Tlaxiaco, Oaxaca. Habitantes de la comunidad indígena de Santo Domingo Ixcatlán exigieron a las autoridades del Estado mexicano la aplicación de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde hace 11 años, tras la “masacre” en la que fueron asesinados el secretario de Bienes Comunales, Melesio Martínez Robles, y los comuneros Gustavo Castañeda Martínez e Inocencio Medina Bernabé.
La noche del 30 de abril de 2008, Melesio Martínez fue “descarnado” de la mitad de su cuerpo; Gustavo Castañeda, quemado vivo en el interior de su automóvil; Inocencio Medina, ejecutado de un balazo en la cabeza.
Ante estos hechos, la CIDH emitió las medidas bajo el folio MC-113-08, a favor de más de 170 indígenas mixtecos de la comunidad, en las que solicita al Estado mexicano:
1) Adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de 177 personas.
2) Concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y peticionarios.
3) Informe sobre las acciones adoptadas a fin de esclarecer judicialmente los hechos que justifican la adopción de medidas cautelares y remover los factores de riesgo.
En conferencia de prensa, los familiares indicaron que los atentados tuvieron origen en “una ambición desmedida” de la familia del expresidente municipal Freddy Eucario Morales Arias, quien supuestamente lideró el triple homicidio.
El conflicto, explicaron acompañados por abogados del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, se debe a una “pugna por la venta de tierras que ancestralmente pertenecen a los ixcatexos. Esto, dijeron, en colusión con funcionarios estatales y federales que sin previa consulta a la comunidad indígena pretenden ceder 1 mil 356 hectáreas, a la comunidad de Chalcatongo de Hidalgo, a cambio de varios millones de pesos”.
A pesar que las medidas cautelares se dictaron hace 11 años, los indígenas se encuentran desprotegidos y en grave riesgo de sufrir atentados similares a los ocurridos en 2008, denunciaron. Hasta ahora, ni el gobierno federal ni el local han cumplido las medidas que exigió la CIDH.
Érika Ramírez
