El proceso de consulta indígena sobre la siembra de soya transgénica genéticamente modificada se lleva a cabo con graves violaciones a los principios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), denuncia la Misión de Observación (MO) de la Consulta al Pueblo Maya.
Las comunidades mayas de Campeche obtuvieron la sentencia a su favor que suspende el permiso para plantar soya transgénica en 8 de 11 municipios del estado. A pesar de esto, las autoridades no garantizaron que hubiera un ambiente de seguridad, libertad y un clima de confianza mutua en las sesiones observadas, informa la MO a través del Reporte de observación de la segunda sesión dela fase de “Acuerdos Previos” en los municipios de Hopelchén y Tenabo (30 de junio y 1 de julio), que fue presentado en conferencia de prensa.
En él se describen las faltas cometidas por las autoridades de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) para el adecuado desarrollo del proceso de consulta del que eran responsables. Por otro lado, el informe destaca que el visitador de la CNDH, Carlos Pimentel, no cumplió su labor como garante del proceso de consulta.
Rodrigo Llanes, del Colegio de Antropólogos de Yucatán, expresó en la conferencia la preocupación de la MO por la generación de conflictos dentro de las comunidades y la permisividad de las autoridades. Dijo que se observó que éstas proporcionaron información incorrecta sobre lo que es la consulta y ofrecieron asesoría a los productores de soya para que inicien un proceso legal que les permita sembrar soya transgénica.
A decir de Llanes, uno de los puntos más alarmantes es que algunos de los asistentes declararon que se siembra soya transgénica en sus municipios y que tienen semillas de la misma guardadas. Abundó que esto violenta el carácter previo de la consulta e incumple con la suspensión judicial.
Durante la segunda sesión de acuerdos previos a la consulta, llevada a cabo en los municipios de Hopelchén y Tenabo el 30 de junio y el 1 de julio, la MO observó que las autoridades permitieron la participación de ejidatarios y personas externas a favor de la siembra de soya transgénica sin dar previo aviso a los representantes de las comunidades mayas. Los observadores registraron que estas personas ocuparon la mayoría de la sede, insultaron y descalificaron a los representantes de la comunidad e incluso “amenazaron con cerrar el salón y no abrirlo hasta que las autoridades firmaran un acta en el que se autorizara la siembra de soya GM (genéticamente modificada)”, dice el reporte.
María Colín, representante legal de Greenpeace México, señaló que las plantaciones de soya transgénica afectan los derechos al trabajo y a un medio ambiente sano de las comunidades mayas. Además explicó que el ritmo en que se dé la consulta es muy importante debido a que la temporada de siembra de la soya comienza a finales de julio.
Edmundo del Pozo, de Fundar, manifestó que las autoridades han sido muy permisivas y que el proceso no se está dando de manera libre y sin presión, por lo que se vulneran las instituciones y formas de consulta de las comunidades mayas. Estas deberían darse a ritmo propio, de acuerdo a sus tradiciones. Dijo que se está coaccionando a las comunidades desde la consulta previa.
Respecto al derecho a la reparación del daño ocasionado por la siembra de soya transgénica, Colín abundó que la SCJN no lo incluye en su fallo, pero las comunidades han tenido repercusiones por el impacto a la salud, contaminación del suelo y el agua por glifosato; muerte de animales, entre ellos las colmenas de abejas; impacto económico; deforestación; desecación de aguadas; y que las semillas pueden llegar a reservas ecológicas.
Arantxa Su López
