Servidores públicos de los tres niveles de gobierno son los principales agresores a la libertad de prensa en México, señala un estudio del Centro de Periodismo y Ética Pública. El año que concluyó, entre los más aciagos para la prensa no sólo por el número de asesinatos (13), sino por los de amenazas, golpizas, detenciones ilegales y despojo de equipo. “El perfil de los agresores presenta una clara tendencia que apunta contra autoridades, sobre todo del ámbito municipal en el interior de la república”, advierte el Cepet
Elva Mendoza
El informe Situación de la libertad de expresión en México. Documento de trabajo 2009, elaborado por el Centro de Periodismo y Ética Pública (Cepet) señala que las agresiones, los crímenes y el hostigamiento contra periodistas son, en su mayoría, cometidos por funcionarios de los tres niveles de gobierno.
El documento del Cepet revela que “el perfil de los agresores presenta una clara tendencia que apunta contra autoridades, sobre todo del ámbito municipal en el interior de la república”.
En 2009 se registró un total de 140 hechos de violación a la libertad de expresión que involucraron, al menos, a 183 periodistas (13 de los cuales fueron asesinados) y 19 medios de información. También se registraron dos acciones generalizadas contra comunicadores. En uno de cada tres ataques, relata el documento, se encuentran involucrados elementos uniformados.
Las acciones más comunes son: violencia física, amenazas, detenciones ilegales, despojo de equipo y uso de las estructuras de gobierno para intimidar. “Las fuerzas de seguridad del Estado (Ejército, policías municipales, estatales y federales) se han convertido en el principal agresor de los comunicadores, además de obstáculo de la labor que éstos realizan”, indica el documento.
Para el Cepet, la violencia contra comunicadores se da, en general, fuera del contexto del narcotráfico. Los principales agresores son los cacicazgos locales que ven en peligro sus proyectos políticos personales o de grupo. El informe destaca el uso de ministerios públicos, juzgados locales y cuerpos de seguridad pública para limitar, amedrentar, violentar y extinguir la libertad de expresión y el trabajo periodístico.
Algunos agresores, relata el informe, han tomado la vía de los tribunales para hostigar a los periodistas y a los medios de información cuando éstos documentan actos ilícitos por parte de los servidores públicos. Bajo la figura de daño moral, los funcionarios han eludido el escrutinio público, inducen la autocensura, amedrentan y dañan a los periodistas, explica en el informe Eduardo Huchim, quien fue demandado por la magistrada Consuelo Villalobos Ortiz.
El acoso del que son víctimas los comunicadores también es ejercido por candidatos, principalmente en fase de campañas: “Simpatizantes, militantes partidistas, promotores del voto (…) partidos y aspirantes, ven en los periodistas a potenciales detractores de su causa, cuando no denunciantes de actividades ilegales”, explica el documento.
Durante la jornada electoral del 5 de julio se observaron acciones legales contra medios de comunicación. El Cepet documentó el acoso del que fue objeto El Universal por parte del Partido Acción Nacional en la campaña de Fernando Elizondo por la gubernatura de Nuevo León. Además, el candidato panista a la alcaldía de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández Garza, denunció al director de Reporte Índigo por la difusión del reportaje y el audio de una conversación, en la que el candidato acepta haberse reunido con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva y haber convenido con éste el control del municipio y el esquema de seguridad pública en esa “plaza” del país. Asimismo, el funcionario federal Miguel Ángel Jiménez Godínez, director general de la Lotería Nacional, buscó supuestamente sobornar al Grupo Editorial Megamedia, editora del Diario de Yucatán, para favorecer con publicidad a un candidato a la gubernatura de Campeche.
La impunidad
México ha sido considerado recientemente uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo: en 10 años, 60 reporteros han sido asesinados, y las autoridades actúan con demora y pasividad en la atención a las denuncias, lo que deriva en impunidad.
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas (Feadep), de la Procuraduría General de la República, continúa sin ofrecer resultados, avances concretos o datos de consignaciones sobre los casos de homicidio y desaparición forzada de periodistas, señala el informe del Cepet. Además, las sentencias contra presuntos asesinos exhiben anomalías procesales que presumen la fabricación de culpables.
Las autoridades imponen penas a individuos cuya responsabilidad es puesta en duda, tal como sucedió con Hiram Oliveros Ortiz, quien fue sentenciado el 3 de junio a 16 años de prisión por ser presuntamente copartícipe en el homicidio del director editorial del diario El mañana, de Nuevo Laredo, que junto con el supuesto asesino material, Mario Medina Vázquez, fue víctima de aislamiento y torturas para acusar a un tercero y declararse culpable.
El 24 de marzo, Genaro Vázquez Durán fue sentenciado a 38 años de prisión, aunque las “Brigadas de Insurgencia Revolucionaria” reconocieran mediante el comunicado del 8 de abril de 2007 haber ejecutado por “error” al periodista Amado Ramírez, corresponsal de Televisa Guerrero.
No obstante los riesgos, en agosto desapareció formalmente la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados, exhibiendo, denuncia el Cepet, que el interés por el tema es meramente coyuntural.
Este mismo organismo gubernamental decidió aprobar por unanimidad, el 2 de abril, un dictamen que establece que los delitos cometidos contra la libertad de expresión dejarán de ser competencia de las autoridades del fuero común para pasar al ámbito de los jueces federales. Dictamen que, señala el Cepet, el Senado de la República ha optado por omitir.
El informe cita a Frank La Rue, relator para la Libertad de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas, quien en su visita a México, durante julio de 2009, señaló que “ningún Estado puede argumentar el desorden público, el caos o la debilidad en el tema de seguridad para no cumplir con su obligación de garantizar la libertad de expresión y proteger a los periodistas”.
Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación general 17 dirigida a los 31 gobernadores de los estados, al jefe de gobierno del Distrito Federal, al procurador general de la República y el procurador general de Justicia Militar, por negligencia e incumplimiento de las autoridades procuradoras de justicia, lo que ha permitido que los autores materiales e intelectuales de los ilícitos queden sin sanción penal, generando un clima de “impunidad institucionalizada”.
También emitió la recomendación 16/2009 dirigida a los gobernadores de Puebla y Quintana Roo por el caso Lydia Cacho, y la recomendación 052/2009 dirigida al secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, debido a que, en 2007, cuatro periodistas fueron detenidos, incomunicados y víctimas de tratos degradantes por parte de 17 elementos del Ejército Mexicano en Monclova, Coahuila.
Los estados más peligrosos para ejercer el periodismo en el país, de acuerdo con el Cepet, son: Oaxaca con 17 casos de agresión contra trabajadores de los medios informativos; Veracruz, con 15; Chihuahua, con 15; Distrito Federal, con nueve, y Tamaulipas, con siete.
Al respecto, el Cepet expresa que “existe en zonas enteras un riesgo constante por ser periodista. Grupos territoriales y violentos imponen un control sobre la información y disputan con las autoridades el derecho de exigir silencio o imponer una agenda, en una guerra en la que los únicos que pierden son los periodistas, sus familias y una sociedad que ve reducidas sus opciones de información”.
Mientras, el discurso de la administración federal en su “guerra” antinarcóticos presenta a los periodistas como adversarios, al no colaborar con esa estrategia y a deteriorar la imagen de México en el exterior. La memoria 2009 del Cepet especifica: “Es frecuente encontrar antecedentes de amenazas que tienen su origen en la crítica a la gestión gubernamental o a la publicación de datos sobre corrupción u opacidad en la administración de recursos públicos”.
