México no pudo presentar avance alguno en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos desde 2014. En audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los representantes del Estado mexicano acudieron con las manos vacías. El comisionado Francisco Eguiguren incluso les conminó a proporcionar “respuestas concretas para salir aliviados de esta reunión, es decir, cuántos detenidos y procesados hay a la fecha y cuáles son los obstáculos que impiden encontrar a los estudiantes”.
Además, los comisionados de la CIDH exhortaron al Estado mexicano a que acepte el cronograma de diligencias y la declaratoria de intención de atención victimal presentada por la representación de las familias de los 43 normalistas desaparecidos, al considerarlas propuestas” muy respetuosas y atendibles”.
Este 2 de marzo se llevó a cabo la audiencia pública para evaluar las medidas cautelares 409/2014 emitidas por la CIDH y las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero. La audiencia tuvo ocasión en el marco del 167 periodo de sesiones realizado en Bogotá, Colombia.
La representación de las madres y padres de los 43 cuestionó al gobierno mexicano por la falta de resultados en las investigaciones y refirió que a 3 años no se sabe nada del paradero de los estudiantes. Aseguraron que el gobierno “se ha dedicado a administrar políticamente el caso”, negando su derecho legítimo de justicia.
Lamentaron que, con esta actitud deliberada, el Estado le apuesta al cansancio y el agotamiento físico de los padres y madres, como ocurrió con la señora Minerva Bello, madre del estudiante desaparecido, Everardo Rodríguez Bello, que falleció por un cáncer agravado por el estrés que le provocó la desaparición de su hijo. En su memoria y honor, los padres y madres de los 43 en la audiencia pidieron un minuto de silencio.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan expresó su preocupación “por los nulos avances de las investigaciones para dar con el paradero de los normalistas a 41 meses de una de las más graves violaciones de derechos humanos que convulsionó a nuestro país”.
Para la organización, que el Estado mexicano se niegue a actualizar el cronograma demuestra “no querer avanzar en las investigaciones y la búsqueda de los estudiantes desaparecidos”. Por el contrario, las autoridades mexicanas “parecen más empeñadas en proteger a los perpetradores y cuidar sus intereses políticos de cara a la contienda electoral”.
Zósimo Camacho
