Thierry Meyssan/ Red Voltaire

 

El presidente Bachar al-Assad viajó a Homs el 27 de marzo de 2012. Visitó allí el barrio de Baba Amro, donde takfiristas sirios y combatientes extranjeros mantuvieron por un mes un Emirato islámico independiente. El presidente al-Assad aseguró a los habitantes desplazados que el Estado reconstruirá sus casas “mucho mejor que antes” y que pronto podrán regresar a sus puntos de origen. Miles de personas, principalmente sunnitas, habían tenido que huir de la dictadura de los islamistas. En ausencia de los habitantes, las casas fueron saqueadas y dinamitadas por los rebeldes, cuando no destruidas en los combates.

 

Bachar al-Assad, que sigue siendo el jefe de Estado más popular del mundo árabe, conversó con algunos habitantes de Homs, pero la posible presencia de terroristas aislados lo obligó a renunciar al tradicional baño de multitudes.

 

La guerra de baja intensidad ha terminado “de una vez y por todas”, comentó el vocero del ministerio sirio de Relaciones Exteriores, Jihad Makdissi. El país entra ahora en una fase de reconstrucción a causa de los sabotajes perpetrados contra sus principales infraestructuras energéticas y de telecomunicaciones.

 

Proseguían, mientras tanto, las maniobras de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). Se organizó una reunión del Consejo Nacional Sirio para adoptar un “pacto nacional” aceptable para la opinión pública occidental. El objetivo era dar una apariencia laica y democrática a un órgano dominado por la Hermandad Musulmana, organización que exige la instauración de la sharia y de un régimen islámico. Así que el programa redactado por la Hermandad Musulmana se escondió simplemente bajo un camuflaje inventado por varios expertos en propaganda, que lo enriquecieron además con unas cuantas expresiones políticamente correctas. Este programa fue adoptado en un extraño escrutinio en que la Hermandad Musulmana votó en contra mientras que hacía participar toda una serie de desconocidos encargados de votar a favor, para lograr que el texto se aprobara sin que la propia Hermandad Musulmana tuviese que contradecirse. El Consejo Nacional Sirio dispone por lo tanto de un texto programático que únicamente compromete a quienes lo leen, mientras que la mayoría de sus miembros espera pisotearlo lo más pronto posible.

 

Por su parte, el secretario general de la Liga Árabe y su homólogo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) nombraron un enviado especial conjunto, Kofi Annan, encargado de negociar una salida a la crisis. Annan asumió la responsabilidad de un plan de seis puntos, que es una versión ligeramente modificada de la proposición rusa presentada a la Liga. El plan obtuvo la aprobación del presidente al-Assad, a condición de que no se desvirtúen esas disposiciones y que no se utilicen para volver a introducir armas y combatientes en Siria.

 

Fue en ese contexto que la OTAN y el Consejo de Cooperación del Golfo convocaron la segunda Conferencia de “Amigos” de Siria, celebrada en Estambul el domingo 1 de abril. Ochenta y tres Estados y organizaciones intergubernamentales participaron en el encuentro, presidido por Turquía.

 

Al igual que en su anterior encuentro, realizado en Túnez el 24 de febrero, los participantes reafirmaron ante todo su apoyo a “una transición política dirigida por sirios hacia un Estado civil, democrático, pluralista, independiente y libre; un Estado que respete los derechos de la gente independientemente de su etnia, de su religión o de su sexo”; posición que trata de desviar la atención del hecho que entre los Estados que la adoptan hay unos cuantos que no son ni civiles, ni democráticos, ni pluralistas, ni independientes, ni libres y que discriminan a sus ciudadanos por cuestiones de etnia, de religión o de sexo, como Arabia Saudita y Qatar.

 

Los “Amigos” de Siria expresaron después su resuelto apoyo al plan de seis puntos de Kofi Annan, mientras que la presidencia turca de la Conferencia proponía armar y financiar a los rebeldes, en violación del mencionado plan.

 

La Conferencia escuchó, además, los informes del Consejo Nacional Sirio. Saludó la adopción formal del Pacto Nacional y la voluntad de los miembros del Consejo de trabajar unidos, olvidando, sin embargo, que su última reunión había terminado en disputas y portazos, y con la renuncia de los 24 delegados kurdos. Así que la Conferencia reconoció al Consejo como “un” representante legítimo de todo el pueblo sirio y como una organización que reúne a los grupos de oposición sirios.

 

Esas felicitaciones inmerecidas no deben interpretarse como una muestra de desconocimiento de la situación o de ceguera, sino como un consuelo diplomático tendiente a hacer olvidar una gran decepción. La realidad es que la Conferencia se negó a reconocer al Consejo como “el” representante del pueblo sirio, es decir que se negó a considerarlo un parlamento en el exilio con capacidad para designar un gobierno en el exilio y para reclamar el puesto de Siria en la ONU. Ese desaire demuestra que los “Amigos” de Siria han renunciado al cambio de régimen y que ya no esperan que sea el Consejo quien gobierne el país. La función del Consejo se limitará en adelante a participar en las campañas mediáticas contra su propio país. El servicio de propaganda de la Casa Blanca necesita, por lo tanto, controlar la publicidad de toda la oposición siria, así que la Conferencia exigió tratar con un solo interlocutor –el Consejo Nacional Sirio– y conminó a todos los grupos de oposición a fundirse en esa estructura.

 

 

Después de haber resuelto esa cuestión puramente disciplinaria, la Conferencia regularizó la creación de tres nuevas estructuras. En primer lugar, y por iniciativa del Departamento de Estado, se creó un Centro de Información encargado de “recoger, reunir, analizar” toda la información disponible sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas por las autoridades sirias con vistas a juzgarlas en el futuro ante una jurisdicción internacional.

 

No se ha olvidado en Damasco que Estados Unidos creyó durante años que lograría atribuir el asesinato del ex primer ministro libanés Rafik Hariri al presidente al-Assad. Estados Unidos se esforzó entonces en coleccionar falsos testimonios y en la creación del Tribunal Especial para el Líbano. Se hicieron oír en aquel momento las voces de los vasallos de Washington profetizando que el presidente sirio sería llevado a La Haya atado de pies y manos. Tampoco se ha olvidado que los falsos testimonios acumulados contra Bachar al-Assad acabaron derrumbándose en medio de escándalos de corrupción y que Washington decidió orientar su dispositivo seudojurídico hacia otros blancos.

 

En definitiva, el mencionado Centro se encargará sobre todo de coordinar el trabajo de organizaciones no gubernamentales que Washington ya subvenciona directa o indirectamente, como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Federación Internacional de Derechos Humanos. El Departamento de Estado desbloqueó inmediatamente 1 millón 250 mil dólares para ese trabajo de secretariado, al que destinó además personal bien seleccionado.

 

 

 

La Conferencia se dotó también de un Grupo de Trabajo sobre las Sanciones. Oficialmente, se trata de coordinar las medidas que han tomado Estados Unidos, la Unión Europea, la Liga Árabe, etcétera, para hacerlas más eficaces. Los sirios ya habían subrayado que si bien iban a hacerlos sufrir, las sanciones en realidad acabarían matando a varios de sus vecinos. Es por ello que el documento final precisa también que el Grupo tendrá que cuidar de que las sanciones no perjudiquen a terceros países, lo cual implica, en varios casos la apertura de rutas comerciales alternativas.

 

En efecto, la Liga Árabe ya se había visto obligada a suspender la aplicación de las sanciones que ella misma había decretado anteriormente. Y tuvo que hacerlo porque aquellas sanciones eran una amenaza directa para la economía de sus propios miembros. Jordania, por ejemplo, se vio privada de un día para otro de dos tercios de sus importaciones y hubiese tenido que prescindir del agua potable que le proporciona Siria. La economía jordana se derrumbó en una semana.

 

El Grupo de Trabajo sobre las Sanciones parece por lo tanto hallarse ante la difícil tarea de resolver la cuadratura del círculo. Su primera reunión tuvo lugar en París, durante la segunda semana de abril, antes de la elección presidencial francesa y del previsible cambio de política que ese escrutinio debe provocar.

 

 

El tercer y último órgano creado por la Conferencia es el Grupo de Trabajo sobre Reactivación Económica y Desarrollo. Al principio se había previsto que el Consejo Nacional Sirio formara el primer gobierno después del derrocamiento de Bachar al-Assad. Para ello debía contar con una considerable ayuda financiera que le permitiese ganar la simpatía de una población ya extenuada por la presión de las sanciones. Ante la promesa de aquella cuantiosa ayuda comenzaron a sumarse al Consejo todo tipo de oportunistas y estafadores.

 

En la medida en que, por un lado, ya no se habla de cambio de régimen y en que se anuncia por otra parte un recrudecimiento de las sanciones, ¿por qué ayudar entonces al presidente al-Assad a reactivar la economía y a desarrollar su país? ¿Y por qué son los Emiratos Árabes Unidos y Alemania quienes presiden ese Grupo de Trabajo?

 

Nuestra hipótesis, en espera de más información, es que ese Grupo de Trabajo se dedicará en realidad a camuflar el pago –por parte de Francia– de indemnizaciones de guerra a cambio de la devolución de los militares detenidos en Siria. Nuestros lectores y oyentes ya saben que 19 militares franceses fueron arrestados en Siria y que tres de ellos fueron entregados al jefe del Estado Mayor, el almirante Edouard Guillaud, mientras éste se hallaba de visita en Líbano. Ambas partes siguen negociando aún, a través de los Emiratos Árabes Unidos. Francia reconoció que los prisioneros son ciudadanos franceses, aunque todos tienen doble nacionalidad –argelina o marroquí, además de la francesa– pero afirma que no son militares en misión. Según Francia, esos prisioneros son yihadistas que llegaron a Siria para combatir por iniciativa propia y a espaldas de las autoridades francesas. Mientras tanto, Siria señala que los equipos de comunicación de la OTAN hallados en manos de esos franceses demuestran que esos elementos estaban actuando bajo esa bandera. En todo caso, es posible que Francia pague por la liberación de esos detenidos una indemnización cuyo monto es difícil de calcular. Siria reclama daños de guerra por los miles de muertos y la infraestructura destruida. Francia observa que si hubo una guerra secreta, no es ella la única responsable. Si decidiese pagar, Francia se negaría en cambio a reconocer públicamente la razón de ese movimiento de fondos. Y tendría entonces que garantizar el anonimato del pago, con ayuda de su socio alemán.

 

 

 

El balance de esta Conferencia deja entrever la nueva estrategia de Estados Unidos y, por consiguiente, de la OTAN y del Consejo de Cooperación del Golfo.

 

Si Washington ha decidido renunciar al cambio de régimen en Siria es porque no dispone de los medios militares para concretarlo. En un primer momento, en vez de reconocerlo, el secretario de Defensa Leon Panetta declaró que una intervención militar no haría más que complicar la situación en el terreno y llevar el país a la guerra civil en vez de prevenir ese tipo de conflicto. El general Martin Dempsey, jefe del Estado Mayor, y el general James Mattis, comandante del Centcom (Comando Central de Estados Unidos) admitieron posteriormente que la fuerza aérea estadunidense no podría bombardear Siria si se le ordenara hacerlo, ya que Rusia ha equipado a ese país del Oriente Medio con el sistema antiaéreo más eficaz del mundo. Los generales estadunidenses admitieron también que mantienen una vigilancia aérea y espacial sobre Siria, pero que ya no lo hacen para proporcionar información al Ejército Libre Sirio, sino para garantizar que esa fuerza no se apodere de los arsenales de armas químicas y biológicas.

 

En otras palabras, no sólo Washington ha renunciado a derrocar el régimen por la fuerza sino que además vela porque eso no suceda, para no entrar en conflicto con Rusia, China e Irán.

 

Washington se permite, en cambio, recurrir a la manipulación del caso sirio para poner a Moscú y Pekín en posiciones embarazosas. La creación del Centro sobre la Responsabilidad Siria se limita al montaje de una nueva campaña de propaganda antisiria, cuyo objetivo ya no es abrir el camino a la intervención de la OTAN en Siria, sino acusar a Rusia y China de no ser otra cosa que dictaduras solidarias con otra dictadura. Y el objetivo de las sanciones ya no es desmoralizar a la burguesía para que se vuelva contra el régimen, sino obligar a Rusia y China a pagar por Siria.

 

Es desde ese ángulo que debe analizarse la labor de agitación de Alain Juppé. Este ministro francés de Relaciones Exteriores sabe que sus declaraciones antisirias carecen de fundamento. Pero eso no le importa porque también sabe que él mismo va a tener que abandonar ese puesto y que su sucesor se negará entonces, en nombre de la alternancia política, a asumir las consecuencias de lo que él haga o diga ahora. Su permanente escalada sirve a la vez para alimentar el dossier que el Centro sobre la Responsabilidad Siria está preparando y para satisfacer al lobby cuyo respaldo va a necesitar el propio Juppé cuando esté en la oposición.

 

Sobre ese tema, Damasco, que intuye la derrota de Nicolás Sarkozy en las elecciones, ha enviado a París un diplomático de muy alto nivel. Este último se reunió con uno de sus amigos, un exministro socialista de Relaciones Exteriores, que lo presentó a Francois Hollande. Siria conoce perfectamente los vínculos existentes entre el candidato socialista y Qatar. Pero no duda que el próximo presidente francés vaya a alinearse junto a la posición estadunidense y que, por lo tanto, pondrá fin a todo apoyo a la oposición armada.