A partir de las políticas públicas que impulsa la 4T, los índices de pobreza se han reducido. De acuerdo con expertos, el impacto mayor se deriva de la recuperación del salario mínimo, mientras que los programas sociales también contribuyen positivamente a los ingresos de los hogares. Por ello, en el gobierno del expresidente López Obrador –y a pesar de las crisis económicas globales derivadas de la pandemia y la guerra Rusia-Ucrania–, más de 9 millones de personas superaron esa condición. Ahora, con la presidenta Sheinbaum, al plan de justicia social se han sumado nuevos Programas del Bienestar: pensión a mujeres de 60 a 64 años de edad; beca universal Rita Cetina Gutiérrez a niños y niñas a nivel preescolar, primaria y secundaria; Salud Casa Por Casa y Farmacias del Bienestar

La reducción de la pobreza en México que se registró al cierre del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador –de 9.6 millones de personas que superaron esa condición– se dio principalmente por el aumento a los ingresos de las familias, por vía directa de la política de constante aumento al salario mínimo, consideran expertos en economía. Al respecto, coinciden en que los programas sociales fueron la segunda causa de esta disminución, tal como lo enuncia también un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

En el informe Panorama Social de América Latina y el Caribe, 2024: desafíos de la protección social no contributiva para avanzar hacia el desarrollo social inclusivo, la Cepal dio a conocer que los programas sociales contribuyen a la reducción de la pobreza y la erradicación de las desigualdades. El estudio señala que los 12 países de la región que redujeron sus niveles de pobreza para el periodo 2021-2023, lo hicieron por dos razones: en primer lugar, el aumento en los salarios y, en segundo, las transferencias públicas “que incluyen programas estatales como las transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas, las ayudas de emergencia y las pensiones no contributivas”.

En el caso mexicano se puede ubicar como pensiones no contributivas a todos los programas sociales que impulsó el gobierno de López Obrador: Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores; Sembrando Vida; Jóvenes Construyendo el Futuro; Beca para el Bienestar Benito Juárez de Educación Básica; Beca Universal para el Bienestar Benito Juárez de Educación Media Superior; Beca para el Bienestar Benito Juárez de Educación Superior; Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad; Programa de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras; La Escuela es Nuestra; Producción para el Bienestar; Bienpesca; Tandas para el Bienestar; Fertilizantes para el Bienestar; Programa por Una Mejor Vivienda; Programa Nacional de Reconstrucción; Precios de Garantía.

Y a éstos, con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se suman como parte del plan de justicia social nuevos Programas del Bienestar: pensión a mujeres de 60 a 64 años de edad; beca universal Rita Cetina Gutiérrez a niños y niñas a nivel preescolar, primaria y secundaria; Salud Casa Por Casa y Farmacias del Bienestar. Otros ejemplos son los correspondientes a los planes de justicia para los pueblos originarios, y la redistribución del agua como garantía a un derecho humano.

A diferencia de lo que ocurrió en los gobiernos del PRIAN –de 1982 a noviembre de 2018–, con programas sociales (Solidaridad, Prospera, Proagro, Procampo), el doctor en economía por la Universidad de las Américas-Puebla, Pablo Corte Cruz, observa que ahora se tiene la finalidad de apoyar directamente a las familias.

En los gobiernos del PRI y del PAN, indica el experto, se trató de “apoyos asistencialistas” que en el fondo no buscaban la reducción de la pobreza. “Desgraciadamente programas como Oportunidades, Prospera o Progresa, cuando uno leía el término de combate a la pobreza, no hablaba de un término de generación de empleos, lo cual sí podría decirse que es una contradicción [porque] ¿cómo vas a combatir la pobreza si no estás generando empleos?”

Por ello, el doctor Corte Cruz considera que “si estos programas, por ejemplo, a los del campo, de combate a la pobreza, van incluidos procesos productivos, entonces estamos hablando ya de una situación de empleo en el mismo rubro agrícola, lo cual es muy importante”. En contraste, afirma que los Programas del Bienestar dirigidos al sector rural ­–Sembrando Vida; Producción para el Bienestar; Bienpesca; Tandas para el Bienestar; Fertilizantes para el Bienestar; Precios de Garantía– han demostrado que funcionan para combatir la pobreza y generar recursos a sus beneficiarios.

Reducción de la pobreza

Las políticas públicas que propone el llamado humanismo mexicano van encaminadas a establecer un Estado de bienestar. Al respecto, el doctor en economía Moritz Cruz Blanco asegura que todos los programas sociales monetarios han tocado a gran parte de la población trabajadora, y esto ha redituado en beneficios monetarios para esos hogares, que hoy reciben algo de presupuesto que antes no recibían.

El gobierno de López Obrador estimó en su momento que la redistribución del ingreso a favor de los sectores más vulnerables –la materialización de la famosa frase: “por el bien de todos, primero los pobres”– alcanzó al 65 por ciento de los hogares mexicanos con algún programa social. De acuerdo con información de la Secretaría de Bienestar, “de 2019 a 2024, años del sexenio del presidente López Obrador, se habrá invertido la cifra histórica de 2.7 billones de pesos en programas destinados al bienestar de la gente”.

En la siguiente gráfica se muestra cómo ha ido aumentando el presupuesto asignado para los programas del Bienestar.

Para la economista Noemi Levy Orlik, a pesar de que el “tránsito a una política de bienestar fue muy criticado, sí se logró una reducción de la pobreza, de hecho, hace poco salió este dato del Banco Mundial de que 9 millones de mexicanos salieron de la pobreza, aunque la oposición dice que no se logró, bueno, que no se ha logrado transitar a este Estado del bienestar”.

El reporte al que hace referencia la doctora Levi Orlik fue realizado por el Banco Mundial y revela que, en 2018, habían 35.7 millones de personas en situación de pobreza, cifra que representa un 28.8 por ciento del total de la población mexicana estimada en 124 millones de habitantes hasta ese año; mientras que para 2024, el número de personas que vivían en la pobreza se redujo a 26.1 millones de habitantes, lo que representa un porcentaje del 20.2 por ciento de la población estimada en 129.4 millones para este año. Esos datos indican que hubo una reducción de 8.6 puntos porcentuales respecto al inicio del gobierno de López Obrador, y en números: 9.6 millones de mexicanos salieron de la pobreza, incluso a pesar de las crisis económicas globales originadas por la pandemia y la guerra Rusia-Ucrania.

Sectores vulnerables, eje rector de las políticas públicas

El doctor Moritz Cruz Blanco –investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM– considera que las políticas públicas no necesariamente están enfocadas en el combate a la pobreza, pero sí representan un apoyo a los sectores vulnerables. “Yo pensaría que no necesariamente los programas de Bienestar tienen el objetivo de abatir la pobreza. Yo creo que tienen el objetivo de redistribuir el ingreso, darle esa parte del ingreso que generalmente se le daba o se quedaban con ellos las empresas, por ejemplo, evadiendo impuestos o en los altos salarios del sector público –que eran finalmente ingresos que se generaban de la misma economía–. Eso a mí me parece, más bien, que es uno de los objetivos: redistribuir el ingreso”.

Por su parte, el economista Pablo Corte observa que, a pesar de los esfuerzos emprendidos por el gobierno, el fenómeno de la pobreza no se acabará. Ello, debido a que el propio sistema capitalista obliga a su existencia, es decir, este sistema de producción en sí mismo genera la concentración de la riqueza en pocas manos y propicia la enorme desigualdad.

En ese sentido, el doctor Corte Cruz critica la frase acuñada por algunos analistas: “el pobre es pobre porque quiere”. Al respecto, indica que “el discurso se muere solito y se muere solito por una sencilla razón: los dueños de las fábricas, ¿dónde van a agarrar la mano de obra? O los mismos empresarios, ¿están dispuestos a darle 40 horas a la semana, bien pagadas, como se debe su salario a los trabajadores?” Expone que es el mismo sector empresarial el que se opone a las 40 horas de trabajo, a las prestaciones sociales, el que construye mecanismos como el outsourcing precisamente con el pretexto de que baja sus productividades. “Bajo esos pretextos, ¿cómo quieren que se acabe la pobreza?”, cuestiona.

Lo mismo ocurre con el sector rural. Al respecto, el investigador Pablo Corte Cruz –que ha analizado los efectos de los apoyos monetarios para el campo– señala que, en el ámbito rural, es importante distinguir “las finalidades de los programas sociales, o sea, las metas reales que también son distintas”, porque los programas dedicados a esta área cambiaron de nombre durante sexenios del PRI y el PAN, pero siguieron una misma línea: “la finalidad de esos programas era más que nada alejar a la gente del mercado”.

Lo anterior, acusa el doctor Corte Cruz, se reflejó “cuando [Carlos Salinas de Gortari] da por finalizado el reparto agrario y se hacen las reformas del año 1992. Una de las reformas que se hacen es la de la compra-venta de terrenos a privados, a particulares. Entonces, esto hace que se busque capitalizar el campo, por un lado; pero también, por otro lado, alejar a los pequeños productores del mercado”.

Esta situación derivó en una mala planeación de los apoyos destinados al campo pues se tenía esa visión. “Es decir, si voy a generar el Procampo es para que las personas de escasos ingresos se alejen del mercado, como tal, se estén buscando alejar del mercado”, apunta el experto.

El doctor Corte Cruz también enfatiza la importancia del Plan México impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pues “hace 100 años el discurso del campo era a desarrollar el campo porque era la base del desarrollo industrial, creo que en la actualidad estamos regresando un tanto cuanto este discurso”.

Pero valora que para lograr un desarrollo industrial también hay que apostar por la integración con otros mercados, “hay otras salidas para el tratado de comercio T-MEC que tenemos que considerar, mirar hacia Centroamérica, observar que tenemos Sudamérica y también otras partes del mundo ¿Por qué apostarle todo a Estados Unidos?”.

Adicionalmente, el doctor Corte Cruz refiere que los beneficios económicos “por lo menos han mejorado en mayor medida los ingresos de los productores rurales y en cierta forma, la producción, aunque el aumento de la producción ha sido pequeña, sí está resultando ser significativa con el programa de Bienestar a diferencia de lo que ocurrió con Procampo”. Y subraya que Producción para el Bienestar, “heredero directo de Procampo y Proagro, “es un rescate de los programas de antes de la época de López Portillo que se mantenía esto”.

Pablo Corte Cruz agrega que los proyectos destinados al sector rural agrícola, deben ser enfocados en el pequeño y mediano productor, por ejemplo, en el caso de Sembrando Vida dirigido a los pequeños productores de maíz y frijol para sacar su mercancía al mercado a precios de garantía.

Jóvenes; el otro sector olvidado en la época neoliberal

De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), “las transferencias monetarias dirigidas a la niñez y la adolescencia son una de las herramientas más directas con las que cuentan los Estados para afrontar la pobreza monetaria en esta etapa del ciclo de vida”. Sin embargo, en los gobiernos neoliberales no sólo se criminalizó a los jóvenes, sino que no se les brindaron apoyos sociales.

En octubre de 2023, al acompañar al entonces  presidente Andrés Manuel López Obrador en la gira de Programas para el Bienestar en Chalco, la subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Quiahuitl Chávez Domínguez, informó que “en los últimos cinco sexenios, es decir, en 30 años, se destinaron solamente siete mil millones de pesos a la juventud; ahora, en lo que va del presente sexenio se han invertido ya 103 mil millones de pesos”. Ello, gracias al programa Jóvenes Construyendo El Futuro, diseñado para capacitar a personas de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan.

De acuerdo con el sexto informe de labores de la STPS, a partir de 2019 y hasta junio de 2024 se beneficiaron 2 millones 973 mil 449 jóvenes en todo el país. Un informe del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas “Ifigenia Martínez y Hernández” estimó que 60 por ciento de los beneficiarios de ese programa han logrado incorporarse al mercado laboral formal al concluir su capacitación.

“Creo que esa es una situación muy importante, apoyo al trabajo, apoyo a fomentar empleos que es una parte que se dejó de lado por más de tres décadas y yo creo que esa es una situación que debemos de considerar, yo creo que ahí marca una diferencia”, señala a Contralínea el doctor en economía Pablo Corte Cruz.

Además, proyecta que con una visión optimista y considerando que no se suspendiera la política de generar un estado de Bienestar, el doctor considera que se podrían obtener resultados favorables tanto para el campo como para el sector juvenil a partir del año 2028.

Programas sociales, visión de país

El modelo de nación que se impulsa en México desde noviembre de 2018, con programas sociales, tiene como antecedente el lanzamiento del primer programa de pensiones no contributivas en el año 2001, cuando Andrés Manuel López Obrador asumió la jefatura de gobierno del entonces Distrito Federal. Dicho programa consistía en una transferencia monetaria mensual para los adultos de 70 años de edad y más, a quienes como requisito para acceder al apoyo se les solicitaba acreditar una residencia mínima de tres años en la capital del país.

Luego de observar los resultados de esta iniciativa, cuando López Obrador llegó a la Presidencia de la República, en diciembre de 2018, decidió dar continuidad a dicho programa y elevarlo a rango federal bajo el nombre: Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, primero para personas de 68 años en adelante, y luego a partir de los 65 años. Desde entonces se ha visto un avance en la condición de vida de sus beneficiarios, reconoce la Cepal.

En el informe Panorama Social de América Latina y el Caribe, 2024: desafíos de la protección social no contributiva para avanzar hacia el desarrollo social inclusivo, el organismo enfatiza que estas transferencias a nivel América Latina y el Caribe representan un apoyo “fundamental” en la reducción de la pobreza para las personas en etapa de vejez.

Lo anterior, porque en los últimos 20 años la cobertura de los sistemas de pensiones no contributivos entre las personas de 65 años y más aumentó más de 27 puntos porcentuales lo que contribuyó a que en este periodo la pobreza para esta población se redujera 14.3 puntos porcentuales.

Por su parte, una revisión realizada por la Dirección de Servicios de Información y Análisis Especializados, perteneciente a la Cámara de Diputados, señala que desde 2019, la pensión universal a los adultos mayores ha reducido los niveles de pobreza en ese sector poblacional.

El documento apunta que, debido al aumento considerable en el monto de la pensión no contributiva para los adultos mayores, “el valor monetario de la prestación económica logró el objetivo de cubrir la totalidad del valor monetario de la canasta alimentaria del medio rural, es decir, superó la línea de pobreza extrema por ingreso”.

Lo anterior, según detalla el análisis, “significa que todos los adultos mayores beneficiarios dejaron de ser pobres extremos, porque la pensión no contributiva por sí misma, cubría el costo monetario de la canasta alimentaria, [sin embargo] para los adultos mayores que habitan en el medio urbano este objetivo se alcanzó hasta 2023”. Sobre este tema, el análisis de la Cepal apunta que es necesario que este tipo de políticas mantengan una continuidad y asegurar la integración de los sectores más vulnerables.

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