Los grupos armados que controlan territorios en los Altos de Chiapas lo hacen con la aquiescencia del Estado mexicano, documentan 48 organizaciones no gubernamentales. También señalan que el gobierno de Chiapas ha sido ineficaz respecto de la atención que requiere la emergencia humanitaria por desplazamientos masivos.
Como se recordará, 5 mil 23 indígenas de Chalchihuitán y 900 de Chenalhó fueron desplazados a fines de noviembre por grupos armados que reclaman como suyas las tierras que éstos poseen.
Para las organizaciones es de suma preocupación “el continuo riesgo a la vida, integridad y seguridad de la población de las comunidades de Chenalhó y Chalchihuitán, así como de las personas que transitan por la región”.
En Chiapas, las graves violaciones a derechos humanos en un contexto de violencia generalizada son responsabilidad del gobierno, señalan. En el área afectada, explican, es histórica la impunidad y la protección estatal a paramilitares.
Para las organizaciones, el gobierno “ha sido inoperante para disuadir las agresiones, y las instancias de impartición de justicia no han actuado. Por lo que esta situación escala en niveles de conflictividad en otras regiones”.
Lo peor es que, ante esta inacción gubernamental, “el estado de sitio a las comunidades de Chalchihuitán se mantiene y agrava como una forma de control de la población y el territorio, basado en infundir terror”.
A través de un comunicado, las 48 organizaciones acompañadas por el párroco Marcelo Pérez refieren que estos actos de terror cuentan “con la protección de la alcaldesa de Chenalhó, Rosa Pérez Pérez, y la omisión del gobierno de Chiapas”.
Agregan que la emergencia se acentúa con la amenaza de “actuar drásticamente en contra de los comuneros de Chalchihuitán, en caso de que el Tribunal Unitario Agrario no emita resolución definitiva a favor del municipio de Chenalhó, el día 15 de diciembre”.
Por ello, las organizaciones consideran que “la violación a los derechos a la vida, seguridad e integridad personal derivados de estos desplazamientos forzados es responsabilidad del Estado mexicano, al no haber resuelto de fondo el conflicto de límites territoriales (900 hectáreas) existentes entre los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, que inició desde 1973 con los trabajos de reconocimiento y titulación de los bienes comunales de ambos pueblos por parte de la extinta Secretaría de la Reforma Agraria (ahora Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano). Al realizar las mediciones, no se tomaron en cuenta los límites que ambos pueblos venían respetando: el río como límite natural”.
Para presionar a las autoridades mexicanas a resolver el conflicto, las organizaciones piden a las comunidades nacional e internacional que suscriban la acción urgente “Alto al fuego” (https://frayba.org.mx/alto-al-fuego-urgen-organizaciones-ante-emergencia-humanitaria/).
Entre los firmantes están: Coordinación del Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, AC; Movimiento en Defensa de La Tierra y el Territorio; Melel Xojobal, AC; Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas; Maderas del Pueblo del Sureste; Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes; y Red por los Derechos de la Infancia en México.
Nancy Flores
