Mikey Z / Julian Aguon / Red Voltaire

 

El Departamento de Defensa de Estados Unidos realiza un uso indiscriminado de combustibles fósiles, una gran producción de gases de efecto invernadero y una gigantesca emisión de contaminantes radiactivos y químicos en el aire, agua y suelo.

 

Las extensas operaciones militares globales de Estados Unidos (guerras, intervenciones, operaciones secretas, más de 1 mil bases en todo el mundo y 6 mil instalaciones dentro de ese país) están exentas de limitaciones para el vertido de gases de efecto invernadero. La investigadora política Sara Flounders escribió: “De cualquier forma que se mida, el Pentágono es el más grande consumidor de productos petroleros y de energía en general. Aun así, el Pentágono sale totalmente exonerado en todos los acuerdos internacionales sobre el clima”.

 

Mientras los informes oficiales estadunidenses reportan el uso militar de 320 mil barriles diarios de petróleo (50.9 millones de litros), ésa cantidad no incluye el combustible consumido por los contratistas, o en instalaciones arrendadas o privadas, o en la producción de armas.

 

El aparato militar de Estados Unidos es el principal generador de dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero que la mayoría de los científicos consideran responsable de provocar del cambio climático. Steve Kretzmann, director de Oil Change International, informó que “la guerra de Irak fue responsable de por lo menos el equivalente a 141 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono (MMT CO2) desde marzo de 2003 a diciembre de 2007 […]. Esa guerra emite más del 60 por ciento que el resto de los países […]. A esta información no se puede acceder con facilidad, pues las emisiones del ejército en el extranjero están exentas de incluirse en el reporte nacional bajo la ley estadunidense y la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático”.

 

De acuerdo con Barry Sanders, autor del libro La zona verde: costos medioambientales del militarismo, “la más grande agresión contra el medio ambiente, contra todos nosotros alrededor del mundo, proviene de una sola agencia: las Fuerzas Armadas de Estados Unidos”.

 

A través de una larga historia de preparativos militares, acciones y guerras, el militarismo estadunidense no ha sido señalado como responsable de los efectos de sus actividades sobre el medio ambiente, las personas o los animales. Durante las negociaciones de los Acuerdos de Kyoto, en diciembre de 1997, Estados Unidos exigió como condición para su firma estar exenta de límites o reducciones para todas sus operaciones militares por todo el mundo, incluyendo acciones con participación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización del Tratado Atlántico Norte.

 

Después de lograr esta concesión, la administración Bush rechazó firmar los acuerdos y el Congreso de Estados Unidos aprobó una disposición explícita que garantizaba que el ejército de Estados Unidos no estaría limitado por reducciones o limitaciones para el uso de la energía.

 

Los informes de la periodista especializada en temas medioambientales Johanna Peace divulgaron que las actividades militares continuarán estando exentas al contar con el apoyo de un decreto firmado por el presidente Barack Obama, que pide reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero antes de 2020 a otras agencias federales. Peace aseguró que “el ejército es responsable del 80 por ciento de la demanda de energía del gobierno federal”.

 

Tal como están las cosas, el Departamento de Defensa es el contaminador más grande del mundo, produciendo desechos más peligrosos que las cinco compañías químicas más grandes de Estados Unidos juntas. Uranio empobrecido, petróleo, combustibles, pesticidas, agentes defoliantes (como el Agente Naranja), plomo y grandes cantidades de radiación derivadas de la producción, prueba y uso de armas, son sólo algunos de los agentes contaminantes con los cuales el ejército estadunidense está contaminando el medio ambiente. Flounders identifica algunos ejemplos claves:

 

-Uranio empobrecido: decenas de miles de libras de micropartículas de residuos radioactivos y altamente tóxicos contaminan Oriente Medio, Asia Central y los Balcanes.

 

-Las minas terrestres y las bombas de racimo de fabricación estadunidense diseminadas en grandes áreas de África, Asia, Latinoamérica y Oriente Medio continúan provocando muerte y destrucción, incluso después del fin de las guerras.

 

-Treinta y cinco años después de la Guerra en Vietnam, la contaminación por dioxina es de tres a cuatro veces más alta que los niveles “seguros”, trayendo como consecuencia severos defectos de nacimiento y cáncer que llegan hasta la tercera generación de las personas afectadas.

 

-Las políticas militares estadunidenses y la guerra en Irak han provocado severos niveles de desertificación en el 90 por ciento de las tierras de este país, antiguo exportador de alimentos convirtiéndolo en un importador del 80 por ciento de sus productos alimenticios.

 

-En Estados Unidos, las bases militares encabezan la lista Superfund que incluye los sitios más contaminantes, mientras el perclorato y el tricloroetileno se van filtrando en el agua potable, en los acuíferos y en el suelo.

 

-Las pruebas nucleares realizadas en el Suroeste de Estados Unidos y en las Islas del Pacífico han contaminado miles de acres de tierra y agua con radiación, en tanto los desechos de uranio dañan las reservas de los Navajos.

 

-Los barriles de químicos y solventes herrumbrosos y millones de municiones son abandonados ilegalmente por el Pentágono en bases militares alrededor del mundo.

 

Estados Unidos planea una enorme concentración de fuerzas militares, por 15 mil millones de dólares, en la isla Guam, en el Pacífico. El proyecto, que transformaría a la isla de 50 kilómetros de largo en un centro importante para las operaciones militares de Estados Unidos en el Pacífico, se ha descrito como la concentración de fuerzas militares más grande de la historia reciente y podría conllevar al arribo de nada menos que 50 mil personas a esa pequeña isla. El abogado de derechos civiles, Julian Aguon, de la etnia chamoru, nativa de Guam, advirtió que esta operación militar traerá a la isla consecuencias sociales y ambientales irreversibles. Como territorio no incorporado, o colonia de Estados Unidos, la gente no tiene derecho a la autodeterminación, ni posee ningún medio gubernamental para oponerse a una ocupación impopular y destructiva.

 

Entre 1946 y 1958, Estados Unidos arrojó más de 60 armas nucleares sobre Islas Marshall. La cercana población chamoru de Guam, que además está en la dirección del viento, todavía experimenta alarmantes tasas de cáncer asociado.

 

En el Capitolio, las conversaciones se han limitado a decidir si los trabajos de construcción militar planificados deben otorgarse a estadunidenses del continente, a trabajadores extranjeros o a residentes de Guam. Pero raramente se escuchan las preocupaciones sobre los indígenas de Guam y la etnia chamoru, que constituye más de un tercio de la población de la isla. Entretanto, como si el mundo ya no estuviera bastante contaminado por el ejército estadunidense, un nuevo plan estratégico quinquenal de la marina de guerra esboza la militarización del Ártico para defender la seguridad nacional, las riquezas submarinas potenciales y otros intereses marítimos, anticipándose a que el océano Ártico tendrá vías seguras de acceso y abrirá sus aguas hacia 2030. Este es un plan estratégico para las operaciones de ampliación de la flota, desarrollo de recursos, investigación, turismo, y posiblemente podría reformular de nuevo el transporte global.

 

Mientras el plan propone “asociaciones fuertes” con otras naciones (Canadá, Noruega, Dinamarca y Rusia, quienes también han hecho inversiones sustanciales en armamento militar apto para el Ártico), es muy evidente que Estados Unidos se ha tomado en serio el aumento de su presencia militar y capacidad naval de combate. Además del rearme naval previsto, Estados Unidos estacionó en Anchorage, Alaska, 36 aviones de combate F-22 Raptor Stealth Fighter (indetectables por radar), lo que constituye el 20 por ciento de su flota en este tipo de armamento. Algunos “Puntos de Acción” del documento Hoja de ruta (roadmap) Ártico de la Marina estadunidense incluyen:

 

-Evaluación de la capacidad actual y requerida para ejecutar guerra submarina, guerra expedicionaria, guerra relámpago, sistema de transportación estratégico y cooperación de seguridad regional.

 

-Evaluación de las amenazas actuales y pronosticadas para determinar las amenazas más peligrosas y probables en la región ártica en 2010, 2015 y 2025.

 

-Brindar atención a las amenazas para la seguridad nacional estadunidense, aunque también pueden considerarse las amenazas para la seguridad marítima. Detrás de la apariencia pública que ofrece la cooperación ártica internacional, Rob Heubert, director adjunto del Centro de Estudios Militares y Estratégicos de la Universidad de Calgary, señala: “Si leen el documento cuidadosamente observarán una dualidad en el lenguaje, por una parte dicen: ?tenemos que comenzar a trabajar juntos…’ Y por otra: ?tenemos que conseguir nueva instrumentación para nuestros oficiales de combate…’ Están entendiendo claramente que el futuro no es tan agradable como plantean todas las declaraciones de carácter público”.

 

Más allá de las preocupaciones por los conflictos humanos en el Ártico, ni siquiera se están considerando las consecuencias de la militarización para el medio ambiente. Y teniendo en cuenta los antecedentes de devastación ambiental que ha causado el ejército de Estados Unidos, este silencio es inaceptable.

 

 

Mientras escribo esta “actualización”, los drones (aviones teledirigidos) vuelan sobre Afganistán, Irak y Paquistán, el petróleo se derrama en el Golfo de México y el 53.3 por ciento de nuestros aportes en impuestos es destinado al ejército de Estados Unidos. Más sencillo: no se siente la diferencia entre la esperanza y el cambio y el shock y el miedo… Sin embargo, los grandes medios continuarán difundiendo mentiras bipartidistas. Vincular a los movimientos pacifistas con los medioambientales sigue siendo un paso muy necesario. Como me dijo recientemente Cindy Sheehan: “Pienso que una de las mejores cosas que podemos hacer es mirar la transformación económica de la industria de defensa hacia la industria verde, trabajando en formas de energía sustentables y renovables, y/o a través de la comunicación con los indígenas que están intentando reclamar por la contaminación del complejo militar-industrial en sus tierras. Lo mejor sería comenzar a niveles locales el reclamo por un planeta sano para la vida”.

 

Todo es cuestión de reconocer las conexiones, cómo nos manipulan para apoyar las guerras y cómo esas guerras están matando nuestro ecosistema. También debemos reconocer nuestra conexión con el mundo natural, ya que si miramos todas las cosas vivas, incluyéndonos a nosotros mismos como parte de un “alma colectiva”, ¿cómo no vamos a defender lo que necesita esa “alma colectiva” con todos los medios disponibles?

 

Estamos al borde del hundimiento económico, social y ambiental. En otras palabras, ésta es la mejor época de la historia para ser un activista.

 

 

Desde 2010, el pueblo de Guam se prepara para una militarización catastrófica, casi sin paralelo, en la historia más reciente. Planificada para comenzar formalmente este año, esta concentración de tropas le está pisando los talones a la decisión de Estados Unidos de fortalecer su presencia militar en la región Asia-Pacífico. En el centro del esquema de realineamiento militar estadunidense se encuentra el reñidísimo acuerdo entre Washington y Japón para el traslado de miles de infantes de marina estadunidenses desde Okinawa a Guam. Este fatal desenlace, ligado a la percepción estadunidense de China como amenaza a su seguridad, augura grandes daños a la población y al medio ambiente de Guam, y sin embargo, continúa siendo prácticamente desconocido para los estadunidenses y el resto de la comunidad internacional.

 

Lo que ocurre en Guam es interesante, pues mientras Estados Unidos envía a sus soldados y ciudadanos a la guerra con el pretexto de “diseminar la democracia”, toda una civilización de supuestos estadunidenses no pueden votar.

 

Aunque esta concentración de tropas signifique el cambio demográfico más volátil de la historia reciente de Guam, la población de la isla nunca ha tenido una oportunidad de participación significativa en ninguna discusión sobre el tema. Hasta la fecha, la escasa cobertura periodística del rearme militar se ha centrado casi exclusivamente alrededor de Estados Unidos y Japón, ignorando la oposición de los habitantes de Guam. De hecho, el reportaje de Democracy Now!, “Residentes de Guam se organizan contra planes de emplazamiento militar por 15 mil millones de dólares en la isla del Pacífico”, fue el primer informe de los medios estadunidenses de consideración en relación con este emplazamiento desde 2005. Mucho menos entonces se ha tenido en cuenta la oposición de este pueblo.

 

El quid de esta historia no está tanto en los detalles más agudos del emplazamiento militar, sino en el contexto político más grande del colonialismo del siglo XXI. Bajo la ley de Estados Unidos, Guam es un territorio no incorporado, lo cual significa que Guam es un territorio que pertenece a ese país, pero no forma parte de éste. Como territorio no incorporado la Constitución de Estados Unidos no procede automáticamente. Lo que sucede en realidad es que el Congreso estadunidense tiene amplios poderes sobre los territorios no incorporados, incluyendo el poder de elegir qué partes de la Constitución se aplican a éstos. Realmente, Guam aún está bajo el mandato de la Oficina de Asuntos Insulares del Ministerio del Interior de Estados Unidos.

 

Bajo el derecho internacional, Guam es un territorio sin gobierno propio, o colonia reconocida por la ONU, cuya población todavía tiene el más elemental derecho a la autodeterminación. El artículo 73 de la Carta de Naciones Unidas, que instituye los derechos de las poblaciones de territorios no autónomos, establece que aquellos estados que los gobiernan “reconozcan que el principio de que los intereses de los habitantes son supremos”. Estos “poderes de administración” aceptan como “creencia sagrada” la obligación de desarrollar gobiernos autónomos en los territorios, teniendo en cuenta las aspiraciones políticas del pueblo. Como indican los tratados internacionales y las leyes habituales, la población colonizada de Guam tiene derecho a la autodeterminación bajo el derecho internacional que el propio Estados Unidos reconoce, por lo menos en teoría.

 

El despliegue de fuerzas militares, sin embargo, revela el fracaso estadunidense en cumplir su obligación legal internacional. Esto es particularmente preocupante ante el hecho de que 2010 marcó el término formal del plazo –no de una, sino de dos décadas– establecido internacionalmente por la ONU para erradicar el colonialismo.

 

En 1990, la Asamblea General de la ONU proclamó 1990-2000 como la Década Internacional para la Erradicación Definitiva del Colonialismo. Hacia el fin de ese plazo, la Asamblea General adoptó un plan de acción detallado para acelerar el fin de todas las formas de colonialismo.

 

En 2001, argumentando la falta de progreso real durante la primera década, la Asamblea General proclamó una segunda década para hacer efectiva esta meta. Y la década ha terminando, y sólo Timor Oriental (o Timor Leste) ha logrado alcanzar la independencia de Indonesia en 2002.

 

En noviembre de 2009 –un mes después de la aparición del reportaje “Residentes de Guam se organizan contra planes de emplazamiento militar por 15 mil millones de dólares en la isla del Pacífico”– el departamento de Defensa estadunidense lanzó una Declaración de Impacto Ambiental (DEIS, por su sigla en inglés) sin precedentes, detallando por primera vez en 11 mil páginas la verdadera connotación de la total militarización para Guam.

 

En su punto más crítico, este emplazamiento militar llevará a más de 80 mil nuevos residentes a Guam, incluyendo más de 8 mil 600 infantes de marina de Estados Unidos y a sus 9 mil acompañantes, a 7 mil supuestos empleados flotantes de la marina de guerra de Estados Unidos, de 600 a 1 mil el personal del ejército y a unos 20 mil trabajadores extranjeros contratados para las construcciones militares.

 

Este “tsunami humano”, como se le está llamando, representa un grueso aumento del 47 por ciento de la población total de Guam en un período de cuatro a seis años. Hoy, la población total de Guam asciende a 178 mil personas, donde los indígenas chamoru son solamente el 37 por ciento de esta población. Estamos siendo testigos de un cambio demográfico volátil y casi repentino, de la composición de esta isla; incluso el ejército de Estados Unidos admite que esto conllevará al desalojo político de la etnia chamoru. Para poner en contexto este etnocidio, digamos que justo antes de la Segunda Guerra Mundial, el pueblo chamoru constituía más del 90 por ciento de la población de Guam.

 

Como núcleo de esta concentración de tropas se proponen tres acciones importantes:

 

1) La construcción de instalaciones permanentes y de infraestructura para apoyar la totalidad del espectro del entrenamiento de guerra de miles de infantes de marina reubicados.

 

2) La construcción de un nuevo muelle de aguas profunda, en el único puerto de la isla para dar paso a portaaviones nucleares.

 

3) La construcción de una Fuerza de Tarea Conjunta para la Defensa Antimisil –modelada en la Base de Pruebas de Misiles Balísticos Ronald Reagan en las Islas Marshall– para la intercepción de misiles balísticos intercontinentales.

 

En cuanto a los impactos negativos, estas construcciones significarán, entre otras cosas: la destrucción de mesetas de caliza arbolada y la profanación de sitios de enterramiento de unos 3 mil 500 años; también la restricción para el acceso a áreas ricas en plantas indispensables para la práctica de la medicina indígena; la negación de acceso a lugares de culto y zonas de pesca tradicionales; la destrucción de unas 28 hectáreas de arrecife de coral florecientes, que hoy sirven de hábitat indispensable para muchas especies en peligro de extinción; y el sobreconsumo de las reservas de agua de Guam, incluyendo la perforación de otros 22 pozos adicionales. Además, aumentará enormemente la probabilidad de accidentes relacionados con la actividad militar. Ya ocurrieron siete accidentes aéreos durante el entrenamiento militar de agosto de 2007 a julio de 2008, el más reciente fue el bombardero B-52, en el cual murió toda la tripulación.

 

La presencia creciente de fuerzas militares estadunidenses en Guam también aumenta la vulnerabilidad de la isla como blanco de los enemigos de Estados Unidos.

 

Finalmente, un tema que ha conllevado a discusiones más acaloradas sobre Guam ha sido el anuncio de que el Departamento de Defensa, en caso necesario, sacrificará otras 890 hectáreas de tierra de Guam para la futura construcción de nuevas instalaciones militares. Este nuevo atraco de tierras ha sido enfrentado con crecientes protestas por parte de los residentes de la isla, principalmente debido a que el ejército de Estados Unidos posee ya cerca de una tercera parte de la pequeña isla, que en su mayoría fue ocupada ilegalmente después de la Segunda Guerra Mundial.

 

En febrero de 2010, tras realizar la revisión de la DEIS, la Agencia de Protección Ambiental estadunidense (EPA, por sus sigla en inglés) la evaluó de “insuficiente” y “ambientalmente insatisfactoria”, otorgándole el grado más bajo posible para una DEIS. Entre otras cosas, las investigaciones de la EPA sugieren que la infraestructura hidráulica de Guam no pueda aguantar el boom poblacional, y que recursos de agua dulce estarán en alto riesgo de contaminación.

 

La EPA predice que si no se mejora la infraestructura del sistema hidráulico, la población que reside en las afueras de las bases experimentará un déficit de agua de 49.6 millones de litros diarios en 2014.

 

La agencia indicó que los planes masivos de emplazamiento militar del Pentágono en Guam “no deben proceder de la forma propuesta”. A la población de Guam le dieron apenas 90 días para leer el voluminoso documento de 11 mil páginas y comentar sobre su contenido; el período de 90 días para estos comentarios culminó el 17 de febrero de 2010, con una fecha de registro de puesta en marcha de inmediato.

 

La respuesta a este tema en los grandes medios estadunidenses ha sido un silencio ensordecedor. Desde que se anunció por primera vez el emplazamiento militar en 2005, han pasado tres años y ningún medio de comunicación de Estados Unidos se ha pronunciado sobre el tema. En realidad, la entrevista en Democracy Now! de octubre de 2009 fue la primera cobertura informativa nacional de peso sobre el emplazamiento militar.

 

  

Fuente: Contralínea 302 / Septiembre de 2012