Buenos Aires, Argentina. Lo que al principio fue una pésima noticia para gran parte de la sociedad argentina, que  considera que el juicio y castigo a quienes violaron los derechos humanos durante la última dictadura militar (1976-1983) son una conquista democrática irrenunciable, se convirtió al cabo de una semana en un motivo de celebración.

Una inesperada sentencia firmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 3 de mayo en un caso concreto abrió la puerta para que cientos de militares y civiles condenados por delitos de lesa humanidad se beneficiaran con una reducción de sus condenas, que incluso les permitiría salir inmediatamente en libertad.

Sin embargo, la ola de rechazo que partió de los organismos de derechos humanos se extendió en los días siguientes por distintos sectores hasta cambiar el escenario político y jurídico. Con las novedades que se produjeron a ritmo de vértigo, ya no parece fácil que el criterio de la Corte se extienda a otros casos.

 “Ya está. En el sistema argentino las decisiones de la Corte Suprema no son obligatorias para los tribunales inferiores. Luego de la fuerte repulsa social y del pronunciamiento de todos los sectores políticos en contra de la liberación de represores, esto se termina con Muiña”, dijo a Inter Press Service (IPS) el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital, Jorge Rizzo.

Luis Muiña es un civil que participó en 1976 en secuestros y torturas, cuya condena a 13 años de prisión  fue dada por cumplida por la Corte, aunque sólo pasó 9 años preso.

El punto culminante de las amplias repercusiones en contra de la decisión del máximo tribunal del país se produjo exactamente una semana después.

El miércoles 10, el legislativo Congreso de la Nación sancionó al mediodía una ley ,por acuerdo de todos los sectores políticos, que establece que las posibilidades contempladas por la ley argentina para reducir penas no son aplicables a los autores de genocidio, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad.

Unas horas más tarde, cientos de miles de personas llenaron la emblemática Plaza de Mayo de Buenos Aires, como en las grandes concentraciones populares de la historia argentina.

Muchos llevaron pañuelos blancos, el símbolo que identifica a las Madres de Plaza de Mayo, quienes en abril conmemoraron 40 años de su primera marcha para reclamar por sus hijos desaparecidos.

El escenario exhibió  una gran pancarta con la leyenda: “Nunca más. Ningún genocida suelto”. Y la principal oradora de la multitudinaria concentración fue Estela de Carlotto, histórica presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, que ya recuperaron 122 de sus nietos, secuestrados por la dictadura y criados bajo una identidad falsa.

 “Como a los nazis les va a pasar; adonde vayan los iremos a buscar”, cantó Carlotto junto con una muchedumbre  estimada por los organizadores en 400 mil personas.

 “Afortunadamente, la sociedad ha reaccionado con firmeza”, celebró la dirigente, quien afirmó que la rápida actuación del Congreso “nos llena de esperanza y gratitud”.

En la movilización hubo un fuerte aroma en el aire de rechazo al gobierno de Mauricio Macri, a pesar de que este no participa en el expediente judicial. Muchos manifestantes llevaban pancartas que vinculaban al presidente  con la decisión de la Corte, relación que también estableció por Twitter la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), en viaje por Europa.

El gobierno tuvo una reacción algo confusa ante la sentencia de la Corte. En las primeras horas dejó la respuesta en cabeza exclusiva de quien, si bien es el responsable del área, es un funcionario de menor jerarquía: el secretario de Derecho Humanos, Claudio Avruj, quien tal vez con demasiada prudencia pidió ser “respetuosos del fallo”.

Sin embargo,  a medida que crecían las repercusiones negativas, pasó a rechazar la decisión a través de figuras más importantes hasta que, una vez sancionada la ley por el Congreso, fue el propio Macri quien felicitó a los legisladores y se mostró en contra “de cualquier herramienta que favorezca la impunidad y más cuando se quiere aplicar a delitos de lesa humanidad”.

El fallo de la Corte fue dividido, por tres votos contra dos. La mayoría fue compuesta por Elena Highton, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, los dos últimos incorporados al máximo tribunal el año pasado a propuesta de Macri.

Estos tres jueces consideraron que a Muiña le corresponde lo que en la Argentina se conoce como el beneficio del 2×1.

Se trata de una ley, que rigió hasta 2001, que consideraba doble cada día que una persona pasara en prisión preventiva. Esa norma fue puesta en vigencia en 1994, en busca de  dar una solución al problema de una enorme cantidad de presos que se eternizaban en las cárceles argentinas sin estar condenados.

Siete años más tarde la ley fue derogada porque se advirtió que fracasó en su objetivo de acelerar los procesos, pero los tres jueces de la Corte entendieron que siempre se debe aplicar en el Derecho Penal la ley más beneficiosa para el condenado, aun en casos de delitos de lesa humanidad.

 “La sentencia, técnicamente, va en contra del Derecho Internacional”, dijo Gastón Chillier, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una organización de derechos humanos que nació durante la dictadura.

“La ley sancionada rápidamente por el Congreso es consecuencia de la transversalidad de la reacción contra el fallo. A partir de ahora, el Poder Judicial tendría que ser muy autista para ignorar el rechazo que generó la sentencia”, agregó en diálogo con IPS.

Justamente uno de los fundadores del CELS, el abogado Marcelo Parrilli, presentó una denuncia penal contra los tres magistrados cuestionados por el delito de prevaricación, que es cometido por los jueces que toman decisiones contrarias al derecho a sabiendas.

Rápidamente, el fiscal federal Guillermo Marijuán consideró que hay elementos para iniciar una investigación judicial. Además, el bloque de diputados del Frente para la Victoria, que lidera la expresidenta Fernández, solicitó que Highton, Rosatti y Rosenkrantz sean sometidos a juicio político.

Pero no todo terminó allí porque un conocido abogado constitucionalista, Andrés Gil, pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ordene al Estado argentino que se abstenga de reducir las penas de los condenados por violaciones a los derechos humanos.

Gil dijo a IPS: “No recuerdo que el  Congreso haya reaccionado tan rápido ante una decisión judicial en la historia argentina. Y estoy convencido de que todo el Poder Judicial se va a rebelar contra esta decisión de la Corte”.

“Quienes firmaron esta sentencia no se dieron cuenta de que el juicio y castigo a los responsables de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura es un patrimonio que ya nos pertenece a los argentinos”, añadió.

Según datos de organizaciones humanitarias, la represión de la última dictadura militar dejó un total de 30 mil personas muertas y desaparecidas.

Daniel Gutman/Inter Press Service