En México, es común que los tres niveles de gobierno contraten publicidad de manera discrecional y discriminatoria, sin criterios ni procedimientos claros, objetivos y transparentes, afirma en entrevista con Contralínea el doctor Ernesto Villanueva, autor del libro Publicidad oficial, transparencia y equidad.

 

Por ese motivo, diversas asociaciones civiles (Fundar, Asociación Mexicana de Derecho a la Información, Artículo 19, Open Society Foundations, entre otras) presentaron de la mano del senador Javier Corral –“con el apoyo de legisladores de todas la bancadas”, afirma el panista– el proyecto que buscará expedir la Ley Federal de Comunicación Gubernamental, esperada desde la reforma hecha en 2007 al Artículo 134 constitucional, pero detenida por los mismos medios, denuncian los expertos consultados.

 

La iniciativa –que consta de ocho capítulos y 64 artículos– busca establecer principios que cubran los vacíos legales en la “producción, asignación, distribución, contratación y contenidos de la comunicación gubernamental”, realizada a través de “cualquier medio” por parte de la “federación, los estados, los municipios y el Distrito Federal”.

 

Según el artículo 2 de dicha ley, la comunicación gubernamental deberá ser de interés público, que brinde información útil a la ciudadanía y no persiga un “fin distinto”, como enaltecer la imagen de los gobernantes; transparentar el proceso de contratación y garantizar el acceso a la información de los gastos ejercidos; también deberá existir tanto equidad en la distribución como pluralidad de medios, para evitar “beneficios o marginaciones” de acuerdo con las líneas editoriales afines o críticas de los mismos; el gasto deberá ser razonable conforme a la importancia de la campaña, la cual tendrá que ser clara, eficaz y eficiente, con “objetivos propuestos al menor costo posible”.

 

No es el primer intento de reglamentar las reformas al Artículo 134, explica Ana Cristina Ruelas, oficial adjunta de Acceso a la Información de Artículo 19, quien confía en la aprobación del proyecto a pesar de la presión ejercida anteriormente por los distintos dueños de medios de comunicación y la actual presencia de la telebancada más grande en la historia del Congreso de la Unión, así como la exclusión de Javier Corral de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado, presidida por Javier Lozano, señalado como “soldado de Televisa”.

 

Ruelas justifica su esperanza aduciendo que la iniciativa es una respuesta al aún fresco proceso electoral federal marcado por la participación de los grandes medios a favor de Enrique Peña Nieto, situación que acentuó la urgencia de una ley en materia de comunicación gubernamental: “En el contexto en el que estamos es una oportunidad para que pase a la agenda y se apruebe esta ley que es muy fuerte, pues reúne cada uno de los principios expuestos por la Organización de Estados Americanos (OEA)”, afirma.

 

Aleida Calleja, presidenta de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), no es tan optimista: “Antes, con o sin telebancada, de todas maneras las televisoras han sido capaces de doblegar a la clase política (…). Es muy posible que los políticos se arrodillen a las televisoras, y por miedo no hagan nada”. Para la especialista, los legisladores del Movimiento Progresista tienen la responsabilidad de apoyar la iniciativa: “Yo esperaría que la izquierda asumiera su responsabilidad”.

 

Los tres expertos coinciden en la necesidad de una “revisión importante en términos del sistema de medios”, que acote el “brutal e inmoral” gasto de recursos públicos que se va a unas cuantas manos –“la mayor parte a las arcas de las televisoras”– y la corrupción de los dueños que “tienen en la utilización de la información un negocio poco transparente”. Éste es el primer paso, consideran.

 

 

Al sentirse dueño del erario, el ya fallecido expresidente José López Portillo acuñó una frase que persiste como símbolo de poder: “No pago para que me peguen”.

 

Esa queja pinta la relación vigente entre gobiernos y medios en materia de comunicación y publicidad oficial en detrimento del derecho a la información de la sociedad, una interacción “perversa” de la que resulta una información acotada y acordada, “producto de negociaciones monetarias”, discurre Aleida Calleja.

 

La lógica gubernamental es sencilla, y la línea para beneficiar o sancionar no es difícil de dilucidar. Es el premio-castigo, la zanahoria y el garrote: el gobierno le da dinero por concepto de publicidad oficial a determinado medio si éste habla bien de él, pero si es crítico a su gestión no le da nada y conmina al sector privado a hacer lo mismo hasta que se porte bien, explica Ana Cristina Ruelas.

 

La restricción de la libertad de expresión por “vías o medios indirectos” está expresamente prohibida por distintos ordenamientos y organizaciones internacionales, entre ellas la Comisión y la Convención Interamericana de Derechos Humanos. La coacción es indirecta porque el silenciamiento se da por asfixia económica,  por un lento ahogo financiero, no con golpes brutales que llegan en forma de bombas o balazos. Métodos distintos pero igualmente efectivos en su tarea de acallar periodistas.

 

La falta de criterios para la asignación de publicidad oficial, la corrupción de los dueños de las empresas de medios y los precarios sueldos de los reporteros crean las condiciones perfectas para la opacidad-impunidad gubernamental, puesto que “son mejor pagados [los reporteros] si hablan bien de un funcionario público que si investigan”, subraya Ruelas. Y da el ejemplo –uno de cientos que ha documentado la organización no gubernamental– del caso de una joven periodista que recibe 15 pesos por nota publicada:

 

“Ella podía presentar cinco notas al día, pero si no convenían o no formaban parte de los intereses del medio con el gobierno solamente le pagan tres porque solamente iban a publicar tres”. La recién egresada terminó redactando notas que no golpearan al servidor público que pagaba al medio por publicidad. El alegato de su autocensura fue contundente: “Ya no puedo investigar porque lo que quiero es comer”.

 

Al depender del favor gubernamental, la veracidad de la información no se puede garantizar y, en consecuencia, el derecho a la información de la población se derrumba, pues sencillamente “los medios de comunicación orientan sus contenidos a favor o en contra de acuerdo con la persona que subsidia la publicidad”.

 

 

En México, la gente no compra periódicos, casi no lee. Ello ha provocado que en los estados la prensa obtenga hasta el 90 por ciento de sus ingresos de la publicidad oficial. “Ellos subsisten realmente por la publicidad gubernamental”, insiste la oficial de Artículo 19.

 

En temas espinosos o comprometedores para los servidores y sus socio-patrocinadores, los medios alineados al régimen controlan “la información con desinformación y servilismo a cambio de publicidad y sobornos a sus periodistas; y quitar de en medio a quienes no comulgan con sus ruedas de molino”, escribió el 5 de octubre pasado Álvaro Cepeda Neri en su columna Conjeturas, refiriéndose al proceso de los mexicanos detenidos en Nicaragua con 9 millones de dólares y restos de cocaína en camionetas con logotipos de Televisa.

 

Por los mismos motivos, muchos años antes de la propuesta encabezada por Javier Corral, el gobierno interino de Benito Juárez (1861) suprimió “en favor de la libertad de imprenta” el gasto en publicidad oficial, llamada entonces “fomento de periódicos”, “que envilecía al gobierno buscando aplausos y falseando la opinión del escritor que traficaba con su pluma y con su conciencia”.

 

No fue sino hasta 1992 que se emitieron los primeros “lineamientos” para la aplicación de recursos federales destinados a la publicidad y difusión, y en general a las actividades de comunicación social. No obstante, ni antes ni después se ha logrado establecer criterios para la asignación de recursos a los distintos medios de comunicación, los cuales han quedado a criterio de cada administración o de los compromisos firmados con los empresarios.

 

En la exposición de motivos se resume uno de los objetivos mayores de la iniciativa, el que lucha contra la corrupción periodística y la censura, la zanahoria y el garrote:

 

“El artículo 14 recupera una de las demandas históricas para transparentar la relación entre gobierno y medios de comunicación. Establece que queda prohibido el uso de comunicación gubernamental para ‘presionar, castigar, premiar o privilegiar a los comunicadores sociales o a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas’. También quedan prohibidos los ‘subsidios encubiertos que beneficien, directa o indirectamente a los medios de comunicación’ y las ‘donaciones o cualquier contratación a título gratuito que realicen los sujetos obligados a los medios de comunicación’”.

 

 

“Tú no vas a ver ni por error a la señora [Angela] Merkel [canciller de Alemania] o a [Francois] Hollande [presidente de Francia] anunciando que hicieron un puente”, pues las obligaciones se cumplen y ya, no se gastan carretadas de dinero público para recalcar que se está trabajando, apela Aleida Calleja. Ello refleja una visión distorsionada de la política y la rendición de cuentas, acentúa.

 

Los espacios y tiempos –oficiales y comprados– son desperdiciados en propaganda que no aporta nada a la ciudadanía. “La mayor parte de la publicidad oficial se va para generar imagen, no para ofrecer los servicios que dan las instituciones y que la población necesita”, dice la presidenta de la Amedi, organización no gubernamental que participó en la elaboración del proyecto.

 

Por su cuenta, Ana Cristina Ruelas expone que un ejemplo del mal uso de los recursos en comunicación es el hecho de que “en lugares alejados no tienen ni siquiera idea de que hay una campaña para hacer registro civil y [por ello] seguimos teniendo miles de personas sin actas de nacimiento”; sin embargo, cada año se enteran de las “hazañas” de sus gobernantes locales y estatales gracias a las millonarias campañas de difusión de informes de gobierno.

 

“De qué le sirve a un indígena saber que el Senado de la República aprobó 200 leyes; ¿de qué le sirve a un campesino en Veracruz que la CNDH [Comisión Nacional de Derechos Humanos] atiende 600 casos? Lo que necesita saber es cuál es la oferta para el campo, cuál es la oferta en términos de salud”, cuestiona Calleja.

 

 

En el caso de los medios electrónicos no sólo se resaltan figuras políticas y se deja de informar con spots inservibles “que causan repudio y cansancio en la población”, sino que se desperdician los tiempos oficiales que los concesionarios están obligados a otorgar al Estado, remarca Ernesto Villanueva. Éstos son abordados en el cuarto capítulo. El artículo 21 dicta la obligación de agotar los tiempos fiscales (oficiales) antes de contratar publicidad en radio y televisión.

 

Ése es uno de los puntos que más molestarán tanto a los concesionarios como a los gobernantes, pues los primeros siempre han pretendido que desaparezca este impuesto en especie que les “quita” tiempo comerciable, mientras que los segundos consideran a “los tiempos fiscales de radio y televisión como botín de guerra”, el cual está destinado para “ensalzar logros y no realmente para generar la información de la oferta institucional”, apunta Aleida Calleja.

 

En cuanto a la promoción personalizada, el artículo 13, fracción VIII, prohibiría “incluir la voz, imagen o cualquier otra referencia que identifique a funcionarios públicos o a partidos políticos”.

 

 

 

Siempre reflexivo, ceño fruncido, con saco sport o traje impecable, sentado entre muebles de maderas finas o dando pasos serenos en los pasillos y escaleras de Los Pinos, Felipe Calderón pronunciaba frases bíblicas en los spots difundidos con motivo de su último informe de gobierno. “Eso está estrictamente prohibido por la Constitución”, enfatiza el doctor Ernesto Villanueva. Se refiere al Artículo 134, que a la letra dice: “En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen la promoción personalizada de cualquier servidor público”.

 

La puerta de salida a la Constitución que cada año han encontrado los gobernantes de los tres niveles es el artículo 228, párrafo 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe): “Para los efectos de lo dispuesto por el párrafo séptimo del Artículo 134 de la Constitución, el informe anual de labores o gestión de los servidores públicos (…) no serán considerados como propaganda”.

 

Gracias a ese artículo del Cofipe, la población se ve saturada de imágenes de sus gobernadores, alcaldes y legisladores abrazando niños o saludando sonrientes a una multitud creada por computadora. Sin embargo, el equipo de comunicación del pasado gobierno federal encontró una laguna más para ensalzar la imagen de Felipe Calderón: los spots de despedida de las dependencias a su cargo.

 

 

Durante septiembre de 2012, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes difundió mensajes agradeciendo al “presidente la República” el apoyo “como nunca antes” a las artes y a la cultura. En ellos, bailarines y cineastas daban testimonio del éxito conseguido gracias a la entonces administración saliente. De acuerdo con el mismo artículo del Cofipe, la difusión de mensajes personalizados no debe exceder a “los 7 días anteriores y 5 posteriores a la fecha en que se rinda el informe”. Por lo menos la primera semana de octubre la dependencia seguía reconociendo los “favores” del último titular del Ejecutivo panista en clara transgresión a la ley.