El gobierno de Macri continua con los despidos. Ahora fueron más de 200 servidores públicos de la Casa de Moneda quienes han sido echados a la calle, a pesar de los años de servicio, las largas jornadas a las que eran sometidos y las plazas fijas que ocupaban

Buenos Aires, Argentina. Rabia y mucha impotencia viven Mónica, Mariano, Pablo, Mauro y Gerardo, cinco de más de un centenar de trabajadores argentinos de la Casa de Moneda que quedaron en la calle en medio del ajuste estatal del gobierno.

Sus vidas cambiaron completamente casi comenzando 2018, aunque desde hacía semanas presentían que de un momento a otro perderían sus puestos porque poco a poco vieron despedir, sin causa alguna –como en sus casos–, a varios de sus compañeros. La incertidumbre de qué pasaría con ellos ya los agobiaba.

En los cinco casos, como los de otros despedidos en esa fábrica estatal durante los últimos tiempos, cumplían tareas concretas, tenían mucho para hacer, por eso no comprenden la decisión, mientras se preguntan qué hacer con sus vidas porque “no encuentran laburo”.

Frente al Congreso, en la Plaza testigo de tantas luchas sociales en este país, los ahora exempleados de la Casa de Moneda dialogaron en exclusiva con Prensa Latina sobre el momento por el cual atraviesan y la lucha que comienzan a tejer en busca de la reincorporación a sus puestos.

Mariano y Mauro pertenecían a la planta de Don Torcuato, en la zona Norte del Gran Buenos Aires, y llevaban allí más de 5 años hasta que el 10 de enero les notificaron que estaban despedidos.

 “Quedamos 35 en la calle. Yo trabajaba en el sector de emisión de monedas. Hicimos asambleas, los compañeros por miedo a que fuera mayor la cantidad de despidos avalaron éstos y nos echaron. En la actualidad laboro de taxista como Uber”, relata Mariano.

“Es muy triste –dice– cómo se está llevando un desmantelamiento del Estado, pues en nuestra fábrica faltaban trabajadores. Estábamos emitiendo el nuevo billete de 1 mil pesos. Yo tenía 5 años de antigüedad, era de planta permanente. Nos echaron sin ninguna explicación ni causa.”

Para Mariano, el objetivo que buscan es achicar, recortar. No quieren gastar ni un peso en nada y menos en los trabajadores, subraya. En la planta hay trabajo y va a haber en billetes porque hay mucha inflación y siempre se emiten monedas, por ejemplo.

Mientras intenta buscar otro trabajo o que lo reincorporen en ese o en otro puesto, este obrero ve el futuro muy negro en su país. Hay más de 1 millón y medio de trabajadores en la calle.

Lo que quiere el sector empresarial es bajar los costos, hay una oferta reducida: pagar cada vez menos y ya se ve con las paritarias (negociaciones salariales) apuntando a un 10 por ciento cuando hay una gran inflación, manifiesta.

Y añade: “La pérdida de salario que estamos sufriendo los trabajadores es terrible, vemos un país hecho para los ricos y nosotros tenemos las de perder”.

Mauro vive una situación similar. Trabajaba en la misma planta, pero en el sector de Chapas Patente, donde se fabrican las identificaciones para los vehículos que circulan en el país.

Hay mucho trabajo ahí porque se venden muchos autos, señala al tiempo que recuerda cómo en un principio anunciaron que despedirían a quienes faltaban a sus puestos, no cumplían y al final no fue así.

“Tenía 5 años de trabajo, cuando más llegué tarde dos veces, nunca falté”, subraya este hombre, quien recuerda cómo hubo épocas que prácticamente vivió dentro de la fábrica, trabajando de lunes a lunes.

Hubo dos tandas de despidos, una en 2015. Apenas asumió el gobierno de Mauricio Macri echaron a 25 con el argumento de barrer con los ñoquis, como se les denomina en Argentina a aquellos trabajadores estatales que no aparecen por su puesto hasta el día del cobro.

Luego, tras el proceso electoral legislativo del pasado año, despidieron a otros 35, subraya Mauro que hoy trabaja de árbitro y de remisero (chofer de autos particulares que ofrecen servicios). “Duermo 3 o 4 horas por el miedo de no poder llevar plata a casa”.

El caso de Gerardo, Pablo y Mónica también es similar. Los tres llevaban años trabajando en la Casa de Moneda ubicada en Retiro.

De ese lugar salen desde los billetes hasta todos los pasaportes, títulos universitarios y secundarios, los padrones electorales, estampillas, fajas de importación de la Aduana, cédulas vehiculares, diplomas y títulos para diputados y senadores, pasajes terrestres y de avión, entre otros.

Gerardo comenzó en la fábrica en enero de 2011 y fue despedido el 15 de enero de este año, sin causa. “Yo pensé que trabajando con el Estado tendría cierta estabilidad con el nuevo proyecto de impresión de billetes”.

Siete años en una planta permanente, despedido sin causa. “Quedamos desahuciados porque tampoco tuvimos apoyo de los gremios, ni legal”, resalta.

Mientras reitera que afuera, en la calle, está complicado conseguir empleo, relata a Prensa Latina que hace changas (trabajos temporales) para vivir, pero resulta muy difícil.

La primera camada de despidos en la Casa de Moneda fue de 100 personas y entre diciembre y enero quedaron sin sus puestos otras 140, como es el caso de Pablo, un hombre con problemas de hipoacusia y quien laboraba en la fábrica desde 2012.

Me despidieron sin causa, se lamenta Pablo. A su lado toma la palabra Mónica, uno de los rostros femeninos de esta lucha de los exempleados de la Casa, que hizo de ese lugar su propia morada.

“En los últimos meses ya se entraba a trabajar con miedo: veías como una compañera no pudo ingresar y vivías en una incertidumbre. Se instaló ese clima que creaba diferencias: todo el mundo susceptible, sensible, cuidando su puesto sin saber si ibas a ser el próximo o la próxima.”

En las dos plantas, explica Mónica, el porcentaje de mujeres es muy grande porque los trabajos son manuales y requiere la mano femenina. Pero muchas fueron despedidas.

Hay casos que son de una inhumanidad total, como el de Pablo, con hipoacusia, y de otros y otras con discapacidades que fueron despedidos sin importarles cuáles eran sus condiciones de salud.

Despidieron a madres con bebés pequeños, dice, y cita el ejemplo de una compañera con una hija que cumplió 1 año de edad el domingo y el lunes siguiente se quedó sin trabajo.

“Es un recorte total, desde el servicio de comedor hasta la guardería para las que somos madres; a pesar de ser estatales no tenemos sueldos súper altos como los que cobran quienes están allí atrás”, apunta y señala detrás de su espalda, en dirección a la sede del Congreso.

“Trabajamos 12 y 13 horas todos los días, era parte de la vida allá adentro, creamos vínculos, dejamos de estar en casa con los hijos, con la familia, para estar laborando, subraya mientras pide a esos congresistas que hoy legislan que los escuchen.

“Que tengan en cuenta que esto no es una cuestión de obreros despedidos, estamos hablando de trabajadores de Casa de Moneda, donde se acuñan los valores de nuestra nación. Somos trabajadores para respetar por ser estatales y en especial de este lugar.

“No trabajamos con cualquier papel, sino con valores, creamos todo el cono humanitario de un país, y eso lo deben tener en cuenta”, apunta Mónica, quien como madre hoy vislumbra unos años muy duros por venir.

Indica: Estamos precarizados como ciudadanos, con los tarifazos (alzas de precios en los servicios), con la falta de trabajo, lo estamos pagando totalmente nosotros.

“Pero acá seguimos, tratando de organizarnos para llevar adelante esta situación en la que ninguno la está pasando bien”, enfatiza mientras sigue la lucha por la reincorporación suya y la de sus compañeros.

Maylín Vidal/Prensa Latina

[LÍNEA GLOBAL]