La responsabilidad de Felipe Calderón en los ataques que en su gobierno se han registrado en contra de comunicadores y medios de comunicación de todo el país, entre ellos Contralínea, son exhibidos por el relator para la Libertad de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas en el informe oficial de su visita a México, presentado a inicios de junio de 2011 ante la Asamblea General de ese organismo, en Ginebra, Suiza

Un presidente omiso en el país más mortífero del mundo para la prensa exhibe el informe que el relator para la Libertad de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Frank La Rue, integró luego de su visita a México, en 2010, en misión conjunta con la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El documento oficial expuesto por La Rue ante la Asamblea General de la ONU, su sede Ginebra.

El documento relata la actual situación de violencia e impunidad en el país ejemplificada por el hecho de que no ha sido resuelto ninguno de los 52 casos de periodistas asesinados ni los de 12 desaparecidos ocurridos de diciembre de 2006 a la fecha.

Además, da cuenta de los ataques a medios de comunicación que en el gobierno de Felipe Calderón han enfrentado el acoso judicial y veto publicitario como represalias por el ejercicio profesional independiente.

Documentado el caso de Contralínea como paradigma del uso discrecional que la administración de Calderón hace de la publicidad oficial como método de premio o castigo para los medios de comunicación, el representante de la ONU refiere:

“El gasto público en publicidad oficial es alto y tiende a incrementarse. Existen casos en que la publicidad oficial ha sido utilizada como mecanismo para presionar y premiar, castigar y privilegiar a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas”.

Por ello exhorta al Ejecutivo a “establecer criterios objetivos, claros y transparentes y no discriminatorios en la asignación de publicidad oficial para todos los niveles y órdenes de gobierno”.

Impunidad

De los asesinatos a la autocensura (por la que optan incontables comunicadores como método de protección), el informe que en los próximos días analizará la Asamblea General de la ONU muestra la aciaga realidad que  la prensa mexicana vive en el régimen calderonista, donde los medios de comunicación independientes y con líneas editoriales críticas son los principales blancos de los enemigos de la libertad de expresión.

Muchos de los ataques, dice el informe, provienen de funcionarios y entes del sector privado que en el clima de impunidad que priva en el país y ante la mínima crítica optan por atacar al mensajero.

Durante su misión a México, el relator se reunió con miembros de este semanario para documentar también el acoso judicial de contratistas del gobierno, encaminado a frenar el escrutinio público sobre irregularidades en sus contrataciones gubernamentales. La conclusión del relator de la ONU es que “estos hechos revelarían un intento de utilizar el sistema de procuración de justicia para hostigar y silenciar periodistas”.

“Los periodistas que investigan casos de corrupción o actuaciones indebidas no deben ser sujetos de acoso judicial u otro tipo de hostigamiento como represalia por su trabajo”, cita el informe.

A este respecto, considera el relator de la ONU que el Estado “no solamente está obligado a garantizar que sus agentes no comentan actos de violencia contra periodistas, sino también a prevenir razonablemente las agresiones provenientes de particulares. Tiene además la obligación de investigar, procesar, juzgar y, en su caso, sancionar a los autores de dicha violencia”.

Desdén por los derechos humanos

El representante de la ONU destaca además la falta de cumplimiento del gobierno de las recomendaciones que en materia de libertad de expresión ha emitido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). De 23 recomendaciones emitidas  entre 2005 y 2010, solamente seis fueron cumplidas totalmente por las autoridades responsables.

El relator Frank La Rue tuvo conocimiento de que la Recomendación 57/2009 que la CNDH emitió en contra de Petróleos Mexicanos por discriminación en materia publicitaria en contra de este semanario fue rechazada por el titular de la paraestatal, Juan José Suárez Coppel.

El no cumplir con las recomendaciones de la CNDH es para el relator de la ONU otro de los factores que fomentan la impunidad en los ataques contra la prensa.

Respecto al veto publicitario oficial en contra de Contralínea, determina el representante de la ONU que el Estado “tiene obligación de adoptar leyes que prohíban la asignación discriminatoria de la publicidad oficial”. Por ello, hace un llamado  a que se establezcan por ley criterios que deban utilizarse al momento de asignar la publicidad oficial, porque “aunque la Secretaría de Gobernación emite anualmente lineamientos públicos dirigidos a regular los procesos de comunicación social para ese año, estos lineamientos no definen procedimientos y criterios objetivos, claros, abiertos, transparentes y no discriminatorios para la contratación de la publicidad oficial”.

La falta de reglas claras, dice la ONU, “da lugar a una discrecionalidad excesiva y puede conducir a la arbitrariedad”.

Desde 2008, el relator Frank La Rue ha seguido paso a paso los agravios en contra de este semanario, documentados en diversas visitas a México. De manera oficial en su informe plantea las siguientes observaciones dirigidas al Estado mexicano:

“Las presiones directas o indirectas encaminadas a silenciar la labor informativa de los periodistas son incompatibles con la libertad de expresión, de acuerdo con el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

“La cobertura noticiosa de denuncias o la expresión de opiniones críticas sobre funcionarias y funcionarios se encuentran ampliamente protegidas por el derecho internacional de los derechos humanos.

“De acuerdo con los más altos estándares internacionales en materia de libertad de expresión, quienes ejercen una función pública tienen el deber de soportar un mayor nivel de crítica y cuestionamiento que el resto de la sociedad porque han asumido voluntariamente responsabilidades de carácter público.

“Continúan ejerciéndose acciones legales de carácter civil contra periodistas y medios de comunicación en un entorno jurídico carente de estándares diferenciados para evaluar la responsabilidad ulterior de quienes difunden información sobre asuntos de interés general o de crítica política.”

Reconocer la labor periodística

Concientizar que el problema de la violencia en contra de periodistas y comunicadores sociales “tiene efectos multiplicadores que impactan a los demás miembros de la profesión, generan zozobra y autocensura, privan al conjunto de la sociedad de su derecho fundamental a la información y desalientan la denuncia”, señala el relator de la ONU como una de las primeras medidas que el gobierno de Felipe Calderón está obligado a acatar según sus responsabilidades internacionales en materia de libertad de expresión.

Porque es la impunidad que caracteriza los crímenes contra periodistas y comunicadores sociales lo que alienta “de manera perversa la reproducción de este tipo de crímenes”. Por ello, el representante de la ONU le recomienda ponderar la valía de la labor periodística como medida indispensable para combatir los ataques contra los comunicadores.

Cita el documento:

“Una elemental pero a la vez eficaz medida de protección consiste en que las más altas autoridades del Estado reconozcan de manera constante, clara, pública y firme, la legitimidad y el valor de la labor periodística, aun cuando la información difundida pueda resultar crítica, inconveniente o inoportuna para los intereses gubernamentales. De igual forma, es preciso que dichas autoridades condenen de la manera más enérgica las agresiones cometidas contra periodistas y alienten a las autoridades competentes a actuar con la debida diligencia y celeridad en el esclarecimiento de los hechos y en la sanción de los responsables”.

El informe de La Rue se da a conocer apenas a unas semanas de que el pasado 3 de mayo, en el marco del Día Mundial de la Libertad de Expresión, la organización independiente Freedom House declarara que por primera vez en la historia del país, en el régimen calderonista, México perdió su libertad de expresión.

En materia de libertad de expresión, la ONU recomienda a Calderón:

• Establecer criterios objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios en la asignación de publicidad oficial para todos los niveles y órdenes de gobierno
• Derogar los tipos penales que criminalizan la expresión en los códigos penales estatales, así como no recurrir a otras figuras penales para reprimir el ejercicio legítimo de la libertad de expresión
• Derogar la Ley sobre Delitos de Imprenta de 1917. Garantizar que las y los periodistas no sean sometidos a acoso judicial u otro tipo de hostigamiento jurídico como represalia por su trabajo, estableciéndose estándares diferenciados para evaluar la responsabilidad civil ulterior e incluyendo el estándar de la real malicia y la estricta proporcionalidad y razonabilidad de las sanciones ulteriores
• Emitir la legislación reglamentaria del derecho de réplica de conformidad con el artículo 6 constitucional y los estándares internacionales
• Asegurarse que el ejercicio de la radiodifusión comunitaria no sea objeto de persecución penal

Asesinatos, impunidad oficial

Crímenes contra periodistas que permanecen en la impunidad, documentados en el informe oficial del relator para la Libertad de Expresión de la ONU:

• Héctor Félix Miranda

• Víctor Manuel Oropeza

• Rafael Villafuerte Aguilar

• Gregorio Rodríguez Hernández

• Bradley Will

• Amado Ramírez

• Teresa Bautista Merino

• Felicitas Martínez Sánchez

• Selene Hernández

• Armando Rodríguez Carreón

• Eliseo Barrón Hernández

• Valentín Valdés Espinosa

• José Luis Romero

• Jorge Ochoa Martínez

• Jorge Rábago Valdez

• Elvira Hernández Galeana

• Juan Francisco Rodríguez Ríos

• Hugo Alfredo Olivera

• Guillermo Alcaraz Trejo

• Marco Aurelio Martínez Tijerina

• María Esther Aguilar Cansimbe

Garantizar el derecho a la libertad de expresión en el marco del ejercicio legítimo de actos de protesta social