Cercano a Grupo Atlacomulco y PRI, candidato a auditor superior

Cercano a Grupo Atlacomulco y PRI, candidato a auditor superior

Eduardo Gurza Curiel durante su toma de protesta como titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE / Cuartoscuro

Detrás de la postulación de Eduardo Gurza Curiel para obtener la titularidad de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se encuentra el Grupo Atlacomulco e integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), revela un perfil elaborado por los órganos de inteligencia del país.

Eduardo Gurza Curiel durante su toma de protesta como titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE / Cuartoscuro
Eduardo Gurza Curiel durante su toma de protesta como titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE / Cuartoscuro

Directamente es su amigo Alfredo del Mazo Maza, actual gobernador del Estado de México­­­, quien cabildea a su favor, refiere el análisis. La relación entre ambos se estrechó cuando trabajaron juntos en el Banco Nacional de Obras y Servicios, en 2013, indica.

Además de su amistad, en el abierto apoyo de Del Mazo operaría el llamado cobro de favores. Y es que Gurza Curiel es quien avaló los gastos de campaña y precampaña del PRI durante las pasadas elecciones en el Estado de México –al igual que en Coahuila–, donde el Partido y el propio Alfredo del Mazo fueron señalados por la oposición de rebasar, y por mucho, el tope permitido por la ley.

Como titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral –cargo que desempeña desde el 2 de marzo de 2015 hasta la fecha–, Gurza Curiel ha estado encargado de “revisar el origen, destino y aplicación de los recursos asignados a los actores políticos y agrupaciones políticas nacionales para comprobar que éstos sean utilizados conforme la normatividad aplicable en materia financiera y contable”, refiere el INE.

A este aspirante a dirigir el máximo órgano de fiscalización de México también lo apoyan otros priístas, entre los que destacan Carlos Iriarte Mercado, actual secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional del Partido, y su pariente político David Korenfeld, exdirector del Comisión Nacional del Agua.

Hija de Gurza, pieza clave

Según la ficha de los órganos de inteligencia, a la que Contralínea tuvo acceso, la hija de Eduardo Gurza Curiel –Alejandra Gurza Lorandi– ha sido pieza clave en estos apoyos a su aspiración.

Esposa de León Gálico Korenfeld, Gurza Lorandi es una política que además de ser legisladora por el PRI ha sido funcionaria de alto nivel en Conagua cuando David Korenfeld era el director (gerente de Redes de Observación y Telemática, gerente de Recursos Financieros y subdirectora General de Infraestructura Hidroagrícola).

El documento refiere que ella fue suplente de Iriarte Mercado cuando éste fue diputado Local en la LVII Legislatura del Congreso del Estado de México (2009-2012), y asumió la titularidad de esa diputación cuando Iriarte solicitó licencia el 30 de octubre de 2010 para ser designado como subsecretario de Gobierno del Estado de México.

Respecto de su marido, refiere que es sobrino de David Korenfeld, expresidente municipal de Huixquilucan, exsecretario del Agua y Obra Pública del gobierno del Estado de México, y extitular de la Conagua.

Además, indica, León Gálico Korenfeld colaboró en el ayuntamiento de Huixquilucan cuando fungía como Alcalde Carlos Iriarte, a quien relevó cuando éste solicitó licencia en ese cargo.

“Esta cercana relación de Eduardo Gurza con priístas mexiquenses motivó que su designación en marzo de 2015 como Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del IFE (hoy INE) fuera severamente cuestionada por los dirigentes y representantes de diversos partidos de oposición, quienes ponían y siguen poniendo en duda su objetividad al frente de esa área clave debido a estos vínculos”, señala el análisis.

 

 

Atribuciones de Gurza Curiel en el INE

 

  • Auditar con plena independencia técnica la documentación soporte, así como la contabilidad que presenten los partidos políticos y en su caso, candidaturas independientes en cada uno de los informes que están obligados a presentar.
  • Elaborar y someter a consideración de la Comisión de Fiscalización los proyectos de reglamento en materia de fiscalización y contabilidad, y los acuerdos que se requieran para el cumplimiento de sus funciones.
  • Vigilar que los recursos de los partidos tengan origen lícito y se apliquen exclusivamente para el cumplimiento de los objetivos de los partidos políticos.
  • Recibir y revisar los informes trimestrales, anuales, de precampaña y campaña, de los partidos políticos y sus candidatos.
  • Requerir información complementaria respecto de los diversos apartados de los informes de ingresos y egresos o documentación comprobatoria de cualquier otro aspecto vinculado a los mismos.
  • Proponer a la Comisión de Fiscalización la práctica, directa o a través de terceros, de auditorías a las finanzas de los partidos políticos.
  • Presentar a la Comisión de Fiscalización los informes de resultados, dictámenes consolidados y proyectos de resolución sobre las auditorías y verificaciones practicadas a los partidos políticos. En los informes se especificarán, en su caso, las irregularidades en que hubiesen incurrido los partidos políticos en la administración de sus recursos, el incumplimiento de la obligación de informar sobre su aplicación y propondrán las sanciones que procedan conforme a la normatividad aplicable.
  • Verificar las operaciones de los partidos políticos con los proveedores.
  • Junto con la Comisión de Fiscalización, ser responsable de los procedimientos de liquidación de los partidos políticos que pierdan su registro.
  • En la etapa de campaña, en caso de que así opte el partido político, pagar a través de una de las chequeras que se aperturará por cada tipo de campaña las obligaciones que contraigan los partidos políticos, ya sea de la totalidad de gastos o bien únicamente por lo que hace a la propaganda en vía pública.
  • Presentar a la Comisión de Fiscalización los proyectos de resolución respecto de las quejas y procedimientos en materia de fiscalización.
  • Fiscalizar y vigilar los ingresos y gastos de las organizaciones de ciudadanos que pretendan obtener registro como partido político, a partir del momento en que notifiquen de tal propósito al Instituto, en los términos establecidos en esta Ley y demás disposiciones aplicables.
  • Proporcionar a los partidos políticos la orientación, asesoría y capacitación necesarias para el cumplimiento de las obligaciones consignadas, cumpliendo con los criterios técnicos emitidos por la Comisión de Fiscalización.
  • Proponer a la Comisión de Fiscalización los lineamientos homogéneos de contabilidad que garanticen la publicidad y el acceso por medios electrónicos, en colaboración con las áreas del Instituto que se requieran para el desarrollo del sistema respectivo.
  • Proponer a la Comisión de Fiscalización los lineamientos que garanticen la máxima publicidad de los registros y movimientos contables, avisos previos de contratación y requerimientos de validación de contrataciones emitidos por la autoridad electoral.
  • Proponer a la Comisión de Fiscalización las sanciones a imponer de acuerdo a la gravedad de las faltas cometidas.
  • Auditar con plena independencia técnica la documentación soporte, así como la contabilidad que presenten los Partidos Políticos y en su caso, candidaturas independientes en cada uno de los informes que están obligados a presentar.
  • Elaborar y someter a consideración de la Comisión de Fiscalización los proyectos de reglamento en materia de fiscalización y contabilidad, y los acuerdos que se requieran para el cumplimiento de sus funciones.
  • Vigilar que los recursos de los partidos tengan origen lícito y se apliquen exclusivamente para el cumplimiento de sus objetivos.
  • Recibir y revisar los informes trimestrales, anuales, de precampaña y campaña, de los Partidos Políticos y sus candidatos.
  • Requerir información complementaria respecto de los diversos apartados de los informes de ingresos y egresos o documentación comprobatoria de cualquier otro aspecto vinculado a los mismos.
  • Proponer a la Comisión de Fiscalización la práctica, directa o a través de terceros, de auditorías a las finanzas de los Partidos Políticos.
  • Presentar a la Comisión de Fiscalización los informes de resultados, dictámenes consolidados y proyectos de resolución sobre las auditorías y verificaciones practicadas a los Partidos Políticos. En los informes se especificarán, en su caso, las irregularidades en que hubiesen incurrido los partidos políticos en la administración de sus recursos, el incumplimiento de la obligación de informar sobre su aplicación y propondrán las sanciones que procedan conforme a la normatividad aplicable.
  • Verificar las operaciones de los Partidos Políticos con los proveedores.
  • Junto con la Comisión de Fiscalización, ser responsable de los procedimientos de liquidación de los Partidos Políticos que pierdan su registro.
  • En la etapa de campaña, en caso de que así opte el partido político, pagar a través de una de las chequeras que se aperturará por cada tipo de campaña las obligaciones que contraigan los partidos políticos, ya sea de la totalidad de gastos o bien únicamente por lo que hace a la propaganda en vía pública.
  • Por conducto de la Dirección Jurídica solicitar información, para la sustanciación de procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización, referente a datos que los ciudadanos proporcionaron al Registro Federal de Electores de conformidad con lo establecido por el artículo 126 numeral 3 de la Ley Electoral.
  • Presentar a la Comisión de Fiscalización los proyectos de resolución respecto de las quejas y procedimientos en materia de fiscalización.
  • Fiscalizar y vigilar los ingresos y gastos de las organizaciones de ciudadanos que pretendan obtener registro como Partido Político, a partir del momento en que notifiquen de tal propósito al Instituto, en los términos establecidos en la Ley Electoral y demás disposiciones aplicables.
  • Proporcionar a los partidos políticos la orientación, asesoría y capacitación necesarias para el cumplimiento de las obligaciones consignadas, cumpliendo con los criterios técnicos emitidos por la Comisión de Fiscalización.
  • Proponer a la Comisión de Fiscalización los lineamientos homogéneos de contabilidad que garanticen la publicidad y el acceso por medios electrónicos, en colaboración con las áreas del Instituto que se requieran para el desarrollo del sistema respectivo.
  • Proponer a la Comisión de Fiscalización los lineamientos que garanticen la máxima publicidad de los registros y movimientos contables, avisos previos de contratación y requerimientos de validación de contrataciones emitidos por la autoridad electoral.
  • Proponer a la Comisión de Fiscalización las sanciones a imponer de acuerdo a la gravedad de las faltas cometidas.
  • Desarrollar los mecanismos aprobados por el Consejo para el funcionamiento del Sistema en Línea de Contabilidad.

 

Artículos 199 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 72 del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral.

 

 

Artículo

La prosperidad compartida y la clase trabajadora mexicana

Economía de clase: Frente a la ambigüedad del modelo neoliberal que clasifica a la sociedad por niveles de ingreso (clase alta, media y baja), la nueva economía política mexicana retoma el análisis de las relaciones de propiedad y el lugar en el sistema productivo. Al definir las clases sociales como grupos antagónicos determinados por su relación con los medios de producción, se busca empoderar intelectualmente a la clase trabajadora para insertarse en la toma de decisiones hacia una prosperidad compartida y superar la “moral universal” impuesta por el capital.

Saber más »
Destacada

Semarnat retira denuncia penal contra Grupo México por Río Sonora

A inicios de 2026, la Secretaría de Medio Ambiente federal retiró la denuncia penal contra el Grupo México por su presunta responsabilidad en el “peor desastre ambiental de la historia de la minería metálica en México”: el derrame tóxico de 40 mil metros de sulfato de cobre acidulado en el Río Sonora, ocurrido el 6 de agosto de 2014. Esto forma parte de los acuerdos a los que llegaron los secretarios Rosa Icela Rodríguez –de Gobernación– y Édgar Amador –de Hacienda– con la empresa de Germán Larrea –en la que también participa BlackRock–. Sólo así, Grupo México aceptó los términos del Plan de Justicia, que incluyen aportar un presupuesto de 1 mil 500 millones de pesos para remediar la zona y atender la salud de los afectados, así como terminar con la huelga en la mina de Cananea

Saber más »
Análisis

Litio, en el centro de la disputa global por el control de las cadenas de valor

Soberanía tecnológica: México enfrenta el desafío de transformar la nacionalización del litio en una palanca de desarrollo real. En medio de un arbitraje internacional con Ganfeng Lithium y la presión de EE. UU. por minerales críticos, la clave de la emancipación no reside en el aislamiento ni en la entrega, sino en la construcción de un “traje espacial”: autonomía tecnológica para procesar arcillas, formación de talento y esquemas de asociación donde el Estado retenga la rectoría y el valor agregado.

Saber más »
Artículo

Justicia económica para las y los trabajadores mexicanos

Justicia laboral en transición: La academia analiza el viraje del modelo mexicano, de la precarización neoliberal (1982-2018) hacia el Nuevo Modelo de Justicia Laboral iniciado en 2019. Con hitos como la prohibición del outsourcing, el aumento real del salario en un 116% y la regulación del reparto de utilidades, la “Cuarta Transformación” busca en 2026 consolidar la justicia económica mediante la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales.

Saber más »
Análisis

México y Cuba, hermandad más allá del bloqueo

Resistencia y soberanía energética: Cuba pierde diariamente más de 20.7 millones de dólares debido a un bloqueo que suma un costo histórico de 170 mil millones de dólares. En 2026, México reafirma su apoyo humanitario ante las nuevas amenazas de aranceles de EE. UU. a proveedores de crudo. Con una historia de cooperación que incluye la modernización de refinerías y asistencia técnica de Pemex, el Gobierno de México busca mecanismos para mantener el suministro de petróleo y medicinas sin comprometer la estabilidad comercial nacional.

Saber más »
Destacada

Comunidades indígenas en CDMX, testimonio de discriminación y segregación

Entre el folclore y la exclusión: comunidades indígenas protestan en el Zócalo de la CDMX contra el retiro de comerciantes y la gentrificación acelerada por el Mundial 2026. Mientras el gobierno local promueve la identidad nacional con arte público, artesanas triquis como Regina Ramírez denuncian que las políticas de “embellecimiento” urbano las condenan a la periferia y la precariedad.

Saber más »