El Centro de Periodismo y Ética Pública señala al poder público y a la delincuencia organizada como los principales agresores de los periodistas en México. Los trabajadores de los medios de comunicación se encuentran más vulnerables ante el incremento de la capacidad de fuego de las mafias.

En México, la escalada de violencia contra trabajadores de la prensa escrita y electrónica se tradujo en cinco asesinatos, una desaparición forzada, cuatro intentos de asesinato, dos encarcelamientos, 15 ataques a propiedad, tres allanamientos, seis detenciones arbitrarias, 12 agresiones físicas, 22 agresiones intimidatorias, 14 amenazas de muerte, 14 amagos de otra naturaleza y 12 casos de bloqueo comercial, durante 2008. Además, por tercera ocasión, un medio fue atacado con explosivos.

Esto ocurre en medio de la creciente violencia de la delincuencia organizada y del avance lento en las investigaciones que llevan las instituciones del Estado encargadas de procurar e impartir justicia, indica el informe Periodismo bajo la violencia del narcotráfico, 2008, del Centro de Periodismo y Ética Pública (Cepet).

Por su violencia, las agresiones contra periodistas en las que existen indicios de participación del narcotráfico constituyen una enorme amenaza para el ejercicio de la libertad de expresión en México. Sin embargo, el informe da cuenta de que “las fuerzas del orden y los funcionarios fueron los agresores más frecuentes y que Chihuahua se convirtió en el estado más violento para los periodistas”, explica Leonarda Reyes, directiva del Cepet.

Con el homicidio de cinco reporteros concluyó 2008. Todos habían recibido amenazas, lo que hace sospechar que el móvil fue su trabajo. En ese clima de acoso se manifiesta un efecto colateral de la extendida violencia que prevalece en todo el territorio nacional: la autocensura que se imponen periodistas y medios.

Esto significa, en la práctica, que los medios de comunicación sólo hacen pública la información sobre inseguridad “que no altere o que no pueda representar represalias en contra de los medios por su publicación”, indica Leonarda Reyes, quien es coautora de Los cuadernos de corrupción, que bosquejan cómo se manifiesta esa práctica a nivel global.

Al homicidio reiterado de periodistas se suman los ataques con explosivos contra medios de comunicación. En 2008 y por tercer año consecutivo persistió este tipo de ofensiva, cuyo primer blanco fue el diario El Mañana, en Nuevo Laredo, Tamaulipas; siguió El Debate, en Culiacán, Sinaloa, y El Diario, de Ciudad Juárez, que es también el medio más agredido (cinco ataques contra sus reporteros y fotógrafos).

Fuego cruzado

En ese escenario de amenazas cumplidas, intimidaciones y acoso, Chihuahua ocupa el primer lugar en agresiones, tanto en violencia como en número. Algunos reporteros, fotógrafos y camarógrafos trabajan con chalecos antibalas: el temor es constante, se trabaja bajo un alto grado de tensión.

En esa entidad, las agresiones provienen no solamente de los cárteles del narcotráfico, sino que, cita el informe del Cepet, “en realidad ahí los periodistas y los medios están en fuego cruzado”: entre los grupos que integran al crimen organizado, particularmente los narcotraficantes, y las fuerzas del orden.

La investigación del Centro de Periodismo y Ética Pública descubre que las agresiones contra los comunicadores “también se produjeron desde las filas de las policías, de las fuerzas militares y las fuerzas federales”.

De los ataques contra medios y periodistas que se produjeron en 2008, sólo 13 por ciento es atribuido a la delincuencia organizada. Las fuerzas del orden y los funcionarios resultaron los agresores más frecuentes, indica el estudio del Centro. Esos ataques se tradujeron en allanamientos a domicilios de reporteros, agresiones, intimidaciones, detenciones arbitrarias, así como golpes, bloqueos policiacos, entre otros.

Después de Chihuahua le siguen Oaxaca, Veracruz y el Distrito Federal como las ciudades en las que se manifestó más violencia contra medios y sus trabajadores.

La directora del Cepet estima que los partidos políticos deben asumir la responsabilidad moral sobre el comportamiento de sus gobernantes, por lo que el informe de ese centro identifica a qué instituto político pertenecen las autoridades, políticos o grupos que comenten más agravios contra periodistas.

La investigación revela que, en 2008, funcionarios relacionados con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) fueron quienes cometieron el mayor número de agresiones, con 44 por ciento; 35 por ciento, del Partido Acción Nacional (PAN), y 21 por ciento, del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Informar o callar

El Cepet sostiene la hipótesis de que la delincuencia organizada busca la manera de beneficiarse de la información que publican los medios. Para los grupos delictivos, “criterios periodísticos como la novedad, el impacto y la relevancia de la información, les sirven para tomar decisiones. Consideran que si las noticias conceden determinado espacio y cierto detalle a un caso en el que ellos actuaron, lo asumen como un acto antagónico o que el medio está a su favor”.

Durante la presentación del informe, el pasado 23 de enero, Leonarda Reyes explicó que “ésa es la lectura que le están dando”. Agregó que si “en el pasado los reporteros de policía tenían fuentes confiables que les filtraban información, hoy sabemos que estas fuentes ya no son tan confiables, pueden ser letales respecto de la información que manejan porque puede favorecer o perjudicar a alguno de los cárteles y eso puede ser muy grave”.

Por su parte, Ernesto Villanueva, especialista en derecho a la información, apunta que los integrantes del crimen organizado, particularmente los narcotraficantes, “no tienen en modo alguno la obligación de respetar la vida, la seguridad de los periodistas”; ellos son delincuentes y algunos de ellos prófugos de la ley. Esa tarea corresponde al Estado y por eso se creó, pues “tiene la misión fundamental de garantizar la convivencia pacífica y armónica de los seres humanos en sociedad y, por tanto, de garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y de información”.

Si no existen las condiciones materiales, “de nada sirve tener la garantía de libertad de expresión en los artículos 6 y 7 constitucionales” y ese derecho se convierte sólo en una figura retórica.

“Hemos visto el desbordamiento del Estado en el narcotráfico”, y ahí es cuando falta el periodista, que es una polea de transmisión entre fuentes públicas y privadas de información y la sociedad. La sociedad restringe su legítimo derecho a saber, una garantía constitucional, advierte Villanueva.

Para este catedrático del Instituto de Investigaciones Jurídicas, “los jueces no conocen la ley, no entienden su sentido”. Términos que constituyen normas internacionales como el de “malicia efectiva” o la diferencia entre personas públicas, derecho a la crítica de gobernantes, no se comprenden por jueces que, incluso, como ocurrió con una magistrada del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, “invocan normas que han sido derogadas”, lo que no sólo es lamentable, sino que el juez lo aceptara cuando no es derecho vigente.

Por ese entorno, resulta urgente socializar el tema con los jueces y evitar así “la suma de demandas que ponga en riesgo la estabilidad y la existencia de los medios, como en el caso de Contralínea –indica el investigador–, que podría enfrentar hasta 80 demandas simultáneas y provocar estrés, autocensura, inhibición y finalmente, la quiebra del medio independiente”.

Otro aspecto que enfatiza el informe de Cepet es el relativo a la publicidad pública, pues ésta funciona “como instrumento de control político donde no hay reglas claras de asignación publicitaria; esto significa discrecionalidad. Villanueva agrega que, generalmente, la asignación de las pautas publicitarias se da por razones de ventaja política, de identidad o como premio o castigo. Para evitar esa práctica, se deben buscar normas jurídicas que establezcan reglas transparentes y equitativas de acuerdo con los estándares internacionales para evitar que el presupuesto se utilice para fines privados o ajenos al interés público.

Muerte sin respuesta

Elena González, coordinadora del programa Libertad de Expresión y del informe Periodismo bajo la violencia del narcotráfico, explica que hubo casos en que los directivos de grandes medios, cuyos reporteros han sido víctimas de homicidios u otras agresiones, “nunca respondieron a mi solicitud de conocer su posición”.

Así ocurrió luego del asesinato de Alejandro Fonseca Estrada, presentador del programa de radio “El Padrino”, de Exa, en Villahermosa, Tabasco, cuyos dirigentes no dieron seguimiento a su crimen ni se manifestaron públicamente en su contra.

Reacción similar fue la de TV Azteca, cuando en agosto de 2008 las cabezas de varias personas fueron localizadas en el patio de esa empresa en Progreso, Yucatán. “Intenté comunicarme con ellos para saber su posición y nunca me quisieron dar nada, me mandaban de una persona a otra, de un teléfono a otro y finalmente se negaron a dar una opinión”, refiere.

Sin embargo, la explicación de los propietarios de medios sobre las amenazas cumplidas a sus trabajadores es diferente, indica Elena. En el caso de El Diario, de Juárez, donde trabajaba Armando Rodríguez, logró hablar con los directivos que sí conocían la agenda de trabajo del reportero y que a comienzos del año había recibido amenazas. “Me decían que dejó de publicar un tiempo y que procuraban cuidar los temas que él manejaba porque era muy inquieto”. (NE)

Propuestas sin eco

La violencia de la delincuencia organizada contra el periodismo no es reciente. En agosto de 2002, periodistas y propietarios de medios realizaron una jornada de trabajo en Tijuana, Baja California –que se tituló “Narcotráfico: periodistas bajo riesgo”–, para analizar la forma en que el narcotráfico comenzaba a afectar el trabajo de los comunicadores. Ahí, la Sociedad Interamericana de Prensa llegó a las siguientes conclusiones:

Los Estados están obligados a brindar garantías de seguridad al libre ejercicio periodístico, ya que sin libertad de prensa no puede existir la democracia. Por esa razón, los crímenes contra periodistas deben tipificarse como delitos federales, establecer el principio de no prescripción de los mismos, así como que las fiscalías especiales investiguen con mayor eficacia y celeridad los atentados cometidos contra periodistas y medios.

Además, como ya ocurrió en otros países, que se reformen los códigos procesales y penales para que se considere como circunstancia agravante todo crimen o agresión en perjuicio de periodistas. (NE)

Guerrero: sicarios asesinan a periodista

El 13 de febrero pasado fue asesinado en Iguala, Guerrero, el reportero gráfico Jean Paul Ibarra. El periodista trabajaba para el periódico guerrerense El Correo y cubría la fuente policiaca. Ibarra fue baleado cuando se dirigía a cubrir una información de un accidente automovilístico.

Los sicarios alcanzaron la motocicleta del fotorreportero y le dispararon en cinco ocasiones con una pistola calibre .45. Al momento de ser asesinado, Jean Paul Ibarra, de 33 años, viajaba con la reportera de Diario 21, Yenni Marchán, de 22 años, quien también recibió impactos de bala en las piernas.

Reporteros Sin Fronteras se declaró “horrorizada” por la muerte del fotógrafo.

El asesinato de Jean Paul Ibarra sería el número 46 que se comete contra periodistas de 2000 a la fecha, de acuerdo con el recuento efectuado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Además, en el país se mantienen ocho comunicadores en calidad de desaparecidos. (Redacción, con información de Reporteros sin Fronteras y EFE)