Con el fortalecimiento del Talibán, las minorías no musulmanas son perseguidas hasta el etnocidio. Los sijs sufren despojo, desplazamiento forzado, secuestros, extorsiones, asesinatos. Familias enteras han perdido patrimonios construidos en varias generaciones y el gobierno permanece omiso ante las arbitrariedades

Ashfaq Yusufzai/IPS

Peshawar, Pakistán. Balwan Singh, un comerciante sij de 84 años que vive en la provincia pakistaní de Jyber Pajtunjwa, ya superó la edad para retirarse, pero todas sus ilusiones de pasar sus años dorados en paz y seguridad se hicieron trizas.

La comunidad sij de Pakistán está integrada por 40 mil de los 182 millones de habitantes del país. Y aunque constituye una minoría diminuta, sus miembros se sienten muy unidos a Pakistán, donde se cree que nació el gurú Nanak, fundador del sijismo.

Los sijs viven desde el siglo XVII en la frontera entre Afganistán y Pakistán, en medio de tribus de idioma pashto. Sin embargo, en la última década las Áreas Tribales Administradas Federalmente (FATA, por su sigla en inglés) –otrora remanso de seguridad para los sijs que huían de la persecución religiosa– se volvieron un lugar hostil, violento y, a veces, directamente mortal para esa comunidad religiosa.

Para muchos, ahora la situación implica un verdadero regreso a las oscuras épocas de la persecución religiosa.

Balwan Singh es apenas uno de los muchos sijs que abandonaron sus hogares y negocios en las FATA para refugiarse en la vecina Jyber Pajtunjwa (exprovincia de la frontera noroccidental).

“Estamos extremadamente preocupados por la seguridad de nuestras pertenencias y nuestras propiedades”, dice a Inter Press Service (IPS) este hombre que ahora está al frente de una tienda en la capital de la provincia, Peshawar.

Aquí, él está registrado como desplazado, junto con otros 200 mil que huyeron en bandadas de las FATA desde que en 2001 grupos insurgentes empezaron a ejercer control sobre la región.

Llamando “infieles” a los sijs, el movimiento extremista Talibán y otros grupos armados dispararon una ola de hostilidad hacia la comunidad, destruyendo comercios y secuestrando a varias personas.

Otros recibieron amenazas de grupos islámicos del área, que los obligaron a pagar un impuesto por ser “no musulmanes”.

Según registros policiales, sólo en el último año y medio fueron asesinados ocho sijs. Cuando Balwan Singh llegó a Peshawar fue uno de 5 mil que buscaban seguridad.

“Queremos volver, pero las amenazas de los insurgentes obstaculizan nuestros planes”, explica.

Karan Singh, otro sij oriundo de la agencia de Jyber, una de las siete que integran las FATA, dice que los pedidos al gobierno para que los ayudara a volver de manera segura cayeron en oídos sordos. “Tal vez el gobierno no nos concede el permiso de volver porque no quiere enfurecer al Talibán”, especuló quien también es un desplazado que actualmente vive en Jyber Pajtunjwa.

A este hombre de 51 años, que ahora posee una tienda de productos médicos en Peshawar, le preocupa el escaso movimiento del negocio. “Ganábamos buen dinero con la venta de medicinas en la agencia de Jyber, pero agotamos todo nuestro efectivo desde que fuimos desplazados”, dice.

De hecho, muchos sijs eran dueños de negocios y contribuían en gran medida a la economía del Norte de Pakistán. Ahora, cientos de comercios están abandonados, y decenas de sijs dependen de la ayuda del gobierno. La familia promedio necesita unos 500 dólares mensuales para sobrevivir, suma muy superior al paquete de asistencia de 200 dólares que actualmente reciben.

La situación dio un giro dramático en junio pasado, cuando una ofensiva patrocinada por el gobierno en la agencia de Waziristán del Norte, que buscaba erradicar de allí a los insurgentes de una vez por todas, obligó a decenas de personas a huir de sus hogares en medio de los bombardeos.

Unas 500 familias sijs estuvieron entre quienes escaparon a Peshawar. Ahora viven en campamentos improvisados, incapaces de ganarse la vida, acceder a suministros y centros médicos o enviar a sus hijos a la escuela.

Mientras algunas familias son trasladadas y reubicadas, los sijs se quejan de que siempre los dejan de lado. “Visitamos puestos de registro establecidos por el gobierno para facilitar nuestra repatriación, pero fue en vano”, relata Karan Singh.

Nazir S Bhatti, presidente del Congreso Cristiano de Pakistán, dice que “unas 65 familias cristianas, 15 hindúes y 20 sijs todavía tienen que registrarse en el puesto de control tras abandonar la agencia de Waziristán del Norte, que las ha privado de [la posibilidad de acceder a] asistencia de alivio”.

Según Mohammad Rafiq, profesor del Departamento de Historia de la Universidad de Peshawar, los sijs son la minoría religiosa más grande de Pakistán, después de los hindúes y los cristianos.

Rafiq dijo a IPS que estas minorías no sólo tienen que lidiar con el Talibán, sino con otros fundamentalistas islámicos que consideran a todo no musulmán como una amenaza a su religión. Siguiendo la misma lógica, los hindúes y los cristianos enfrentan problemas similares: amenazas, desalojos y, a veces, intimidación violenta.

Los secuestros para cobrar rescates también surgieron como un problema importante: unos 10 sijs fueron secuestrados solamente el año pasado, alentando a muchos a empacar sus pertenencias y marcharse a ciudades como Peshawar, señala Sardar Bishon Singh, expresidente del Comité Sij Gurdwara Parbandhak de Pakistán.

Su comercio en Lahore, capital de la provincia de Punjab donde vive, fue saqueado en septiembre de 2013, pero según él la policía ni siquiera registró su denuncia. Le robaron 80 mil dólares, relata.

La policía tiene miedo porque “los talibanes están involucrados” y no puede hacer nada contra ellos, sostiene.

Las raíces políticas

Expertos señalaron que el problema va más allá de la persecución religiosa en las conflictivas áreas tribales de Pakistán, y que se originan en las raíces mismas del sistema político del país.

“La Constitución [Política] limita los derechos de los no musulmanes de Pakistán”, dice Javid Shah, un abogado que reside en Lahore.

“Sólo los musulmanes tienen permitido ser presidente o primer ministro, o ser jueces del Tribunal Federal de la Shariá, que tienen el poder de revocar cualquier ley que consideren antiislámica”, explica.

Él cree que estas cláusulas de la Constitución han alentado a la mayoría de los pakistaníes a tratar a las minorías como ciudadanos de segunda categoría.

Esta mentalidad quedó clara en distintos episodios. El 6 de agosto, el comerciante sij Jagmohan Singh fue asesinado y otros dos resultaron heridos en un ataque contra un mercado en Peshawar. Antes, el 14 de marzo, mataron a dos sijs en el distrito de Charsadda, en Jyber Pajtunjwa. Aunque los testigos oculares denunciaron negligencia de parte de las autoridades, algunos creen que el gobierno hace todo lo que puede por afrontar la situación.

El legislador Sardar Sooran Singh, de Jyber Pajtunjwa, insiste en que los sijs gozan de los mismos derechos que los ciudadanos musulmanes, y que el gobierno también los protege.

El jefe de policía de Peshawar, Najibullah Kan, dice a IPS que sus oficiales estuvieron patrullando mercados de la ciudad donde comercios de dueños sijs podrían ser atacados.

“También les hemos sugerido que eviten salir de noche, y que informen a la policía sobre cualquier amenaza que reciban”, añade.

Ashfaq Yusufzai/IPS

 Contralínea 417 / del 22 al 27 de Diciembre 2014