América Latina se mantiene como una de las regiones con mayor desigualdad del orbe. Más de 167 millones de personas, condenadas a la miseria. El 10 por ciento de los más ricos detenta el 32 por ciento de toda la riqueza
Enrique Torres/Prensa Latina
Santiago, Chile. Reducir los niveles de desigualdad en la distribución del ingreso en América Latina y el Caribe, considerados entre los más altos del mundo, continúa siendo uno de los más grandes desafíos de la región.
Así lo afirma la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en su más reciente estudio sobre la pobreza en el área, donde 167 millones de personas viven en tales condiciones.
En la mayoría de los países se observa que un conjunto reducido de la población acumula una gran proporción de todos los ingresos generados, mientras que los más pobres sólo alcanzan a recibir una cantidad mínima.
El reporte Panorama social de América Latina 2012, de la Cepal, precisa que el 10 por ciento más rico de la población latinoamericana recibe el 32 por ciento de los ingresos totales, mientras que el 40 por ciento más pobre se beneficia sólo del 15 por ciento.
Según las estadísticas disponibles sobre 17 países, Venezuela y Uruguay son las naciones de la región donde la desigualdad es menor.
En el caso de Venezuela, la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, considera que ese país ha hecho enormes esfuerzos por reducir la desigualdad con subsidios a los alimentos, especialmente en precios, sobre todo a la población de menores ingresos.
La funcionaria también destaca la existencia de programas muy específicos, educacionales y de salud, “y desde luego la parte más importante, que son los ingresos laborales”. Tanto en Venezuela como en Uruguay se ha realizado un esfuerzo para transferir beneficios hacia las poblaciones más vulnerables.
Los niveles relativamente altos de concentración del ingreso se observaron en Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, Paraguay y República Dominicana, países en que los niveles se acercan al 40 por ciento para los más ricos y del 11 al 15 por ciento para los más pobres.
No obstante, la Cepal es del criterio de que la persistencia de altos grados de desigualdad no debería oscurecer el hecho de que en los últimos años se lograran avances en este campo.
El balance con relación a los inicios de la primera década del siglo XXI muestra una clara tendencia a la reducción de la concentración del ingreso, dinámica que ha distinguido al proceso de desarrollo de la región en el último decenio y que representa un cambio en la tendencia imperante en las décadas de 1980 y 1990.
En nueve de los 17 países analizados, el Coeficiente de Gini (medida de la desigualdad de los ingresos creado por el italiano Corrado Gini) se redujo a un ritmo de al menos el 1 por ciento.
Los descensos más significativos se registraron en Argentina, Bolivia, Nicaragua y Venezuela, todos con tasas anuales de reducción del Gini superiores al 2 por ciento.
El gasto social como porcentaje del producto interno bruto en América Latina y el Caribe alcanza el 18.6 por ciento. En la década de 1990 era del 11.2 por ciento.
Con relación al gasto público, también esos presupuestos han ido en aumento, aunque en realidad en los últimos tiempos se observa cierto aplanamiento en los gráficos, lo que indica que no se dispara, pero tampoco retrocede.
Lo cierto es que América Latina y el Caribe finalizaron 2012 con 167 millones de personas en situación de pobreza, 1 millón menos que en 2011.
El número de ciudadanos en extrema pobreza se mantuvo estable el año recién concluido, con 66 millones.
La lista de poblaciones en situación de pobreza e indigencia la encabezan Paraguay (49.6 por ciento), República Dominicana (42.2 por ciento) y Colombia (34.2 por ciento). En esas naciones también se registran los números más rojos en cuanto a indigencia.
Otra radiografía del subcontinente la ofreció a fines del año pasado la oficina regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por su sigla en inglés), al señalar que, pese al crecimiento de varias economías, 49 millones de ciudadanos en América Latina y el Caribe son víctimas del hambre.
En el estudio de 2012 sobre el panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en la región, la FAO precisa que en los últimos 20 años, 19 millones de personas lograron salir de esa condición.
Pero realmente el crecimiento que tuvieron las economías nacionales no se tradujo en una disminución correspondiente a la vulnerabilidad a la que está expuesta una parte importante de la población del área, señala la investigación.
De acuerdo con el oficial principal de Políticas de la Oficina Regional de la FAO, Adoniram Sanches, si bien es en América Latina y el Caribe donde más se avanzó en reducir el hambre a nivel mundial, en los últimos años la tendencia en la reducción se desaceleró producto del impacto de las crisis económicas.
En su opinión, la erradicación del hambre debe ser la principal prioridad regional, ya que es una precondición absoluta para el desarrollo y el bienestar de los pueblos.
El 8.3 por ciento de la población del subcontinente no ingiere las calorías diarias necesarias para llevar una vida sana. El hambre a nivel regional descendió continuamente, pero de 2007 a 2009, y de 2010 a 2012, sólo 1 millón de personas dejaron de padecer la falta de alimentos.
Nueve de los 33 países en América Latina y el Caribe cuentan con una tasa de prevalencia de hambre inferior al 5 por ciento, entre ellos Cuba, Venezuela, Argentina, México, Uruguay y Chile.
En 16 naciones del área, la tasa es superior al 10 por ciento.
Entre los países más afectados por el hambre en Latinoamérica y el Caribe se encuentran Haití (con prevalencia de 44.5 por ciento), Guatemala (30.4 por ciento) y Paraguay (25.5 por ciento).
Un análisis realizado por la Cepal de 1997 a 2010 arrojó que mientras mayores son los males que aquejan a las poblaciones –entre ellos la desigualdad económica– también es mayor la percepción de la ciudadanía sobre esos desequilibrios, y por ende el crecimiento de la conciencia social.
Resultado de ello es, entre otros síntomas, el aumento de la desconfianza en las instituciones, especialmente en los Poderes Legislativo y Judicial, además de los partidos políticos.
Fuente: Contralínea 319 / enero 2013
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