El Observatorio Ciudadano de Derechos de las Víctimas –dependiente de la organización Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos– denunció al Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por no adoptar medidas urgentes para mitigar los impactos de la crisis sanitaria por la Covid-19 sobre los derechos de más de 700 familiares de personas desaparecidas y/o localizadas sin vida en México.
Idheas –con el apoyo de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH)– presentó el informe con base en una encuesta contestada por 674 familiares de víctimas, provenientes de 19 entidades federativas, entre el 20 y 24 de mayo pasado.
Para la organización, la vulnerabilidad de los familiares ha aumentado por la pandemia, así como las situaciones preexistentes de precariedad y pobreza que padecen (particularmente mujeres, adultos mayores y discapacitados). Ello, consideró, ha generado que tengan mayor dificultad para comprar alimentos, pagar la renta o hipoteca de sus hogares o conseguir medicamentos.
Los encuestados pertenecen a uno o a varios grupos en situación de vulnerabilidad: 87.95 por ciento son mujeres, 26.56 por ciento son personas con discapacidad psicosocial, 14.84 por ciento personas adultas mayores, 7.27 por ciento personas en situación de desplazamiento forzado interno, y 1.78 por ciento personas indígenas.
En cuanto a la omisión del Estado mexicano, la organización aseguró que la mitad de los familiares encuestados reportaron dificultades para ser informadas sobre de la investigación de su caso (53.72 por ciento), para realizar acciones o participar en diligencias de búsqueda (50.32 por ciento) y para agendar reuniones con las autoridades para el seguimiento de su caso (49.19 por ciento).
A pesar de que las familias tienen acercamiento con las instituciones públicas, la mayoría no ha recibido apoyo desde el inicio de la crisis sanitaria (72.03 por ciento); por ello, consideraron que el apoyo brindado por las autoridades ha sido muy deficiente, siendo las peor calificadas las autoridades municipales (74.72 por ciento), seguidas de las autoridades federales (68.01 por ciento) y estatales (63.79 por ciento).
Idheas también detalló que sólo uno de cada cinco encuestados tenía un empleo formal antes de la crisis por la Covid-19; mientras que dos de cada cinco declararon trabajar en la economía informal y una de cada cinco no tenía empleo.
Asimismo, cuatro de cada 10 personas reportaron que su ingreso mensual antes de la pandemia era menor a 2 mil 699 pesos mexicanos. Con ello, el 72.33 por ciento de las personas encuestadas indicó una reducción total o parcial de sus ingresos económicos.
Ante el contexto, Idheas, el Observatorio Ciudadano de Derechos de las Víctimas y la FIDH exhortaron al Estado mexicano a priorizar la atención a las víctimas, así como a instrumentar una estrategia integral que permita cumplir, respetar, garantizar y proteger los derechos humanos de los familiares de personas desaparecidas y/o localizadas durante la crisis sanitaria y después de ella.
