La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) señaló que el Poder Judicial mexicano violó las garantías al debido proceso en el juicio y sentencia contra Lorenzo Sánchez Berriozábal, Marco Antonio Pérez González y Dominga González Martínez, defensores indígenas de San Pedro Tlanixco condenados a 50 años de prisión.
El organismo internacional consideró que las violaciones al proceso pueden ser entendidas como criminalización de los defensores por proteger los recursos de su comunidad y expresó preocupación ante la presunta existencia de violaciones a sus derechos humanos.
Los tres presos (de un total de seis defensores encarcelados) fueron acusados de linchar y asesinar al empresario Isaac Basso, presidente de la Asociación de Floricultores de Villa Guerrero. Sin embargo, la ONU-DH analizó los expedientes del caso y señaló que en el proceso legal fue vulnerada la presunción de inocencia de los imputados pues se les responsabilizó de probar “fehacientemente” su inocencia.
Ninguno de los testigos de cargo estuvo presente en el momento de la muerte del empresario. Incluso existen declaraciones en que los testigos explican que se les instruyó señalar como culpables a personas específicas de la comunidad, reveló el organismo.
Llaman la atención acusaciones probadas falsas que buscaban incriminar a tres miembros más de la comunidad a pesar de que uno utilizaba silla de ruedas, otro no estaba presente y uno más ya había fallecido.
De acuerdo con la ONU-DH, la duración de la prisión preventiva fue desmedida, pues los defensores pasaron más de 10 años presos antes de recibir una sentencia de primera instancia. Además, la condena máxima impuesta a los seis presos evidencia la falta de individualización de las penas pues se les atribuye la misma responsabilidad sin distinciones.
“El impacto causado por ese proceso judicial repercute no sólo en las vidas de los defensores sino en toda la comunidad de Tlanixco, que perdió sus liderazgos y vio así altamente debilitada la defensa colectiva de sus derechos humanos”, señaló Jan Jarab, Representante en México del Alto Comisionado de la ONU.
En vísperas de una decisión de segunda instancia en el proceso de apelación de los tres presos, la ONU-DH señaló que es una “oportunidad única para que el Poder Judicial repare los derechos violados”. Se debe evaluar si la condición de defensores indígenas del agua motivó un abuso en la aplicación del sistema judicial, concluyó.
Alba Olea
