La Fiscalía General de la República presentó –como parte de las pruebas en contra de Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex)– un avalúo del Indabin sobre la planta de Agro Nitrogenados, presuntamente adquirida mediante el pago de sobornos por parte del empresario Alonso Ancira, y copia del acta de la sesión extraordinaria 865 del Consejo de Administración de la petrolera [de la cual Contralínea ha dado cuenta https://bit.ly/30WuDvS ].
En el proceso judicial que encabeza el juez federal José Artemio Zuñiga Mendoza, la Fiscalía indicó que en aquella sesión del 17 de diciembre de 2013, Edgar Torres Garrido –entonces asesor ejecutivo de Lozoya– se dirigió a los consejero per también “hizo la presentación del tema ante los representantes de Agro Nitrogenados, filiales Agroquímicos, Agroseguridad, Asociados Minera del Norte, SA de CV, representadas por Alonso Ancira, las otras por Andrés González”.
La Fiscalía indicó que finalmente la transacción se llevó a cabo por 275 millones de dólares, que correspondió cubrir 264 millones de dólares por los activos y 11 millones de dólares por los inmuebles, que en su totalidad de los inmuebles fue de 380 millones de pesos.
No obstante, “de una visita del Indabin a la planta, dijo que llevaba inactiva 14 años, y se determina que requiere más inversión que el beneficio que daría. Sin embargo, el 26 agosto de 2015 PMI Holding autoriza un incremento a 285 millones de dólares, por lo que se pasó a la cantidad de 485 millones de dólares”.
La FGR agregó que PMI Norteamérica –una de las filiales privadas de Pemex que operan en paraísos fiscales– resaltó el deterioro y dijo que era peor a lo que presentaba la empresa, por lo que debía cambiarse el 60 por ciento de la maquinaría y luego, al evaluarse nuevamente, se determinó que era el 82 por ciento.
“También cuestionó la Auditoría el por qué no se revisó todo ese tipo de cuestiones sobre el por qué comprar algo inservible. El incremento a 285 millones de dólares llamó la atención de las filiales. Además de los 65 millones de dólares que cobraron por intereses de la deuda”.
La FGR determinó que se trató como si se comprara un recurso en marcha: Bos Company dijo que no servía esa empresa porque llevaba mucho tiempo sin funcionar; además, [se compró] sin valorar el costo de rehabilitación de los recursos: primero 200 millones de dólares por los inmuebles, y luego se añadieron los 285 millones de dólares para rehabilitación”.
