La Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada denunció que a 13 años de la desaparición forzada de los luchadores sociales Gabriel Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya –ocurrida el 25 de mayo de 2007–, el caso sigue impune.
En el gobierno mexicano, indicó, persiste la falta voluntad política para entregarlos con vida y brindar acceso a la verdad y justicia a las víctimas y a sus familias.
En un comunicado, la Campaña criticó que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no se ha realizado ninguna acción para presentarlos con vida; añadió que la pandemia de Covid-19 ha servido como pretexto para minimizar la situación de los desaparecidos.
Recalcó que en estos 13 años, los afectados sólo han recibido de manera reiterada la burla y la simulación de los distintos gobiernos. Por ello, indicó que la desaparición forzada de Gabriel y Edmundo son muestra palpable y fehaciente de la falta de voluntad de este gobierno para acabar con la impunidad y la práctica de este crimen de lesa humanidad.
Pues a pesar de contar con documentación que confirma el crimen que se cometió en contra de los luchadores sociales y de contar con una resolución jurídica de hace más de 6 años que ordena su búsqueda en cuarteles militares y la creación de una comisión especial [entre otros puntos], hasta ahora no se ha cumplido.
Los familiares tampoco han obtenido respuesta desde hace 4 meses de que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la atracción del caso.
Asimismo, la Campaña apuntó que la sentencia de amparo de 2014, ratificada en mayo de 2019, pone en discusión el papel del Ejército en la comisión de este crimen de Estado, y la necesidad de sentar bases para que éstos sean investigados y sancionados conforme al delito que han cometido; sin embargo, sólo han recibido la negativa por parte de las autoridades para aceptar la resolución.
Indicó que el gobierno de Obrador ha recibido formalmente toda la documentación del caso. Durante este último año, se le ha notificado de los últimos avances, y de la reciente petición a la SCJN para que atrajera el caso y no ha hecho nada para agilizar y garantizar el verdadero acceso a la justicia para las víctimas y darles castigo a los responsables materiales e intelectuales, así como a todos sus cómplices.
