Danilo Valladares/IPS

 

Guatemala, Guatemala. “Supe del Plan Hambre Cero por la televisión, pero lastimosamente aquí no ha llegado”, se queja Elías Ruiz, un campesino de la sureña comunidad de Santa Odilia, sobre el programa insignia del gobierno de Guatemala que busca erradicar la miseria.

 

“A nosotros nos beneficiarían proyectos productivos porque, de lo contrario, no tenemos cómo mantenernos. Nos podrían ayudar con semillas de maíz, plátano, abonos y técnicas para mejorar nuestra producción”, añade.

 

Cada invierno, este agricultor y otras 307 familias de Santa Odilia, en el municipio de Nueva Concepción, del departamento de Escuintla, deben lidiar con la furia del río Coyolate, cuyo cauce se desborda y anega con sus aguas viviendas y siembras de autoconsumo.

 

“Se nos mueren las reses y nos quedamos sin cultivos de maíz, plátano…

 

Todo se va y tenemos que volver a comenzar”, relata a Inter Press Service (IPS).

 

 

Como Ruiz, cientos de miles de guatemaltecos castigados por la inseguridad alimentaria aguardan aún por la llegada del Plan Hambre Cero.

 

El programa fue lanzado en febrero pasado por el presidente derechista y general retirado, Otto Pérez Molina, un mes después de llegar al poder. Pero aún no se hace realidad para muchos de sus potenciales beneficiarios.

 

“Vemos pocos recursos destinados a concretar la lucha contra la desnutrición, muy poca ejecución y, adicional a esto, una falta de coordinación entre las diferentes instituciones y programas de política pública”, dice Jonathan Menkos, director ejecutivo del no gubernamental Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales.

 

Al concluir septiembre, de acuerdo con una metodología especial del Instituto, se había ejecutado el 55 por ciento del presupuesto de este año (2012) para los programas vinculados a seguridad alimentaria y nutricional, que han sido integrados al nuevo macroplan.

 

Otro programa, Ventana de los Mil Días, que apoya a las madres en su gestación y hasta que su hija o hijo tiene 2 años de edad, sólo se ha ejecutado en 36 por ciento.

 

Menkos dice a IPS que un problema del paquete de programas es su insuficiente presupuesto. Como ejemplo cita que la inversión prevista en el país para la seguridad alimentaria y nutricional durante 2012 es de 668 millones de dólares.

 

“Otros países vecinos, como Honduras o Nicaragua, con niveles más bajos de desnutrición, han tenido inversiones más o menos del doble respecto de Guatemala en los últimos años”, detalla.

 

Menkos señala que otro problema del Programa Hambre Cero es que no están claros sus recursos, porque agrupa y actualiza programas ya existentes y establece nuevos. Al lanzarlo, Pérez Molina dijo que el plan requeriría unos 260 millones de dólares adicionales respecto de los ya destinados para los temas que engloba.

 

Lo positivo es que el plan reúne toda una serie de iniciativas desperdigadas en una reforzada unidad de acción, pero su manejo sigue descoordinado entre los varios ministerios y otras dependencias que manejan sus distintos componentes.

 

Este país ostenta la tasa más alta de desnutrición crónica infantil en América Central y una de las mayores del mundo, equivalente a 49.3 por ciento de niños y niñas menores de 5 años, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por su acrónimo en inglés).

 

En Guatemala, el 54 por ciento de sus 15 millones de habitantes viven en la pobreza, de los cuales, el 13 por ciento sobrevive en la indigencia, enraizada particularmente en el área rural, donde radica el 54 por ciento de la población del país.

 

 

Para encarar situaciones como ésta, Pérez Molina lanzó el Programa Hambre Cero, que comprende acciones como el programa para las madres, la promoción de cadenas empresariales para los pequeños productores rurales, la entrega de aportes financieros y la producción de una tortilla fortificada de harina de maíz.

 

Entre las metas del gobierno está la de atender a más de 1 millón de niños y niñas que padecen desnutrición crónica y reducir esa tasa en 10 por ciento para 2016, al concluir el mandato de Pérez Molina.

 

Sin embargo, para alcanzar ese propósito aún deben resolverse varios asuntos.

 

Por un lado, “hay grandes desafíos en materia de integración y de coordinación de las instituciones y, por el otro, existe la necesidad de evaluar lo que se ha ido haciendo”, dice Menkos.

 

Este último punto es trascendental, según Iván Yerovi, representante adjunto de la Unicef en Guatemala.

 

“Ahí radica la gran apuesta que debe hacer el país. Sería ideal tener más recursos, pero es mucho más ideal monitorear y saber cómo se están utilizando esos fondos”, dice a IPS.

 

“Si no estamos analizando cada una de las intervenciones que se hacen, será muy tarde llegar al sexto u octavo año cuando se haga una encuesta de salud materna e infantil que vaya reflejando los resultados”, señala.

 

Además, el funcionario coincide con Menkos en la preocupación por la escasa ejecución presupuestaria en el combate contra el hambre en el país.

“A estas alturas del año [octubre] las cifras no están revelando un nivel adecuado de ejecución de los fondos, lo cual es una lección aprendida que debe corregirse”, sugiere Yerovi.

 

Organizaciones civiles suman a estas críticas su cuestionamiento sobre la metodología del plan.

 

Alejandro Aguirre, de la Coordinación de Organizaciones No Gubernamentales y Cooperativas de Guatemala, dice a IPS que “la política que impulsa el actual gobierno es clientelar y asistencialista, lo cual hace que, precisamente, se mantenga la pobreza”.

 

El activista se refiere con ello a la denominada Bolsa Segura, que es una ración de víveres que entrega el gobierno a familias de escasos recursos, programa iniciado por el gobierno del socialdemócrata Álvaro Colom (2008-2012), pero que fue duramente criticada por darle una intención electoral.

 

“Son regalos que se le dan a la población que al final no resuelven los problemas de fondo que tiene el país en cuanto a desnutrición y a garantizar el derecho a la alimentación”, recalca.

 

En su lugar, Aguirre se muestra a favor de proyectos productivos que tengan que ver con la producción de granos básicos y la asistencia técnica para el fortalecimiento de la economía campesina.

 

“Los recursos destinados al combate contra la desnutrición son mínimos. El Programa Hambre Cero no arranca y vemos una estrategia de intervención dispersa, sin una interrelación entre los diferentes ministerios que deben impulsar ese plan”, coincide con los otros expertos.

 

Pese a todo, Menkos y Yerovi consideran “positivo” que con el plan, el combate contra el hambre en el país ha cobrado importancia y posicionamiento en la agenda gubernamental, reforzando la tendencia de los últimos años en esa dirección.

 

De hecho, el expresidente de Estados Unidos, William Clinton, en nombre de su fundación Iniciativa Global Clinton, entregó en septiembre un reconocimiento a Pérez Molina por sus esfuerzos en reducir la desnutrición a través del Plan Hambre Cero.

 

 

 

Fuente: Contralínea 313 / Diciembre de 2012