El precio de la verdad

Thierry Meyssan/Red Voltaire

¿Qué son los funcionarios estadunidenses, civiles o militares, que se exponen a un mínimo de 30 años de cárcel por haber revelado a la prensa secretos de Estado de su país? ¿Son “denunciantes” que ejercen un contrapoder dentro de un sistema democrático o se trata de “miembros de la resistencia contra la opresión” dentro una dictadura militar-policiaca? La respuesta no depende de nuestras propias opiniones políticas sino de la naturaleza misma del Estado estadunidense.

Y esa respuesta cambia por completo si nos centramos en el caso de Bradley Manning, el joven soldado izquierdista de Wikileaks, o si incluimos el caso del general James Cartwright, consejero militar del presidente Barack Obama, sometido a investigación desde el 27 de junio de 2013 bajo la acusación de espionaje.

Se impone aquí un retroceso en el tiempo para entender cómo funciona el paso del “espionaje” a favor de una potencia extranjera a la “deslealtad” hacia la organización criminal en la que uno ha trabajado.

Peor que la censura: la criminalización de las fuentes

El presidente de Estados Unidos y Premio Nóbel de la Paz Woodrow Wilson trató de poner en manos del Ejecutivo estadunidense el poder de censurar a la prensa cuando están en juego la “seguridad nacional” o la “reputación del gobierno”. En su discurso sobre el Estado de la Unión correspondiente al 7 de diciembre de 1915, Wilson declaró: “Hay ciudadanos de Estados Unidos […] que han vertido el veneno de la deslealtad en las arterias mismas de nuestra vida nacional, que han tratado de arrastrar al desprecio de la autoridad y de la buena reputación de nuestro gobierno […], de destruir nuestras industrias […] y de denostar sobre nuestra política en beneficio de intrigas extranjeras […]. Carecemos de leyes federales adecuadas […]. Os exhorto a no hacer menos que salvar el honor y el respeto de la nación por sí misma. Esas criaturas de la pasión, de la deslealtad y de la anarquía deben ser aplastadas”.

A pesar de ese discurso, el Congreso no siguió de inmediato la exhortación del presidente Wilson. Como consecuencia de la entrada en guerra de Estados Unidos, el Congreso votó la Espionage Act, que retomaba los elementos fundamentales de la Official Secrets Act británica. Ya no se trata de censurar la prensa sino de cortarle el acceso a la información, prohibiendo a los depositarios de los secretos del Estado revelar lo que saben. Ese dispositivo legal permite a los anglosajones presentarse como “defensores de la libertad de expresión”, cuando en realidad son los peores violadores del derecho democrático a la información, derecho que sin embargo defienden las constituciones de los países escandinavos.

Los anglosajones viven así mucho menos informados que los extranjeros sobre lo que sucede en sus propios países. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá lograron mantener en secreto –en su propio territorio– el Proyecto Manhattan, destinado a la concepción de la bomba atómica, a pesar de que 130 mil personas trabajaron en ese proyecto durante 4 años y de que los servicios secretos extranjeros lo habían penetrado ampliamente.

¿Por qué pudieron mantenerlo en secreto? Porque Washington no estaba preparando aquella arma para la guerra que estaba librando en aquel momento sino para la siguiente; es decir, para la guerra contra la Unión Soviética. Como ya lo han demostrado los historiadores rusos, en Japón se pospuso la capitulación hasta que se concretó la destrucción de Hiroshima y Nagasaki, como advertencia dirigida a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Si los estadunidenses hubieran sabido que su país disponía de aquella arma, sus dirigentes habrían tenido que utilizarla para acabar con Alemania y no para amenazar al aliado soviético a costa de los japoneses. En realidad, la Guerra Fría comenzó antes del fin de la Segunda Guerra Mundial.

En materia de secreto, es importante señalar que Stalin y Hitler tuvieron conocimiento sobre la existencia del Proyecto Manhattan desde el momento mismo de su inicio, porque ambos tenían agentes donde había que tenerlos. Harry Truman, sin embargo, en su calidad de vicepresidente de Estados Unidos, no fue informado hasta el último momento, o sea después del fallecimiento del presidente Franklin Roosevelt.

En todo caso, el espionaje ocupa un lugar secundario en la Espionage Act, como queda demostrado por su forma de aplicación.

En tiempo de guerra, la Espionage Act sirve más bien para castigar las opiniones disidentes. Por ejemplo, en 1919, la Corte Suprema determinó –al pronunciarse sobre los casos Schrenck contra Estados Unidos y Abrams contra Estados Unidos– que el hecho de llamar a la insumisión o a la no intervención en contra de la Revolución Rusa se incluía entre los comportamientos penados por la Espionage Act.

En tiempo de paz, esa misma ley sirve para impedir que los funcionarios hagan público un sistema de fraudes o crímenes cometidos por el Estado, incluso aunque revelen hechos de los que el público ya tenía conocimiento previo pero que no han podido comprobarse hasta el momento de las revelaciones impugnadas.

Bajo la administración de Obama ya se ha recurrido a la Espionage Act en ocho ocasiones, lo cual es toda una marca en tiempo de paz. No abordaremos en este trabajo el caso de John Kiriakou, el oficial de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su sigla en inglés) que reveló el arresto de Abu Zoubeida y las torturas a las que éste fue sometido. Lejos de ser un héroe, Kiriakou es en realidad un agente provocador de la propia CIA cuya misión consiste en hacer creer a la opinión pública la leyenda de las supuestas confesiones arrancadas a Zoubeida, para justificar a posteriori la “lucha contra el terrorismo”.

Tampoco abordaremos el caso de Shamal Leibowitz, en la medida en que sus revelaciones nunca se dieron a conocer a la opinión pública. Nos quedan así seis casos profundamente instructivos sobre el sistema militar-policiaco estadunidense.

Stephen Jin-Woo Kim confirmó a Fox News que Corea del Norte estaba preparando un ensayo nuclear, a pesar de las amenazas de Estados Unidos contra Pyongyang, una confirmación que en nada perjudicaba a Estados Unidos, aparte de subrayar su incapacidad para imponer obediencia a Corea del Norte. Esa información ya había sido divulgada, en otro contexto por el célebre periodista estadunidense Bob Woodward, sin provocar ningún tipo de reacción.

Thomas Andrew Drake reveló a un miembro de la comisión de la Cámara de Representantes encargada de los servicios de inteligencia el despilfarro del programa Trailblazer. Es decir, se le reprochó haber informado a los parlamentarios encargados de vigilar a las agencias de inteligencia que la NSA (National Security Agency) estaba tirando secretamente por la ventana miles de millones de dólares. El objetivo del programa Trailblazer era buscar la manera de implantar virus informáticos en cualquier computadora o teléfono móvil. Algo que nunca prosperó.

En ese mismo campo, Edward Snowden, empleado de la firma jurídica Booz Allen Hamilton, hizo públicos diversos documentos de la NSA que demuestran el espionaje estadunidense contra China… y también contra los invitados al Grupo de los 20 (G-20) organizado en Reino Unido. Lo más importante es que demostró la envergadura del sistema militar de escuchas de las comunicaciones telefónicas y mensajes a través de internet, escuchas a las que nadie escapa, ni siquiera el presidente de Estados Unidos. Ahora la clase política estadunidense describe a Snowden como un traidor a eliminar, únicamente porque sus documentos impiden que la NSA pueda seguir negando ante el Congreso la realización de una serie de actividades de todos conocidas desde hace mucho tiempo.

Bradley Manning, un simple soldado, transmitió a Wikileaks los videos de dos crímenes cometidos por el ejército estadunidense, 500 mil informes de inteligencia de las bases militares estadunidenses en Irak y 250 mil cables sobre los datos de inteligencia recogidos por los diplomáticos estadunidenses durante sus conversaciones con políticos extranjeros. Nada especialmente importante, pero se trata de una documentación que da al público una idea de los burdos chismes que recoge el Departamento de Estado y que sirven de base a la “diplomacia” de Estados Unidos.

Jeffrey Alexander Sterling es un empleado de la CIA que reveló a The New York Times la Operación Merlín. Pero más sorprendente resulta el caso del general James Cartwright, exnúmero 2 de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, ya que fue jefe adjunto del Estado Mayor Conjunto, y también consejero del presidente, tan cercano a este último que en Washington llegaron a llamarlo el “general de Obama”. Ahora resulta que este militar de alto rango reveló el año pasado a The New York Times la Operación Juegos Olímpicos y acaba de abrirse una investigación en su contra, según CNN.

Sterling y Cartwright no creen en el mito israelí sobre “la bomba atómica de los ayatolas”. Así que trataron de contrarrestar los intentos israelíes de arrastrar a Estados Unidos a la guerra contra Irán. La Operación Merlín consistía en hacer llegar a Irán información falsa sobre la fabricación de la bomba atómica. En realidad, se trataba de una provocación para que Irán emprendiera un programa nuclear de carácter militar, lo cual justificaría a posteriori la acusación israelí. En cuanto a la Operación Juegos Olímpicos, ésta consistía en introducir los virus informáticos Stuxnet y Flame en los ordenadores de la central iraní de Natanz para provocar problemas en el funcionamiento de esa instalación, específicamente en las centrifugas. El objetivo era, por lo tanto, sabotear el programa nuclear civil iraní. Así que esas revelaciones no perjudicaron los intereses de Estados Unidos sino las ambiciones de Israel.

Cierta oposición de salón nos presenta a las personas encausadas bajo la Espionage Act como denunciantes (whistleblower), como si Estados Unidos fuera hoy una verdadera democracia en la que es posible denunciar ante la ciudadanía los pocos errores que hay que corregir.

Lo que en realidad nos demuestran estos ejemplos es que, en Estados Unidos, desde el simple soldado (Bradley Manning) hasta el número dos de las Fuerzas Armadas (el general Cartwright), existen hombres que tratan de luchar como pueden contra un sistema dictatorial cuando se dan cuenta de que forman parte del mecanismo. Ante un sistema monstruoso, lo justo es catalogarlos entre los ejemplos más conocidos de una forma de resistencia, como el almirante Canaris o el conde Stauffenberg.