al recrudecimiento de los enfrentamientos entre mapuches y policías en el sur, se sumó la presentación de un recurso de protección contra la presidenta y un ministro.

A fines de julio, un grupo de comunidades del pueblo mapuche, la principal etnia indígena de este país con casi 1 millón de integrantes, inició un proceso de recuperación de territorios ancestrales en la región de La Araucanía, 680 kilómetros al sur de la capital chilena, mediante la ocupación de predios privados que reclaman como propios.

Las acciones de los comuneros reunidos en la Alianza Territorial Mapuche dieron pie a varios choques con fuerzas especiales de carabineros (policía uniformada). Mientras el gobierno indica que desde 1994 se han traspasado más de 650 mil hectáreas a los pueblos indígenas, los comuneros acusan lentitud en la resolución de sus solicitudes.

El 4 de octubre, la Alianza denunció que siete jóvenes y dos niños mapuches, ajenos a la protesta, fueron heridos por perdigones disparados por la policía. Algunos de ellos perdieron la visión por recibir impactos en sus ojos.

Asimismo, las comunidades mapuches de Rofue y de Temucuicui –una de las más activas en la reivindicación de territorios– aseguraron haber sido víctimas de violentos allanamientos de carabineros, que se trasladaban inclusive en helicópteros.

El agricultor René Urban, dueño de un fundo reclamado por Temucuicui, construyó una fosa para impedir el ingreso de los indígenas, alegando haber soportado más de 60 ataques. Los mapuches cuestionaron duramente la medida.

Según los indígenas, un niño de 14 años que recolectaba hierbas para el machi (curandero) de Rofue fue atacado a balazos por la policía, luego detenido, subido a un helicóptero y amenazado con ser lanzado al vacío por los efectivos si no declaraba su responsabilidad en la toma, informó el no gubernamental Observatorio Ciudadano.

En un comunicado, la filial chilena de la organización no gubernamental Amnistía Internacional expresó “su preocupación por los informes que indican que la tensión, entre algunas comunidades indígenas mapuche y las autoridades, ha vuelto a agudizarse en los últimos días”, al tiempo que cuestionó la excesiva fuerza ejercida por la policía, así como los ataques indígenas a particulares y a la propiedad privada.

La Comisión Ética contra la Tortura, ámbito de coordinación de organizaciones de derechos humanos y de personalidades que lucharon contra la dictadura militar (1973-1990), informó a fines de septiembre que 99 indígenas y personas vinculadas al conflicto mapuche están encarceladas, condenadas o procesadas en Chile, de acuerdo a un recuento de casos registrados entre el 1 de enero y el 25 de junio de 2009.

En la otra vereda, empresarios agropecuarios se reunieron con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Urbano Marín, para manifestarle su preocupación por la actuación de algunos jueces de garantía que, en su opinión, dejan equivocadamente en libertad a mapuches acusados de actos de violencia en el sur.

Pero no sólo los mapuches se han movilizado en las últimas semanas.

Indígenas atacameños del norte protestaron por el posible daño causado al campo de géiseres de El Tatio –administrado por dos comunidades– por una fuga de vapor de agua a pocos kilómetros de ese sector turístico, donde se realiza una exploración geotérmica. Aseguran que nadie escuchó sus advertencias.

Las comunidades presentarán un recurso de protección contra la empresa chilena-italiana a cargo del proyecto para que se paralicen definitivamente las obras, pese a que ya se detuvo la fumarola artificial de entre 30 y 60 metros.

Estos focos de conflicto se suman a la polémica generada por el envío al parlamento de dos iniciativas legales que crean un ministerio de asuntos indígenas, un consejo de pueblos indígenas y una agencia de desarrollo indígena.

El 29 de septiembre, la presidenta firmó los proyectos de ley que establecen esos tres organismos que absorberían a la cuestionada Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, acusada de actuar de forma burocrática y politizada.

La mandataria aseguró que la nueva institucionalidad indígena surgió “de la consulta nacional que realizamos a principios de año y también del trabajo que hemos realizado desde el comienzo del gobierno”.

Esta reforma se enmarca en la entrada en vigor, el 15 de septiembre, del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.

Pero dirigentes mapuches, entre ellos Aucán Huilcamán, autoridad del Consejo de Todas las Tierras, presentaron un recurso de protección contra la presidenta Bachelet y el ministro secretario general de la Presidencia y coordinador de Asuntos Indígenas, José Antonio Viera Gallo.

Los comuneros arguyen el incumplimiento del derecho a la consulta –que debe realizarse por medios adecuados, de buena fe y con miras a conseguir el consentimiento de los indígenas, sobre todas las materias que los afecten–, consagrado en el Convenio 169.

Según Huilcamán, los proyectos de ley “son inconsultos y a la vez no cuentan con el consenso, como lo establece el artículo 6 del Convenio 169. Nos parece extremadamente grave que, teniendo tres semanas de vigencia el convenio, sea transgredida la columna vertebral de este instrumento”.

La portavoz de gobierno, Carolina Tohá, respondió que el gobierno ya hizo una consulta sobre la creación de un consejo de pueblos indígenas y que, en ese marco, surgió la necesidad de hacer una reforma más integral, la cual se materializó en los dos proyectos de ley firmados por la mandataria.

Tohá agregó que, durante el debate parlamentario, se realizará una nueva consulta.

Avizorando problemas de este tipo, en su informe sobre su visita a Chile en abril de este año, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas, James Anaya, recomendó al país “hacer una consulta sobre la consulta”, que no ha tenido lugar hasta ahora.

Para analizar los desafíos de la implantación del Convenio 169, se celebró en octubre en la capital chilena un seminario internacional.

Los indígenas presentes en la cita se mostraron divididos en torno a este tratado. Algunos llamaron a estudiarlo a fondo y a utilizarlo profusamente, mientras que otros dudaron de su efectividad y de la real voluntad del gobierno para llevar a cabo las reformas necesarias para su aplicación, considerando, por ejemplo, la política represiva desplegada en La Araucanía.

“Es normal el escepticismo y la desazón que existe respecto de la implementación plena del convenio porque ha existido un proceso de mucho engaño, de muchas violaciones sistemáticas de derechos humanos”, dijo a IPS Alfredo Seguel, del Grupo de Trabajo Mapuche por los Derechos

Colectivos.

“Nosotros creemos que el pacto 169 es una herramienta poderosa, que no está sola, que forma parte de un bloque de derechos humanos colectivos, que se tienen que interpretar con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El Convenio 169 es el piso mínimo y la declaración, el máximo”, planteó.

De hecho, ya hay algunos ejemplos del uso exitoso de este convenio, como el de una machi que presentó un recurso de amparo para proteger un sector de tierra de uso medicinal amenazado por la industria forestal, que fue acogido por la justicia.

Sin embargo, a algunos comuneros les preocupa que se termine en una “judicialización” de los conflictos.

Además de las dificultades para regular los procesos de consulta sobre políticas públicas, iniciativas legales y proyectos de inversión, se prevén graves pugnas para modificar las leyes sectoriales que hoy colisionan con derechos de los pueblos indígenas, entre ellos los códigos de Agua y Minería.

“El ordenamiento jurídico, político y administrativo del país tiene que adecuarse al convenio y no, como el gobierno ha tratado de hacer, que el convenio se adecue a la legislación sectorial”, sostuvo Seguel.

“El tema de fondo es que este país, que es ‘ultraneoliberalista’, sigue siendo controlado por los grupos económicos, y los intereses empresariales y de lucro siguen estando por sobre los derechos humanos y el medio ambiente. Ha habido modificaciones sustanciales, pero no cambios profundos”, concluyó.