La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que está en el proceso de integración de los expedientes de tortura presentados por los detenidos del caso Iguala. Puntualizó que, una vez finalizado este proceso, podrá emitir las recomendaciones pertinentes.

Karen Carrillo

Esto ocurre dentro del contexto del informe final que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó hace unos días. En éste, los expertos señalan, con base en entrevistas y análisis de documentos médicos agregados al expediente de la Procuraduría General de la Republica (PGR), indicios de tortura y malos tratos durante la indagatoria hacia los detenidos.

El GIEI tomó una muestra de 17 detenidos, entre ellos: los cinco presuntos integrantes de Guerreros Unidos, acusados de ser los autores materiales del incendio en el basurero de Cocula; siete policías de Cocula y cuatro de iguala; además de Gilberto López Astudillo, presunto líder criminal.

La CNDH detalló, mediante un comunicado, que existen cuatro expedientes de queja por posible trato cruel y denigrante en la detención, 11 por posible detención arbitraria y 47 por posibles actos de tortura.

Para la integración de estos expedientes, el organismo informa que se han llevado a cabo diversas diligencias: formuló solicitudes de información a la PGR, a diversos Centros Federales de Readaptación Social (Cefereso) y a Juzgados Federales, a los cuales les solicitó “actuaciones relacionadas con las puestas a disposición y declaraciones de los detenidos, certificaciones médicas, opiniones de mecánica de lesiones, valoraciones psicológicas, material videográfico y expedientes penitenciarios”. Asimismo, señaló que en algunos casos las instituciones agotaron el tiempo reglamentado para responder a las solicitudes.

Explicó que peritos médicos y peritos psicólogos del organismo cumplieron, en apego con el Protocolo de Estambul, con la valoración clínica y la evaluación psicométrica de todos los implicados frente al visitador responsable de la integración del caso.

La CNDH diseñó una estrategia de trabajo para el análisis de los expedientes “basada en la participación e intercambio de opiniones de un equipo pericial colegiado, que a la luz del conocimiento científico interdisciplinario busca el consenso en el estudio de las Opiniones Médicas y Psicológicas Especializadas, que posibilitará al Visitador Adjunto responsable del caso la integración jurídica de estos elementos”, explica el comunicado. Al concluir con esta etapa, el organismo podrá emitir las recomendaciones oportunas.

El informe final del GIEI, Ayotzinapa II, y el informe del 6 de septiembre de 2015, serán agregados al expediente de investigación de la CNDH. Esto con la finalidad de evaluar los archivos documentales y generar una correspondencia con sus propias investigaciones.

Además, el pasado 15 de marzo, el organismo solicitó formalmente al GIEI el acceso al archivo documental que generaron los expertos durante el desarrollo de sus investigaciones, incluyendo los que sustentan la vinculación con los casos de tortura. Hasta ahora no ha habido respuesta alguna por parte del grupo de expertos.

La CNDH acentúo que más de 20 observaciones y propuestas que emitió al gobierno federal empatan con las sugerencias que el GIEI dictaminó. Esto se especifica en el documento “Estado de la Investigación del ‘Caso Iguala’”, emitido el 23 de julio de 2015, en cual presumen de haber encontrado 15 coincidencias, y en el reporte que presentó el organismo el pasado 14 de abril.

La institución reconoció que la presencia de más organizaciones en la materia aporta a la defensa de los derechos humanos, pero ninguna “sustituye la alta encomienda constitucional que corresponde cumplir a la CNDH”. Señaló que le dará seguimiento a las observaciones formuladas por el grupo internacional.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Rupert Colville, manifestó la preocupación de la institución que representa porque ciertas líneas de investigación no se siguieran debido a las dificultades que enfrento el GIEI, entre estas: el papel de los militares y las autoridades implicadas en el caso.

Asimismo, llamó al gobierno a vigilar que se dé un seguimiento oportuno del informe presentado. Exhortó a Enrique Peña Nieto y a la PGR a explorar las nuevas líneas de investigación sugeridas por el grupo de expertos. “El caso de Iguala muestra el papel crucial que la cooperación internacional puede jugar para ayudar a los Estados a combatir la impunidad en casos de graves violaciones a los derechos humanos”.

Karen Carrillo