El periodista Jaime Avilés ganó la demanda por daño moral interpuesta por el empresario de la Plaza de Toros México, Rafael Herrerías Olea, al recibir el pasado 12 de septiembre un amparo definitivo para anular las sentencias adversas que en primera y segunda instancias dictó en su contra el Juez Trigésimo de lo civil en el Distrito Federal, Francisco Neri Rosales.
En marzo de 2012, el administrador de la Plaza de Toros México demandó al periodista —que firma bajo el seudónimo de Lumbrera Chico—, el pago indemnizatorio por el daño moral que dijo le causaron las crónicas taurinas publicadas en el diario La Jornada del 26 de diciembre de 2011 y del 12 de febrero de 2012. En la primera, se le imputó al empresario haber robado en Navidad a los dueños el derecho de apartado y la oferta de lidia y carteles, lo que ha desanimado la asistencia del público taurino, así como su efecto de favorecimiento para alejar la afición taurina y lograr la consolidación fiscal en beneficio de las empresas de Miguel Alemán Magnani.
La ausencia de ganado “adulto y sano, suplantado por novillos engordados con hormonas, carentes de fuerza y de bravura, que salen al ruedo medio muertos y sólo se prestan a la simulación en que incurren desde el empresario hasta las autoridades, ha terminado por estimular el creciente desprestigio de una tradición cultural con casi 500 años de antigüedad en América”, afirmó el periodista Jaime Avilés, quien escribe de toros bajo el seudónimo de Lumbrera Chico.
Los juicios se radicaron ante el Juzgado Trigésimo de lo Civil del Distrito Federal, bajo la titularidad del Juez Francisco Neri Rosales, quien dictó una sentencia fundada en una legislación civil derogada por la vigencia de la ley especial denominada Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen, para el Distrito Federal.
“Mi cliente fue condenado injusta e indebidamente, porque Herrerías invocó leyes que fueron derogadas hace años y que ya no tienen vigencia”, explicó el abogado José Arturo Ortiz Peña, un reconocido especialista en materia de daño moral, que llevó la defensa del crítico de toros.
El periodista, por conducto de su abogado, promovió dos apelaciones que se radicaron en la Primera y Segunda Salas Civiles del Tribunal Superior de Justicia, integradas por los Magistrados José Luis Castillo Lavín, ponente, Alicia Pérez de la Fuente y Martha Lucía Elizondo Téllez; así como por Víctor Rolando Díaz Ortiz, ponente, Rubén Loredo Abdalá y Dora Isela Solís Sandoval, quienes confirmaron en el fallo de apelación de las sentencias de primera instancia en todos sus términos.
Luego, Avilés promovió sendos juicios de amparo ante el Décimo Tercer Tribunal Colegiado y Tercer Tribunal Colegiado, ambos en materia Civil del Primer Circuito, del Poder Judicial de la Federación, los cuales repararon los “barbarismos” jurisdiccionales de las instancias del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, mediante 2 ejecutorias que destacaron la importancia del derecho humano a la libertad de prensa y su correlativo de libertad de información, que deben ser privilegiados frente al derecho a la honra de las personas con connotación social.
Existe la precepción entre la comunidad de litigantes en el Distrito Federal, de que desde que llegó Edgar Elías Azar, aumentó la corrupción y el precio de la justicia, de lo que constituye prueba irrefutable la constancia de la actuación judicial en el caso de Jaime Avilés Iturbe, circunstancia que implica un manejo político de intereses de grupos de privilegio en la aplicación parcial de la justicia; expresan en los corrillos del tribunal que Elías Azar “¡le quitó el velo a la esfinge de la justicia!”.
José Arturo Ortiz Peña, aseguró que el amparo definitivo otorgado al periodista “constituye un triunfo de la libertad de expresión, en beneficio del derecho a la información de todos los mexicanos. Ni los apellidos de alcurnia ni los intereses empresariales familiares de los viejos grupos políticos mexicanos pudieron atropellar la justicia en este caso”.
