Cuando las lenguas indígenas y la lengua de señas mexicana (LSM) son discriminadas –tanto en familias como en comunidades– frente al idioma desde donde se ejerce el poder [el español], se crean conflictos entre personas e instituciones, alertó Boris Fridman-Mintz, lingüista del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Ello, porque en México existe gran diversidad de lenguas indígenas y tipos de familias, por lo que no hay una única lengua nacional ni un tipo de familia.
Durante el conversatorio digital “Derechos lingüísticos de niñas, niños y adolescentes y sus barreras en la pandemia” –organizado por la Secretaría Ejecutiva el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) y la Dirección General de Asuntos Religiosos–, Gilberta Mendoza Salazar, integrante de la Asamblea Consultiva del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, alertó que las comunidades indígenas tienen graves dificultades y retrasos en su educación al tener docentes monolingües en español y alumnado que sólo habla su lengua materna original.
Por su parte, el presidente de la Coalición de las Personas Sordas, AC, Erik Álvaro Arellano Hernández, comentó que la situación lingüística de la comunidad con discapacidad auditiva debe abordarse con perspectiva de derechos humanos al igual que con pueblos originarios, ya que ambas comunidades usan lenguas equiparables.
En ese contexto, Boris Fridman-Mintz resaltó que las instituciones de gobierno pueden incidir positivamente si respetan las identidades de los pueblos para que accedan con dignidad al ejercicio de derechos en su propio lenguaje, en su caso a través de intérpretes en espacios públicos y privados.
Al respecto, Mendoza Salazar señaló que los juzgados deben contar con intérpretes de lenguas originarias cuando se requiera, ya que en muchas ocasiones las personas indígenas imputadas no comprenden lo que ocurre, vulnerando su derecho a entender, a que se les trate con dignidad, y a que tanto las y los jueces como su personal sean sensibles a esta situación, para no sufrir discriminación por su idioma, forma de vestir, color de piel o grado de educación.
De igual forma, Marina Fernández Pardo, coordinadora de preescolar del Instituto Pedagógico para Problemas del Lenguaje, IAP, alertó que se debe dar información a padres y madres de niñas y niños sordos de entre 0 y 7 años sobre la LSM, idioma natural que pueden adquirir para expresar su identidad, cognición y emociones para su comunicación plena.
“Es esencial reconocer el gran valor que tiene esta lengua para niñas, niños y adolescentes sordos, ya que es parte de su cultura e identidad, y les permite hacer todo, sólo que de una forma diferente de expresión en su educación y ejercicio de sus derechos”, explicó Fernández Pardo.
Finalmente, Arellano Hernández indicó que para que las instituciones y las personas respeten los derechos lingüísticos de la comunidad sorda se debe cambiar el estatus lingüístico que considera al español superior a la LSM, fortaleciendo así la conciencia, cultura y educación de la sociedad.
