Ha pasado una década desde los fatídicos sucesos del 11 de septiembre de 2001. La opinión pública en su mayoría es unánime: el gobierno de Estados Unidos ha dejado claro que había algo que ocultar. Mucha gente, sean funcionarios de la Casa Blanca, encargados de la lucha contra el terrorismo o antiguos miembros de la Comisión Nacional de Investigación, paulatinamente, se han desvinculando de la versión oficial
Wayne Madsen/Red Voltaire/Primera parte
Una década después de los ataques del 11 de septiembre, el gobierno de Estados Unidos ha dejado bien claro que tiene algo que ocultar. Desde John O Brennan, el asesor de la Casa Blanca para temas contra el terrorismo, hasta los copresidentes de la Comisión Nacional de Investigación, estas figuras clave han tomado sus medidas para desligarse de una versión oficial que meramente no encaja.
El jefe de las operaciones antiterrorismo del expresidente George W Bush, Richard Clarke, reveló que la Agencia de Inteligencia Central (CIA, por su sigla en inglés), bajo el mandato de George Tenet, trató de reclutar a algunos de los terroristas de Al Qaeda, involucrados en el 11 de septiembre, antes del ataque que tuvo lugar en 2001; pero después de fracasar en su intento, Tenet y su equipo de la CIA encubrieron los esfuerzos fallidos para dicho reclutamiento.
Esta revelación es otro elemento que se añade a lo que se ha convertido en el informe de mayor demérito del gobierno estadunidense desde el tristemente célebre Informe Warren sobre el asesinato del presidente John F Kennedy en 1963. En realidad, el Informe Warren recibió un golpe de descrédito cuando se supo que la primera dama, Jacqueline Onassis, había revelado al historiador Arthur Schlesinger junior, en 1964, que el vicepresidente Lyndon B Johnson estaba detrás del asesinato de su esposo en Dallas.
La revelaciones hechas por Onassis y por Clarke muestran que el gobierno de Estados Unidos no es confiable para llevar a cabo investigaciones de fechorías hechas con pleno conocimiento y total apoyo de altos funcionarios de la CIA y de la Casa Blanca. Los ataques del 11 de septiembre de 2001 no son más que acciones encubiertas a esos altos niveles del gobierno.
Las recientes declaraciones de Clarke sobre el conocimiento por parte de la CIA sobre las células de Al Qaeda involucradas en los hechos del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington –antes de que estos sucedieran– dejan ver la mera superficie del mundo de la inteligencia, los grupos altamente compartimentados que planearon cuidadosamente los ataques y cómo los medios encubrieron el desarrollo de dichos acontecimientos.
El individuo que sobresale entre todos los funcionarios de la inteligencia y agentes de la ley que trataron de buscar activamente la red criminal que llevaría a cabo los atentados del 11 de septiembre de 2001 era el jefe de antiterrorismo de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por su sigla en inglés), John O’Neil, que falleció curiosamente el 11 de septiembre de ese año. Desde que ocurrió el primer atentado con bomba contra el World Trade Center en 1993, O’Neil emprendió una empecinada búsqueda de Osama bin Laden y Al Qaeda. Y después de ocurrir otros ataques terroristas contra las Torres Khobar, en Dharan, Arabia Saudita; las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania; y el buque USS Cole, en el puerto de Adén, el mayor problema de O’Neil ya no era Al Qaeda, sino la resistencia de altos funcionarios en el seno del gobierno estadunidense.
La mayor teoría de la conspiración de todos ellos, el reporte de la Comisión Oficial sobre el 11 de septiembre de 2001, que concluyó que 19 hombres –mayoritariamente de Arabia Saudita– secuestradores con cuchillos fueron capaces de burlar al multimillonario sistema de defensa e inteligencia de Estados Unidos en tan sólo unas horas, ha sido desacreditada en parte por los dos copresidentes de la Comisión 9/11: el exgobernador de Nueva Jersey, Thomas Kean, y el exrepresentante demócrata por Indiana, Lee Hamilton. Ambos señalaron que funcionarios del gobierno mintieron a su Comisión y que se ocultó información importante que no fue entregada a los investigadores.
La ira de éstos sería mejor empleada contra Philip Zelikow, ayudante de la consejera para la Seguridad Nacional de Bush, Condoleezza Rice, que aseguró bajo juramento que nadie podría esperar el uso de aviones de pasajeros como armas.
Zelikow fue designado director ejecutivo de la Comisión 9/11 y tenía la misión de evitar cualquier investigación sobre el papel de la CIA, de los sauditas y de los intereses de Wall Street en la creación de los ingredientes que permitieran que los ataques del 11 de septiembre de 2001 ocurrieran sin obstáculo alguno.
Es conocida la conducta que mantiene Zelikow de desacreditar cualquier teoría que no se ajuste a la doctrina del gobierno, inclusive ataques a cualquiera que no crea en los mitos de la Comisión Warren sobre el asesinato del presidente Kennedy.
Desgraciadamente, los hechos del 11 de septiembre de 2001 contra el World Trade Center no constituyeron la primera vez que el gobierno de Estados Unidos se involucra en un gran encubrimiento de un ataque contra dichos edificios. De acuerdo con fuentes de inteligencia, el FBI y el Departamento de Justicia ocultaron volúmenes de traducciones de mensajes telefónicos en idioma árabe interceptados antes de que ocurriera el atentado con bomba en 1993 contra el World Trade Center, en el interior de Estados Unidos y desde Sudán, donde se encontraban militantes islámicos que una vez trabajaron para la inteligencia estadunidense durante la guerra de los mujaidines contra la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en Afganistán.
Los servicios de inteligencia que demostraron la existencia de una relación entre la CIA y las fuerzas Mujaidines “afgano-árabes” –incluidos los que eran fieles a Osama bin Laden– nunca aparecieron en el juicio de la célula de Brooklyn y Jersey, en la que estaban el clérigo egipcio Shaikh Omar Abdul-Rahman, Ramzi Yousef y Eyad Ismail.
La célula de Nueva York y Nueva Jersey también incluía a Ali Mohammed, un graduado de la Escuela de las Fuerzas Especiales del Ejército, en Fort Bragg, Carolina del Norte. Éste, cuando estaba en servicio activo como miembro de las Fuerzas Especiales, viajó en secreto a Afganistán para entrenar a las fuerzas de Osama bin Laden y brindarles información de inteligencia sobre los “objetivos blandos” estadunidenses para llevar a cabo ataques terroristas; en la célula también aparecía Wadih el-Hage, secretario personal de Osama Bin Laden, residente en Estados Unidos.
Es irónico que, los dos hombres responsables de la falta de presentación de la información de inteligencia sobre el ataque de 1993 contra el World Trade Center ante el jurado y el Gran Jurado –los principales fiscales federales en Nueva York y Nueva Jersey en el caso del atentado con bomba– fueran Patrick J Fitzgerald y Michael Chertoff, respectivamente. Fitzgerald llegó a ser el fiscal del Distrito Norte de Illinois y comenzó sus actividades con la acusación y castigo de dos gobernadores de Illinois por corrupción, el republicano George Ryan y el demócrata Rod Blagojevich. Ambos casos fueron espectáculos de trasfondo político.
Ahora se añade a las atrocidades cometidas por el gobierno de Estados Unidos el hecho de que, conforme una fuente del FBI, el jefe investigador de esta instancia contra Al Qaeda en la década de 1990, el desaparecido John O’Neil, estaba furioso porque una gran parte de las informaciones de inteligencia sobre las llamadas telefónicas nunca fue presentada como evidencia y quedó sin traducir y sin clasificación.
Existen otros vínculos de la CIA con Osama Bin Laden y Al Qaeda que son muy numerosos para describirlos. Sin embargo, hay uno que sobresale porque involucra a una figura clave en el Pentágono que dirigió Donald Rumsfeld cuando ocurrieron los ataques del 11 de septiembre de 2001. Una fuente de la CIA relacionada con el Fondo para la Defensa de Bosnia, recogía donaciones de los países árabes y musulmanes para la guerra de Bosnia contra Serbia y Croacia, y reveló que la Red contra Delitos Financieros del Departamento del Tesoro tenía preocupaciones de que las transferencias de dinero hechas por el Banco Riggs a la cuenta del Fondo para la Defensa de Bosnia en el Banco Central de Sarajevo beneficiaran a elementos terroristas que se creía que estaban relacionados con Osama bin Laden y Al Qaeda.
Riggs era el banco principal que brindaba servicios al embajador saudita en Estados Unidos, el príncipe Bandar bin Sultan, y a su esposa, la princesa Haifa bint Faisal; además, era el banco que tenía vínculos con la familia de George H W y George W Bush.
Cuando la fuente de la CIA se quejó de que los fondos de defensa para Bosnia eran pasados a las manos de terroristas islámicos –incluso a personas relacionadas con Osama bin Laden– ésta recibió la respuesta de uno de los principales funcionarios del Fondo: “¡Sólo tienes que hacer que suceda!”.
El vínculo de Bosnia con Al Qaeda era importante. En realidad, Osama bin Laden no sólo había visitado Bosnia, sino que portaba un pasaporte diplomático de ésta y había interactuado con embajadores bosnios en Viena, Austria.
Pero no se puede ignorar la relación entre el Mossad (la principal agencia de inteligencia de Israel) y el 11 de septiembre de 2001. Dos documentos internos del gobierno estadunidense señalan que entre los 120 “estudiantes de arte” israelíes que trataron de quebrantar la seguridad de decenas de edificios de oficinas federales, y que visitaron las residencias de varios funcionarios del sistema de justicia en 2000 y 2001, utilizaban direcciones residenciales y postales en el Sur de Florida y Texas, cerca de otras empleadas por los secuestradores de los aviones del 11 de septiembre de 2001.
La información trascendió en un informe de la Agencia Antidrogas Estadunidense (DEA, por su sigla en inglés) redactado en junio de 2001 sobre las actividades de los estudiantes de arte y de una lista del FBI con los nombres de los secuestradores y otros sospechosos, que incluía al conocido agente del Mossad, Dominick Suter, director de una compañía israelí en Weehawken, Nueva Jersey. La lista del FBI se dio a conocer a principios del mes de octubre de 2001 en un sitio web del gobierno finlandés.
Cinco israelíes que trabajaban para la compañía Urban Moving Systems, de Suter, fueron arrestados por la policía y el FBI en la tarde del 11 de septiembre de 2001 mientras conducían una camioneta sospechosa cerca del Giant Stadium, en Secaucus, Nueva Jersey. Éstos eran los únicos sospechosos por el supuesto vínculo con los ataques de ese día. Todos fueron deportados a Israel sin jamás ser formalmente acusados de nada. El memorándum de la DEA señala específicamente que los israelíes que intentaron penetrar oficinas federales y residencias de empleados del sistema legal pudieron haber tenido vínculos con un “grupo fundamentalista islámico.”
Incluso 10 años más tarde, la administración de Estados Unidos y los gobiernos de Nueva York y de la ciudad de Nueva York no toman en cuenta a los veteranos que participaron en los acontecimientos relacionados con los ataques del 11 de septiembre de 2001. A diferencia de O’Neill, tuvieron la suerte de resistir la ofensiva. Sobrevivientes del desplome del World Trade Center y los hombres del Departamento de Policía de Nueva York –que dieron la primera respuesta a los acontecimientos–, de la Policía Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, del Departamento de Bomberos de Nueva York y otros no fueron invitados a las ceremonias por el décimo aniversario a Ground Zero el pasado 11 de septiembre.
Durante una década, los ataques del 11 de septiembre de 2001, junto con los acontecidos en Londres, Madrid, Bali y otros lugares han sido utilizados por los medios corporativos para apoyar las campañas del gobierno contra las libertades civiles, los derechos humanos, la protección de la privacidad, las guerras de liberación por grupos étnicos y partidos políticos y la libertad de información. Estadunidenses de todas las edades y orígenes sociales ahora son sometidos a molestos registros corporales en los aeropuertos, que hace 15 años hubieran sido considerados como atroces abusos por parte de las autoridades.
Al reconsiderar los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, explican que Osama bin Laden fue aniquilado en un asalto de Operaciones Especiales en Abbotabad, Paquistán. Hubo muy poca evidencia forense para comprobar que fuera aniquilado. En cualquier caso, la mayoría de los integrantes del Equipo 6 de los Seal (equipo mar, tierra y aire) de la Marina de Estados Unidos –que llevó a cabo la ofensiva contra Osama bin Laden– murieron recientemente en un ataque contra su helicóptero en Afganistán.
Al igual que en el asesinato del presidente Kennedy y el escándalo Irán-Contras 20 años más tarde, el 11 de septiembre de 2001 quedará relegado a los libros de historia como un acontecimiento envuelto en el misterio y escaso de evidencias reales, muchas de las cuales fueron destruidas o quedaron clasificadas, lo que impide descubrir sus verdaderos autores.
