La emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19 ha obligado a docentes y estudiantes a adoptar un modelo “educativo” a distancia, para el cual no estaban preparados: no existía un diseño previo ni materiales de los cuales se pudiera hacer uso, por lo que se tuvo que recurrir a las plataformas digitales para poder mantener las actividades académicas, dejando de lado la elaboración de materiales educativos reales que reconocieran la excepcionalidad de la realidad actual, señaló la doctora por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) María de la Luz Blanca Arriaga Lemus.

Durante la conferencia “La educación en la era postpandemia (condiciones para el regreso a clases)”, la investigadora señaló que la educación es uno de los sectores que ha sido golpeado mayormente por la pandemia; sin embargo, la crisis que está sufriendo no se debe a la emergencia sanitaria, sino a las políticas neoliberales que han mostrado su fracaso por más de tres décadas y que han impuesto un modelo de privatización para mercantilizar el derecho social a la educación.

Y recordó que la privatización de la educación no sólo significa la creación de más escuelas particulares, sino el control total de la educación pública, imponiendo planes de estudios, incidiendo en la formación de los docentes y cambiando el sentido de lo que eso significa, despojando a profesores de su procesos de formación y de trabajo.

Por ello es necesario que haya un estado presente, es decir, que lo público tiene que estar en el centro; de lo contrario, dijo, sucede lo que ha estado ocurriendo hasta ahora: un abandono total de la función social del Estado que ha cambiado la garantía de los derechos sociales a la lógica empresarial y mercantil.

Este proceso de privatización, continuó la investigadora de la UNAM, puede verse materializado en la imposición de leyes y la desarticulación de las disidencias que resisten a ellas, restricciones presupuestales, precarización de las condiciones del proceso de enseñanza-aprendizaje y bajos salarios.

En el caso de la educación superior –específicamente en el caso de la UNAM–, la doctora Arriaga Lemus comentó que se han impuesto programas productivistas por pago por desempeño y programas discriminatorios. Ejemplo de ello es el Programa Incorporación de Jóvenes a la Docencia y la Investigación, en el cual solamente pueden ocupar plazas de manera discrecional los docentes que tengan doctorado y menos de 39 años de edad; en el caso de los hombres la edad límite es hasta los 36 años de edad.

Al respecto, aseguró que eso es “absurdo, cuando hay muchos profesores que se han empeñado para poder tener una preparación, obtener los grados y títulos y han entregado a la universidad 15 o 20 años, y no hay la posibilidad de acceder a una plaza de tiempo completo”.

Y agregó: “en las universidades particularmente tenemos que señalar que estamos sujetos a grupos de poder que dominan toda la educación superior, podríamos identificarlos, y que son ajenos al desarrollo de la educación misma de la universidad”.

Clases universitarias en línea

Respecto de las clases en línea, la doctora explicó que se había presionado en la UNAM para instalar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como el instrumento que permitiría modernizar la educación. Entpnces, lo único que hizo la pandemia fue acelerar el proceso, para el cual la comunidad académica no tuvo ninguna preparación.

La Coalición Mundial para la Educación –creada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura–, dijo la investigadora, tiene como objetivo una coalición que elaborará una respuesta educativa ante la crisis de Covid-19 a nivel mundial, regional y nacional. Y “¿saben quiénes están ahí?”, preguntó. “Pues las empresas dueñas de todas las plataformas digitales”, como Zoom , Coursera, Facebook, Google, Amazon.

Por ello indicó: “no vamos a aceptar estar virtualidad como el destino de la educación. No dejaremos en manos de los grandes conglomerados el proceso educativo”.

La doctora Arriaga Lemus agregó: “no nos oponemos al uso de las tecnologías de la información y la comunicación, por supuesto que no, tenemos que aprovecharlas para beneficiar a la educación y a nuestra sociedad, pero no es suficiente tener acceso universal. Esto debería de ser como un derecho: todos deberían de tener acceso a internet, deberían de garantizarlo de manera gratuita; pero no es nada más esto, es pensar en la esencia de los procesos educativos y sociales”.